por Reynaldo Sietecase el 7 de octubre de 2016
No es nuevo. Muchas decisiones políticas nacen
del matrimonio entre una necesidad extendida y real de la población y una
especulación meramente electoral. En los últimos dos meses, varias de las
encuestas que circularon por la Casa Rosada revelaron una coincidencia: en la
provincia de Buenos Aires, en CABA, Rosario, Córdoba y otras ciudades del
interior, la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos. Se
ubica por encima de la inflación, el temor al desempleo y los casos de
corrupción. La sucesión de hechos violentos en el conurbano en los últimos días
hicieron el resto. El gobierno nacional accedió al pedido de la gobernadora
María Eugenia Vidal y mandará nuevos contingentes de fuerzas federales a
patrullar las calles y rutas de la provincia más poblada del país. La medida
funciona como un mero paliativo y revela la ausencia de un plan integral para
enfrentar la inseguridad.
La población que vive en los grandes centros
urbanos está sacudida por el delito y consternada por la impunidad. En general,
los ciudadanos no tienen confianza en la policía ni en la justicia. El paisaje
no puede ser peor: las condiciones sociales que viven amplios sectores son
graves (hay casi dos millones de indigentes según los últimos datos del INDEC);
el narcotráfico creció en complejidad y extensión territorial, cautiva a muchos
jóvenes que no estudian ni trabajan, a otros los mata; el aparato judicial es
ineficaz (sólo como ejemplo: esta semana la asociación de fiscales argumentó
que no se podrá cumplir con la flamante ley de Flagrancia porque no cuentan con
recursos humanos ni técnicos); las cárceles están superpobladas y las
condiciones de detención son paupérrimas, en su mayoría, no logran el objetivo
de la reinserción y hasta perfeccionan delincuentes. Y para colmo de males, la
fuerza diseñada para combatir la inseguridad está atravesada transversalmente
por la corrupción. Entre los casi dos mil relevados en estos primeros diez
meses, hay agentes pero también Jefes, comisarios de todos los rangos y más de
cien subcomisarios. Los buenos policías, que los hay, están desmoralizados, mal
entrenados y mal pagados. “Quién no entra en la joda, es un idiota y puede
sufrir graves consecuencias”, reconocen en el gobierno provincial.
En Buenos Aires viven más de quince millones de
personas. La Policía cuenta con 90 mil efectivos (16 mil son de las policías
locales). De ellos hay cinco mil bajo investigación. Cerca de dos mil ya fueron
relevados (entre ellos hay altos mandos). Pero hay otras curiosidades: once mil
agentes realizan tareas administrativas (hay un plan para reemplazarlos por
civiles) y más de cuatro mil con carpetas médicas. Es decir quince mil policías
que no realizan tareas directamente relacionadas a la seguridad.
La gobernadora Vidal está convencida de que sólo
adecentando y profesionalizando a la bonaerense se podrá bajar los altos
índices del delito. Tomó esa decisión no bien llegó al cargo. Por esa razón le dio
amplias facultades a la división de Asuntos Internos para que persiga a los
desleales y apartó a cientos de agentes sospechados; cortó las horas
adicionales (fuente de negociados de todo tipo) y otras cajas de recaudación
ilegal como la droga y el juego. El caso de la Comisaría 1ra de La Plata dónde
aparecieron sobres con plata y sus nombres correspondientes fue tan revelador
como los bolsos de López. Hasta dónde llegaba esa “cadena de la felicidad” es
materia de investigación judicial. La gobernadora también exigió la
presentación de declaraciones juradas a los principales miembros de la fuerza.
Según el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo la respuesta a estas medidas se
traduce en “zonas liberadas” para el delito y acciones de amedrentamiento a funcionarios
y policías honestos. Vale decir que María Eugenia Vidal se encuentra viviendo
en la Base Militar de Morón.
Justo en el momento más complejo de esta pelea
surgieron los primeros cortocircuitos con la titular de Seguridad a nivel
nacional, Patricia Bulrich. Vidal se hizo eco de un reclamo de media docena de
intendentes y comenzó a exigir que le enviaran fuerzas federales en un número
similar al que existía en el territorio bonaerense antes del triunfo de
Cambiemos. En un principio Bulrich había planteado que Gendarmería y Prefectura
volvieran a vigilar las fronteras y los puertos en lugar de “subsidiar” a la
policía. Esto terminó enojando a la “niña mimada” del Presidente. La Ministra
tuvo que retroceder. Viene de una sucesión de disputas. Denunció a Juan José
Gómez Centurión por amparar a contrabandistas, lo que originó su salida de la
Aduana y el polémico funcionario logró el respaldo de Elisa Carrió y del propio
presidente; se cruzó fuertemente con el gobernador de Santa Fe, Miguel
Lifchitz, al que le enrostró poca decisión para mejorar su policía y, aseguran,
mantiene diferencias metodológicas con su segundo, Eugenio Burzaco.
Mauricio Macri cortó por lo sano. Ante la
necesidad real y las consecuencias políticas que el incremento de la
inseguridad puede ocasionarle a las chances electorales de la coalición de
gobierno, ordenó mandar los agentes
federales a Buenos Aires. En rigor de verdad, ya hay cuatro mil y se sumarían
unos dos mil más. Con el envío de gendarmes de manera discrecional, el gobierno
retoma la estrategia de Sergio Berni, el ex factótum de la seguridad del
kirchnerismo. Los gendarmes no son superhombres, obvio que también cargan con
denuncias de malos tratos y corruptelas, pero se diferencias fácilmente de la
policía. Son proactivos (caminan, recorren y preguntan), son más eficaces y,
sobre todo, tienen menores vínculos con los delincuentes a los que deben
combatir. Es por eso que se convirtieron en la moneda de cambio de todos los
reclamos. Gobernadores, intendentes y ciudadanos los imploran.
Pero se trata de un recurso limitado. El
gobierno nacional tuvo que aclarar esta semana que sólo habrá para Buenos Aires
y Santa Fe. En total son 35.000 y originalmente deberían ocuparse sólo de las
fronteras. Pero con la lógica de los últimos años, los límites del país se
fueron acercando a la Capital. Para gendarmes y prefectos ahora las fronteras
también están en el conurbano, la zona sur de Rosario o Mar del Plata. Algo
queda claro. Otra vez se trata de un parche. O de cientos o miles de ellos,
depende de la cantidad disponible y la filiación del gobernador o intendente
que hace el reclamo. Más de 6.000 para Buenos Aires, sólo 400 para Santa Fe.
Pero hay más. Otro caso de necesidad real y
especulación electoral se registró en la Ciudad de Buenos Aires. Horacio
Rodríguez Larreta presentó el miércoles pasado la nueva policía porteña que
surge de la fusión de la Federal con la Metropolitana. Será una fuerza de unos
25 mil hombres que, según explicó el Jefe de Gobierno, estarán bien
capacitados, bien vestidos y bien pagados (un comisario ganará 60 mil pesos,
más del doble que un agente con el mismo cargo en la Provincia). Los colores
elegidos para la nueva fuerza son el cyan y el bordó. El anuncio es positivo
pero sorprendió por su premura: todavía no está aprobada la ley que terminará
de consolidar a la nueva entidad. Sin embargo, alguien pensó que a los
habitantes de CABA, que también se quejan masivamente por la inseguridad, no
les vendría nada mal un anticipo. En la ciudad hay menos asesinatos que en la
provincia de Buenos Aires o en Rosario pero miles de robos diarios alimentan el
descontento. El fenómeno de los motochorros, por ejemplo, es abrumador. En la
presentación de los nuevos uniformes, los patrulleros y las motos apareció un
helicóptero. La imagen era imponente. Poco después se supo que la máquina
voladora no era de la nueva policía sino del SAME y que había sido ploteada con
el logo oficial para la presentación.
El delito y el narcotráfico no distinguen entre
conservadores y progresistas a la hora de elegir a sus víctimas. Se ensañan con
los sectores más débiles de la sociedad pero tampoco discriminan a ningún
sector social. Darle batalla requiere inteligencia, coraje y honestidad.
Consensos democráticos, respeto por los derechos humanos y generosidad
política. También la comprensión cabal de que sin educación y contención social
será imposible bajar significativamente la violencia. No alcanza con acumular
agentes, movilizar gendarmes o prefectos. Tampoco armar actos para la foto. La
especulación electoral es un lastre que la dirigencia de todos los partidos
debería comprometerse a soltar. En todo caso, cuando corresponda, la población
premiará a quienes hayan contribuido a su tranquilidad y bienestar.