Dos hechos recientes generaron polémica en el
ámbito educativo: la definición de Bullrich respecto de que el sistema “no
sirve más” y el operativo de evaluación Aprender. Hay un hilo conductor en
ellos, una visión común sobre el trabajo en las escuelas. Aquí, dos
especialistas desmenuzan sus significados.
Por Emilio Tenti Fanfani *
No me convencen los argumentos ofrecidos por las
autoridades para justificar este operativo. Estas son mis principales razones.
Si bien creo que es una obviedad decir que,
tanto en el ámbito público como privado, es necesario contar con información
confiable al momento de tomar decisiones, no considero que el Ministerio de
Educación no cuente con información sobre la distribución de los aprendizajes
en las instituciones educativas argentinas. Es más, considero que tanto las
evaluaciones de rendimiento escolar nacionales (Operativos Nacionales de
Evaluación), como los internacionales (PISA, Unesco y otros) han producido una
gran cantidad de datos y que estos que están subutilizados. Como me dijo una
vez un reconocido experto en estadística, siempre hay más información
disponible que capacidad para hacer un uso productivo y creativo de la misma. Por
lo tanto hay datos acerca de quiénes aprenden más y quienes menos, dónde (en
qué instituciones, territorios, temas) son más frecuentes los fracasos, etc.
como para desarrollar políticas de formación docente inicial y continua,
orientar recursos en el territorio y definir reglas adecuadas para regular el
sistema educativo nacional.
El gobierno afirma que la información producida
durante los últimos años por los ONE (Operativos Nacionales de Evaluación) no
es técnicamente confiable. Pero esta no es más que una opinión de funcionarios
políticos, que por supuesto se opone a la opinión de los funcionarios políticos
del gobierno anterior. Si se considera que hay dudas al respecto, hubiera sido
oportuno convocar a una comisión de expertos reconocidos en estadísticas y
evaluación educativa para que revisara los datos y pronunciara un dictamen
fundamentado acerca de su validez y confiabilidad. Esto es lo que se debería
haber hecho y no se hizo.
Por otro lado, si se quiere tener un diagnóstico
acerca del estado de los aprendizajes en el país no es necesario hacer
operativos censales. Simplemente porque se puede lograr ese objetivo de un modo
mucho más ágil y barato mediante una muestra. Se alega que el censo permitirá
“devolver” la información a los docentes para que puedan reorientar sus
prácticas en función de los problemas detectados. Pero cuando el docente reciba
la información sus alumnos ya han terminado la primaria o la secundaria. Es
útil reiterar que no se puede considerar a los docentes como simples usuarios
de evaluaciones hechas por otros. Evaluar está en su adn como profesional de la
educación. No hay promedio de rendimiento que provea mejor información que la
que puede tener un buen maestro acerca de sus alumnos. El promedio de
rendimiento en una prueba es como una fotografía lavada y en blanco y negro
acerca de lo que un alumno sabe, de sus dificultades y progresos en el
aprendizaje, etc. El buen docente evalúa sistemáticamente a sus alumnos. Decir
que “se le devolverá” a cada uno de ellos el resultado que obtuvieron sus
alumnos en la evaluación nacional es minimizar y despreciar el conocimiento que
él tiene de los alumnos con quienes convive en forma intensa y cotidiana
durante todo un año escolar. En síntesis, las evaluaciones nacionales deberían
tener como usuario privilegiado no a los docentes sino a quienes tienen que
tomar decisiones de política educativa a nivel nacional y provincial y a todos
aquellos que están interesados en conocer cómo se distribuyen los promedios de
rendimientos según el territorio, el tipo de establecimiento o las características
socioculturales de los alumnos.
Tampoco tiene sentido realizar evaluaciones con
una frecuencia anual. Los promedios de rendimiento escolar varían en el tiempo
largo y no son como los índices de precios o de inflación que lo hacen en el
tiempo corto de una semana o un mes. Es más, hasta sería sospechoso que lo
hicieran de un año a otro porque dependen de un conjunto complejo de factores
que actúan a lo largo de toda una trayectoria escolar y sobre los cuales se
puede actuar si se dispone de un tiempo largo, que se pude medir en períodos de
por los menos 3 o 5 años.
Por último, la evaluación del aprendizaje (al
igual que la evaluación en general) es un instrumento que puede tener usos
virtuosos (conocer los problemas para resolverlos mejor) o perversos, como por
ejemplo, institucionalizar jerarquías entre establecimientos, docentes,
territorios y formalizar diferencias, etiquetar, controlar, premiar y castigar,
fomentar la competencia, etc. Para evitar suspicacias es preciso generar
confianza. Nadie se deja tomar la fiebre por alguien en quien no confía o que
usa un termómetro inadecuado. Más allá de la creencia en las buenas intenciones
de los gobiernos, hubiera sido deseable poner en funcionamiento el Consejo
Nacional de Calidad de la Educación instituido por el artículo 98 de la Ley
Nacional de Educación vigente. Cabe recordar que el mismo está conformado por
“miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en
la materia, representantes de dicho Ministerio, del Consejo Federal de
Educación, del Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la
producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional”
(destacado por mí). La experiencia indica que las políticas públicas son más
legítimas y por lo tanto más eficaces cuando han sido elaboradas reconociendo y
escuchando la diversidad de puntos de vista que existen en las sociedades
complejas que deciden recorrer el camino de la democracia social y
participativa.
* Consultor de la OEI en la Universidad
Pedagógica de la provincia de Buenos Aires.
Fuente: Página 12