La Revolución "Libertadora" también a cusaba a Perón por asociación ilícita como el macrismo a Cristina

Las cosas se cuentan solas, sólo hay que saber mirar. (Francisco Pestanha)

Por Luis Botet.  

“Existe semiplena prueba de que funcionaba un comando estratégico integrado por el ex presidente Perón, su ex ministro Borlenghi, el secretario general de la CGT y las cabezas de las ramas femenina y masculina del Partido Peronista, cuyo comando decidía sobre las leyes necesarias para el mantenimiento del régimen depuesto y daban las órdenes de aprobación a los legisladores por intermedio de los jefes de bloque o las comisiones correspondientes.”

Perón, Juan Domingo y otros s/ traición y asociación ilícita.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1956

Y VISTOS: El presente sumario instruido contra Juan Domingo Perón y otros, por traición y asociación ilícita.

Y Considerando:

Iº) Que a fojas 1.366 y 1.331 se ha dictado la prisión preventiva de Héctor D. Lagraña, Ricardo O. Lorrenzón, Francisco Novellino, Manuel Anselmo García, Ramón Washington Tejada, Leandro R. Reynés, Saturnino S. Erro, Francisco D. Mendiondo, Ludovico Lavia, Lorenzo Soler, Silverio Pontieri, Ricardo Lareo, Pablo A. Ramella y John W. Cooke, por el delito de traición, consistente en la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo (artículo 20 de la Constitución –hoy 29-, y 227 del Código Penal).

A fojas 1.375, se dictó similar pronunciamiento contra Ramón Amancio Albariños, Pedro Villlareal, José Ángel Maestro, José Gobello, Juana Larrauri, María Rosa Calviño de Gómez, Antonio J. C. Deimundo, Enrique Osella Muñoz, Alberto L. Rocamora, Ezio Armando Carena, Eloy P. Camus, Héctor Lorenzo Lannes, Eduardo Pio Ruiz Villasuso, José Alonso, José Colomé Pérez, Juan Francisco Brizuela, Ángel Enrique Peralta, Pedro Ramón Otero, Francisco Isidoro Carrizo, Adolfo Lanfossi, Roberto Dominguez, Isaac Donaldo Moya, Carlos Arturo Juárez, Jesús Pablo Arias, Patrocinio Merlo, Hugo del Valle Chalup, Manuel Vicente Gómez, José Guillermo de Paolis, Pedro A. Ordoñez Pardal, Noé López, Bernardo Gago, Pedro Andrés Jose Gomis, Susana Correche de Novick, Josefa Miguel de Tabio, José Manuel Ulloa, António Hermida, Teodomiro de la Luz Agüero y Carlos Joaquin Dominguez, también por traición, emergente de haber conferido la suma del poder público al Poder Ejecutivo y consentido la concesión a éste de facultades extraordinarias.

Por último a fojas 1.374 se decretó igualmente la prisión preventiva de Héctor J. Cámpora, Oscar E. Albrieu, Antonio J. Benítez, Oscar R. Bidegain y José M. Argaña por el mismo delito de traición, configurada por la concesión al Poder Ejecutivo de facultades extraordinarias y suma del poder público.

Que tales distinciones obedecieron a la actuación en distintos períodos parlamentarios de los primeros y segundos y la permanencia en ambos períodos de los últimos.

II) Que en el estado actual del sumario se encuentran también reunidos prima facie a juicio del subscripto los extremos del artículo 366 del Código Procesal, por el delito de traición, (artículo 20 Constitución Nacional según el texto ordenado de la reforma vigente a la época del hecho –artículo 29 de la actualmente vigente- y 227 del Código Penal), respecto de Manuel Álvarez Pereyra, Domingo Bruno, Luis Cruz, Carlos A. Díaz, Ángel C. Estrada, Alejandro H. Leloir, Alfredo Machargo, Mauricio Scatamacchia y Luis Saporiti, por la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo al aprobar la ley de estado de guerra interno Nº 14.062; respecto de Elías Teodoro Amado, Blas Brisoli, Aimar A. Balbi, Delia Delfina Degliuomini de Parodi, Arturo R. Del Río, Luis D’Jorge, Juan António Ferrari, Expedito Fernández, Ana Carmen Macri, Miguel Musacchio, Adolfo Pallanza, Jorge S. Pellerano. Tito Vicente Pérez Otero, Luis Pericas, Manuel Félix Rodríguez, Alberto Teisaire y Otilia Villa Maciel de Cano, por haber conferido la suma del poder público al Poder Ejecutivo con la aprobación de las leyes y declaraciones promulgadas en el período en que actuaron, sobre los que fueron expresamente indagados y haber consentido durante todo su desempeño la concesión de las facultades extraordinarias de la referida ley de estado de guerra interno, al omitir derogarla no obstante el uso que de ella se hacía y su carácter eminentemente ocasional; respecto de Luis Atala, Alberto Durand, Alejandro Bautista Glavarini, Eduardo Julio Forteza, Abel Montes, Valerio Segundo Rouggier y Eduardo Rumbo, por la concesión de las facultades extraordinarias de la citada ley 14.062 y de la suma del poder público al Poder Ejecutivo, dada la actuación de todos ellos en ambos períodos parlamentarios, y respecto de Carlos Gro y Eduardo Mattia, no obstante lo dictaminado por el señor procurador fiscal a fojas 1.665, el subscrito encuentra su situación prima facie en la responsabilidad de haber consentido durante el período en que actualmente la vigencia de la ley de estado de guerra interno, que concedía facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.

III) Ampliadas las declaraciones indagatorias de los procesados con posterioridad al auto de fojas 775, surge en lo que se refiere a todos los legisladores mencionados en los pintos I y II y es corroborado por las restantes consecuencias del proceso, que los mismos han actuado en forma de absoluta sumisión y hasta en muchos casos en confesa situación de temor al ex presidente Perón y sus personeros, aprobando leyes bajo amenazas directas, leyendo como opiniones propias textos que se les entregaban ya redactados y con el agravante de que periódicamente recibían automóviles que significaban lisas y concretas entregas de sumas en efectivo, pues por lo general sólo debían firmar una transferencia para percibir determinados montos de dinero, sin ni siquiera ver tales vehículos.

Existe también semiplena prueba de que funcionaba un comando estratégico integrado por el ex presidente Perón, su ex ministro Borlenghi, el secretario general de la CGT y las cabezas de las ramas femenina y masculina del Partido Peronista, cuyo comando decidía sobre las leyes necesarias para el mantenimiento del régimen depuesto y daban las órdenes de aprobación a los legisladores por intermedio de los jefes de bloque o las comisiones correspondientes.

Estas circunstancias configuran prima facie la concertación de la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal, cuyas proyecciones, partiendo de la aprobación de esas leyes dirigidas al fin expuesto, se habrían pronunciado en todas las manifestaciones del vivir argentino, afectando la vida, el honor y los bienes no solo de los opuestos al peronismo, sino de la ciudadanía en general, sujeto pasivo de las consecuencias morales y materiales de la degradación psíquica y económica que esa acción dolosa significara, acción que trasunta de los numerosos procesos en trámite por los delitos de toda índole, cuya raíz proviene de la citada asociación y que resultan posibles en la mayor parte por la legislación dictada por los incriminados en el presente proceso.

IV) Que con respecto a José G. Espejo y Eduardo Vuletich, indagados a fojas 1.040 y fojas 977 y 983, oído el señor procurador fiscal a fojas 1.665, corresponde declararlos prima facie incursos por semiplena prueba en el delito de asociación ilícita, como integrantes del referido comando estratégico, organismo que repugna a nuestra Constitución republicanodemocrática y que, en lo que se refiere a los hechos que son motivo de estos autos, fue factor determinante.

V) Idéntica responsabilidad cabe para Juan Domingo Perón y Ángel Gabriel Borlenghi, dirigentes de la mencionada asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), debiendo agregarse respecto al primero su participación en el delito de traición por concesión al Poder Ejecutivo que desempeñaba, de facultades extraordinarias, primero y la suma del poder público después, como colegislador y beneficiario de esas sanciones legislativas (artículos 20, 70, 71 y 75 de la Constitución, según numeración vigente a la época de los hechos y 227 del Código Penal).

En consecuencia, al margen de la pertinente orden de captura, en cumplimiento de lo dispuesto a fojas 775 y conforme con el artículo 646 del Código Procesal, corresponde pedir a las repúblicas de Panamá y Cuba, respectivamente, la extradición de Juan Domingo Perón y Ángel Gabriel Borlenghi, determinándose expresamente para llenar el requisito del artículo 661, inciso 1º del mismo código, que dicha asociación se ha pronunciado para ambos a partir del 28 de septiembre de 1951, fecha de la ley 14.062, que declaró el estado de guerra interno, prosiguiendo ese delito en forma continuada hasta el día 23 de septiembre de 1955, fecha en que comenzó la caída del régimen encabezado durante todo este lapso por Perón y secundado por Borlenghi como ministro integrante del referido comando ilegal, hasta el 30 de junio del mismo año.

Por último, debe ser igualmente cumplido, conforme con el artículo 139 del Código Procesal, el requisito de la citación por edictos del prófugo.

En cuanto a la Convención de Montevideo sobre extradición (1933), no es aplicable al presente caso, por cuanto establece expresamente su artículo 19 que regirá para delitos posteriores al depósito de su ratificación. La República Argentina recién lo hizo el 19 de abril próximo pasado.

VI) En cuanto a Héctor Hugo De Pietro, indagado a fojas 1.024 y 1.062, su situación resulta ajena a este proceso, atenta la fecha de designación como secretario general de la CGT, por lo que corresponde desglosar las constancias vinculadas a sus dichos y formar proceso que correrá por cuerda separada.

VII) Existiendo informaciones de que los imputados Selfa Argumedo de Pedroza., Juana Alicia Espejo de Ramos, Ricardo César Guardo, Diego Luis Molinari, José Eduardo Picerno, Modesto Antonio Enrique Spachessi, Héctor Asor Blassi y Celina Rodríguez de Martinez Paiva, se encontrarían asilados en las embajadas de Haití, los cinco primeros; Brasil los dos siguientes, y Ecuador y Paraguay los dos últimos, respectivamente, declárese su procesamiento y detención por los delitos de traición y asociación ilícita (artículos 29 de la Constitución vigente y 227 y 210 del Código Penal), debiendo requerirse su entrega por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores en la forma de práctica.

Por todo lo expuesto resuelvo:

1º) Convertir en prisión preventiva la detención que sufren Elias Teodoro F. Amado, Luis Atala, Manuel Álvarez Pereyra, Blas Brisoli, Aimar A.Balbi, Domingo Bruno, Luis Cruz, Alberto Durand, Carlos A. Díaz, Delia Delfina Degliuomini de Parodi, Alberto R. Del Rio, Luis D’Jorge, Ángel C. Estrada, Juan Antonio Ferrari, Eduardo Julio Forteza, Expedito Fernández, Alejandro B. Giavarini, Carlos Gro, Alejandro H. Leloir, Alfredo F. Machargo, Abel Montes, Ana Carmen Macri, Miguel Musacchio, Eduardo Mattis, Adolfo Pallanza, Jorge S. Pellerano, Tito V. Pérez Otero, LuisPericas, Manuel Félix Rodriguez, Valerio S. Bouggier, Eduardo I. Rumbo, Mauricio A. Scatamacchia, Luis Saporitti, Alberto Teisaire y Otilia Villa Maciel de Cano, por los delitos de traición y asociación ilícita (artículos 366 del Código Procesal, 29 de la Constitución vigente y 227 y 210 del Código penal, debiendo trabarse embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de cien mil pesos moneda nacional para cada uno (artículo 411 del Código Procesal).

2º) Ampliar la prisión preventiva dictada contra Ramón Albariño, Teodomiro de la Luz Agüero, Oscar E. Albrieu, José Alonso M. Argaña, Jesús Pablo Arias, Antonio J. Benitez, Oscar R. Bidegain, Juan Francisco Brizuela, María Rosa Calviño de Gómez, Susana Correche, Héctor J. Cámpora, Eloy P. Camus, John William Cooke, Ezio Armando Carena, Francisco Isidoro Carrizo, Hugo del Valle Chalup, José Cuillermo de Paolis, Antonio J. C. Deimundo, Carlos Joaquín Dominguez, Roberto Domínguez, Saturnino Erro, Manuel García, Bernardo Gago, José Gobello, Manuel Vicente Gómez, Pedro A. J. Gomis, Antonio Hermida, Carlos Arturo Juárez, Juana Larrauri, Ricardo Octavio Lorenzón, Ricardo Lareo, Héctor D. Lagraña, Ludovico Lavia, Adolfo Lanfossi, Héctor L. Lannes, Noé López, F. Daniel Mendiondo, José Ángel Maestro, Patrocinio merlo, Isaac Donaldo Moya, Josefa Miguel de Tubio, Novellino Francisco Pedro A. Ordoñez Pardal, Enrique Osella Muñoz, Pedro Ramón Otero, Silverio Pontieri, Ángel Enrique Peralta, José C.Perez, Pablo A. Ramella, Edaurdo Pío Ruiz Villasuso, Leandro R. Reynés, Alberto L. Rocamora, Lorenzo Soler (h.), Ramón Washington Tejada, José Manuel Ulloa y Pedro Villareal, haciéndola extensiva del delito de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), y aumentándose el embargo ya ordenado en cincuenta mil pesos moneda nacional para cada uno.

3º) Decretar la prisión preventiva de José Gregorio Espejo y Eduardo Vuletich por el delito de asociación ilícita, debiendo trabarse embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional para cada uno (artículo 210 del Código Penal, y 366 y 411 del Código Procesal).

4º) Decretar el procedimiento y orden de detención contra Juan Domingo Perón y Ángel Gabriel Borlenghi, por los delitos de traición y asociación ilícita, el primero (artículo 29 de la Constitución vigente, y artículos 227 y 210 del Código Penal), y por asociación ilícita el segundo (artículo 210 del Código Penal), debiendo citárseles por edictos, cumplido lo cual y conforme con lo expresado en el considerando V, líbrense los exhortos de extradición en la forma de práctica.

5º) Decrétase el procesamiento y detención de Selfa Argumedo de Pedroza, Raúl Bustos Fierro, Héctor Asor Blassi, Juana Alicia Espejo de Ramos, Ricardo César Guardo, Celina Rodríguez de Martínez Paiva, Diego Luis Molinari, José Eduardo Picerno y Modesto Antonio Enrique Spachessi, por los delitos de traición y asociación ilícita (artículos 29 de la Constitución vigente y 227 y 210 del Código Penal), y oficiese al Ministerio de Justicia para que se requiera su entrega por las embajadas correspondientes –ver considerando VII-, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

6º) Desglosar las constancias de fojas 1.024/1.032, 1.062/1.081, 1.086/1.088, 1.097/1.102, 1.110, 1.112, 1.197/1.198, 1.207/1.208, 1221, 1.302, 1.514/1.515, 1.517/1.522, 1.687, 1.726 y 1.688 y testimoniar las de fojas 1.023 vuelta, 116, 1.132 vuelta, 1.376, 1.553, punto 3º y 1.725 vuelta, formándose proceso que tramitará por cuerda separada acumulando al presente, debiéndose dar entrada en el libro de causas.

Hágase saber, elevándose previamente y sin más este proceso a la excelentísima cámara, en la forma de estilo, atento a la solicitud de fojas 1.712. Dese cumplimiento a la ley 11.752 y líbrese el requerimiento del punto VII).

Luis Botet.

LOS BIENES MAL HABIDOS DEL GENERAL PERON SEGÚN LA DICTADURA

 

Tras el golpe militar de 1955 le confiscaron a Juan Perón todos los bienes y la misma dictadura se encargó de difundir la ‘Sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre los bienes mal habidos del dictador’.

Allí, con más odio político que fundamento legal, se afirmó que había pasado a tener ‘una fortuna cuantiosa’, que incluía nuevas propiedades, ’17 departamentos, acciones, depósitos bancarios, 1.250 plaquetas de oro y plata, 650 alhajas, 211 motocicletas, 19 autos, un avión, dos lanchas, 430 armas antiguas y 394 objetos de arte’, entre otros bienes que nunca se probaron.

Luego de 17 años de exilio, Perón volvió al país y, en 1973, el Congreso dispuso la restitución de sus pertenencias y el pago de una indemnización, mediante la ley 20.530.

La historia siempre pone las cosa en su lugar.

A veces antes de lo pensado.

Fuente: Nac&Pop

Justicia Cero

Por Luis Bruschtein

Cristina Kirchner tiene por lo menos ocho causas armadas en su contra como parte de la ofensiva del macrismo para impedir que el kirchnerismo vuelva a reconstruir su fuerza. El corazón de esa ofensiva está en la investigación de los contratos de obra pública. Pero por precaución, para evitar que la investigación afecte a las empresas ligadas al macrismo, como las de Calcaterra y Caputo, o a las contratistas históricas más poderosas, como Techint, la orden del gobierno de conservadores y radicales fue investigar solamente la obra pública que se realizó en la provincia de Santa Cruz, la única donde el principal contratista es la empresa de Lázaro Báez. Sobre esa piedra basal se apoya la certificación de la megacorrupción kirchnerista  que alegan el oficialismo y los grandes medios corporativos que lo respaldan. Con bastante eficiencia han podido instalar ese guión en el imaginario de un sector de la sociedad: la gran bestia ponzoñosa de la obvia corrupción “k”.

La causa sobre corrupción en la obra pública tendría que ser el corazón que diera vida a este monstruo inconmensurable y diabólico. Por eso tenían que ponerle una cifra que alimentara esas dimensiones míticas. En las 780 y pico de páginas de la argumentación del juez Julián Ercolini no hay cifras de ciertas ni de supuestas coimas ni de sobreprecios, ni de presupuestos injustificados. No existen esas cifras, y como tienen que ponerle alguna que sea inconcebible, que desborde cualquier fantasía, el juez inventó los diez mil millones de pesos, que sería el total de lo que insumieron las obras públicas que se le asignaron a Báez en Santa Cruz durante diez años.

Por lo general, en las provincias grandes están los grandes contratistas que disputan obras. En las más chicas, están las empresas menores y, en aquellas que, por las condiciones climáticas y geológicas extremas, como Santa Cruz, que exigen especificaciones técnicas más complicadas, por lo general hay un solo contratista especializado importante que para algunas obras que lo exceden suele asociarse con alguno de los más grandes.

Santa Cruz es una de las provincias con menos habitantes y con más extensión territorial y por lo tanto ha sido una de las más relegadas. A los gobiernos no les interesa desarrollar obras públicas costosas donde hay pocos votos. La excepción sería un gobierno de origen santacruceño como los del kirchnerismo. Que un gobierno de origen santacruceño le haya dedicado el diez por ciento de la obra pública a una provincia que tiene el once por ciento del territorio nacional, es casi una reparación histórica, un acto de patriotismo. En cambio al juez Ercolini le parece una prueba de corrupción. Y sobre esa acusación discurre el carrousel de cifras faraónicas captadas por la corrupción. Si eso es todo, si lo que dice el escrito es todo lo que han encontrado, entonces no tendría que haber acusación. 

La presunción de corrupción se basa en la cantidad de obras públicas que se hicieron en Santa Cruz en los doce años de kirchnerismo. Pero no se ha encontrado el dinero que involucró esa corrupción fenomenal. No existe ruta del dinero “k” porque hasta ahora ese dinero solamente existe en el discurso mediático y judicial. Periodistas del Grupo Clarín, financiados por los fondos buitre, viajaron a Panamá para encontrar cuentas offshore. Con semejante respaldo no encontraron nada allí ni en ningún otro paraíso fiscal europeo, norteamericano, británico, ni en las Seychelles ni en las Cayman. Hasta ahora nadie ha podido demostrar que el dinero “k” no sea lo que han declarado los “k”. Excavaron en la Patagonia y no encontraron pozos del tesoro ni sótanos atiborrados de billetes. El único dinero “k” estaba en cuentas declaradas en Argentina. Para algunos será mucho, para otros es poco, pero todo está declarado.

Columnistas de Clarín y algunos de La Nación calificaron el escrito acusatorio de Ercolini de “detallista” y “muy completo”. Salieron a disimular los agujeros. Un solo columnista de La Nación reconoció que el escrito por sí solo, ni esa causa por sí misma, alcanzaban para una condena, sino que era necesario visualizar las ocho causas como un todo. En la Justicia no existe nada parecido: se es culpable o inocente en una acusación concreta que se dirime en una causa. Y con esta acusación, por la cual fue procesada y embargada, Cristina Kirchner queda más limpia que antes, esta acusación elimina toda sospecha, ilumina a un fantasma que desaparece con la luz.

Las situaciones de Milagro Sala y Cristina Kirchner están calcadas. En vez de tener una sola causa fuerte cada una, como debería ser, tienen un montón de causas abiertas. La única razón que lo explica es la intención de persecución política, de desfile interminable y humillante por los tribunales con acusaciones de corrupción, magnicidios y traición a la patria. A Milagro ya la condenaron a tres años en suspenso por una tirada de huevos en la que no estuvo y la inhabilitaron tres años para dirigir movimientos sociales por un acampe pacífico. Las acusaciones contra Milagro Sala tienden a criminalizar la protesta social. Las acusaciones contra Cristina Kirchner buscan criminalizar decisiones políticas del Poder Ejecutivo. Hay un hilo de complicidad en la Justicia que involucra al oficialismo, a los grupos de poder económico y a los servicios de inteligencia. El oficialismo siempre fue consciente del control que podía ejercer sobre el Poder Judicial. No fue casual que dos de las primeras acciones de Cambiemos fueron copar el Consejo de la Magistratura con la ayuda del opoficialismo y tratar de meter por decreto a dos jueces en la Corte, lo mismo que hizo Gerardo Morales en Jujuy. La jueza María Servini de Cubría le dijo a Ambito Financiero que en 40 años de Poder Judicial nunca había sufrido tantas presiones como con este gobierno. El control total de la Magistratura por parte del oficialismo es una poderosa herramienta de presión. En todo caso esta semana hubo una seguidilla de fallos insólitos: la Corte no quiso intervenir en el escandaloso diferendo con los organismos internacionales por la detención ilegal de Milagro Sala y lo derivó a la cuestionada justicia jujeña dominada por Morales, y a su vez Casación reabrió la denuncia bizarra del fallecido fiscal Alberto Nisman que ya había sido rechazada en cinco instancias previas. “Se le exige demasiado a una denuncia” fue la excusa. “Demasiado” es que, por lo menos, tenga una prueba. Para Casación se puede acusar sin pruebas.

La ráfaga de causas abiertas contra Cristina Kirchner y otros dirigentes fue combinada con tácticas de extorsión y cooptación que buscaron dividir y aislar al kirchnerismo en un movimiento de pinzas que hizo ilusionar al massismo haciéndole creer que el macrismo lo veía como heredero del peronismo y sucesor natural de un gobierno macrista. En los hechos se produjo un primer efecto de dispersión en el Frente para la Victoria con algunas deserciones, el surgimiento de nuevos agrupamientos y un debate caótico. Se perdió el voto homogéneo en el parlamento y en algunos momentos parecía que se producirían rupturas y realineamientos importantes.

Pero la persecución judicial y el uso abiertamente extorsivo de ese control sobre jueces y fiscales generó finalmente un efecto contrario al que buscaban. Seguramente también influyeron las primeras encuestas en las que el massismo queda relegado al tercer lugar y Cristina Kirchner le saca más de diez puntos a Elisa Carrió. El tercer lugar de Massa fue competitivo en 2015, pero si no crece en las próximas elecciones  dejaría de ser una carta de triunfo para algunos caudillos del PJ que pudieran estar expectantes. Un nuevo tercer lugar condena a Sergio Massa a funcionar como furgón de cola de Cambiemos como hizo a lo largo de este año.

En el campo del peronismo y las agrupaciones kirchneristas, la conducción del PJ nacional, que de alguna manera incluye la posición de la mayoría de los gobernadores, expresó su solidaridad con Cristina Kirchner ante la avanzada judicial. La reunión del jueves del PJ bonaerense fue una señal más fuerte: se creó una conducción en la que están representados todos los sectores, incluso varios de los que se suponía ya migrando hacia el massismo. La declaración del plenario incluyó la solidaridad con Cristina Kirchner y con Milagro Sala. “No romper puentes” fue la consigna que circuló en el peor momento de la discusión. Quedaron varios heridos pero se frenó la tendencia a la dispersión que había provocado la derrota electoral. El reordenamiento del PJ con el kirchnerismo en su seno, y el recrudecimiento de la persecución judicial contra sus referentes son dos datos importantes del comienzo de un año electoral. 

Fuente: Página 12

Socio de los Macri pagará U$S 3.500 millones por sobornar autoridades para conseguir obra pública

Por Mariana Escalada & Agustin Ronconi

De 2007 a 2014 Odebrecht admitió haber pagado coimas a políticos y ejecutivos a cambio de contratos de obra pública. En Argentina Odebrecht, socio de la familia Macri a través de IECSA desde el año 2006, pagó 35 millones de dolares en sobornos.

En el año 2006 IECSA bajo el mando de Franco Macri, decidió asociarse a la brasilera Odebrecht conformando una UTE para la obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario en el tramo CABALLITO – LINIERS y la construcción de pasos a distinto nivel, vehiculares y peatonales, en el tramo LINIERS – MORENO de la línea SARMIENTO“, pero la empresa ya había hecho pie en Argentina en el año 1987 al adjudicar la construcción de la hidroeléctrica de Pichi-Picún-Leufú (PPL) en la Patagonia, la primera obra de Odebrecht en nuestro país. En 1993 la constructora consigió el primer contrato en régimen de concesión fuera de Brasil: el Acceso Oeste a Buenos Aires.

Dos días antes de que Macri anunciara el inicio de las obras del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, la empresa IECSA le anunció a la CNV (Comisión Nacional de Valores) que retiraba su empresa de la oferta pública, evitando de esta manera la obligación de presentar sus balances. En el último balance presentado a la CNV en diciembre de 2015 figuran vigentes los negocios conjuntos con la brasilera Odebrecht.

La facturación anual de IECSA ronda los USD 400 millones anuales y tiene alrededor de 3 mil empleados a quienes les retuvo los aportes de los meses de diciembre 2015 y marzo 2016 evadiendo al fisco por la suma de $ 8.653.861.

Si bien Macri declaró públicamente que otorgarle contratos a un familiar configuraría una irregularidad, luego anunció que “no se excluirá (de la obra pública) a conocidos del Presidente porque son argentinos“, pero la realidad es que no sólo no excluyó a los familiares argentinos sino que además fue más que generoso con su socio brasilero.

La sociedad entre Odebrecht y la familia Macri sigue vigente: desde que Macri asumió, Odebrecht y IECSA se han visto ampliamente beneficiadas por contratos millonarios de obra pública.

En el mes de enero Macri anunció junto al Gobernador de Córdoba Schiaretti la construcción de gasoductos por 9.000 millones para Iecsa, Odebrecht y Electroingeniería. En junio de este año el Poder Ejecutivo emitió el decreto 797/16 autorizando modificaciones en “la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros” por $ 100.000 millones. De ese monto $ 40.000 millones corresponden a obras que estarían terminadas en 2016, en los que se encuentra el soterramiento del Sarmiento estimado en $ 45.000 millones. Siguiendo las indicaciones de Laura “técnicamente no es delito” Alonso, Macri evitó firmar el decreto que beneficia a su primo y a Odebrecht y “delegó la firma” en la vicepresidenta Michetti, lo que “tecnicamente” podría configurar una asociación ilícita.

El Acuerdo

Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos para ganar más de 100 contratos en diferentes países entre los que se encuentra Argentina. La empresa llegó a una acuerdo declarándose culpable de haber cometido “actos ilícitos” ante el tribunal federal de Estados Unidos y comprometiéndose a pagar aproximadamente U$S 2.600 millones (más los U$S 957 millones a abonar por Braskem S.A., la química brasileña controlada por Petrobras y Odebrecht) , dinero que será dividido entre los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza, quienes declinaron hacer comentarios al respecto.

Este acuerdo revive el caso Siemens AG por sobornos transnacionales en el año 2008, donde en similar situación la empresa acordó un pago de U$S 1.600 millones a las autoridades de Estados Unidos y Alemania.

El ex presidente ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, fue sentenciado este año a 19 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y conspiración. 

Fuente: El Disenso

Las primeras condenas contra Milagro Sala, una amenaza a todo el país. Prepárense

La primera condena por un escrache en el que Milagro no participó y la prohibición de integrar organizaciones sociales reafirman la arbitrariedad de su detención señalada por la ONU y la OEA. Un mensaje intimidatorio a la sociedad, que Macrì potencia desde Neuquén. Equipamiento y doctrina israelíes de seguridad y blindados con neumáticos para el Ejército. Destrucción del activismo social jujeño y nuevos juicios contra CFK. Para Macrì el tema no es la economía sino la seguridad y el narcotráfico.

Por Horacio Verbitsky. Desde Jujuy

La lectura del veredicto comenzó con el sobreseimiento de Milagro Sala, Graciela López y Ramón Salvatierra porque la acción por amenazas al contador Gerardo Morales había prescripto, es decir que el Inquisidor y los fiscales habían dejado transcurrir más del máximo de la pena de dos años sin instar el avance de la causa. La fugaz algarabía de quienes no dominan el idioma judicialés se apagó cuando el secretario lector agregó que la acción por daños agravados no prescribía, pese a la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable invocada por las defensas, en una causa simple que se extendió por siete años. Y se convirtió en un murmullo de fastidio con la condena a tres años de prisión en suspenso por ese delito, que se habría cometido el 16 de octubre de 2009 con la rotura de siete vidrios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el lanzamiento de un número indeterminado de huevos sobre el entonces senador nacional y hoy gobernador jujeño.

Al día siguiente, Milagro Sala fue condenada en un denominado juicio contravencional por la protestas en la plaza Belgrano en demanda de respuesta a tres pedidos de audiencia a Morales. Ese fue el motivo inicial de su detención, definida como arbitraria por el órgano especializado de las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intervinieron a solicitud de la organización regional Andhes y de las sedes argentinas de Amnesty y del CELS. Ninguna de esas condenas ha variado el carácter arbitrario de su detención: Sala nunca estuvo privada de su libertad en la causa fallada el miércoles, ni lo estará ahora, porque la condena quedó en suspenso, sujeta a varias ofensivas condiciones, como realizar “trabajo comunitario no remunerado” en la organización confesional de beneficencia Caritas, que se financia con sisas a la colecta anual para los más pobres y depende del Episcopado Católico. El Grupo de Curas en Opción por los Pobres le reprochó al obispo jujeño Daniel Fernández su indiferencia ante la persecución a Milagro y la Tupac. Durante el alegato, el abogado de Morales Eduardo Vergara pavoneó su ignorancia al pretender que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable no figuraba en el código procesal, como si nunca hubiera oído hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de explicita jerarquía constitucional desde hace 22 años. Después del veredicto, informó exultante la novedad de fondo: la condena en suspenso se hará efectiva ante la próxima sentencia adversa, sin posibilidad de cumplimiento condicional. Misión cumplida.

El patrón

El contador Morales es protagonista y patrón excluyente de este proceso:

1. Denunció a Milagro pese a que nadie la vio ni la nombró en el lugar del escrache, ni a ella ni a miembros de su organización.

2. Se constituyó como querellante para ofrecer prueba y controlar el expediente,

3. Como vicepresidente de la Comisión de Acuerdos del Senado escogió a dos de los tres jueces del tribunal (Mario Héctor Juárez Almaraz y María Cataldi) en noviembre y diciembre de 2014, luego del sospechoso concurso 215. Uno de los jurados fue el juez Alberto Pravia, que debió renunciar para eludir el juicio político porque en el simultáneo concurso 245 de Paraná se descubrió que había anticipado los temas del concurso a uno de los candidatos. Juárez Almaraz quedó séptimo en el orden de mérito de Jujuy, pero la consejera de la magistratura Diana Conti consiguió ascenderlo al quinto, a pedido de la senadora Liliana Fellner. La muerte de un colega lo elevó al cuarto, Conti pidió que se repitiera su entrevista personal y pasó a integrar la lista complementaria. Así un laboralista llegó a sentarse en un Tribunal Penal que le queda demasiado holgado. Esta será una de las cosas de las que deberían hacerse cargo quienes entonan “Vamos a volver”. En este caso hablar de la justicia de Morales es una super simplificación: es el paternalismo oligárquico el que condena en Milagro Sala la subversión de todos los valores que su rostro político bifronte acata sin chistar. En octubre de 2009, Morales anunció que muchos dirigentes del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical “no estamos dispuestos a soportar lo que está pasando en Jujuy” con esa organización que llamó mafiosa y vinculada con la droga. Ese fue el programa para el que se ofreció como caudillo y que está cumpliendo con contante y sonante beneplácito del gobierno nacional. Una resolución firmada el jueves por De Prat-Gay, el mismo día de la inhabilitación de Milagro, concedió a Morales un préstamo por 3175 millones de pesos para cancelar los adelantos financieros que le transfirió en todo el año. Recién comenzará a pagarlo dentro de un año en cómodas cuotas trimestrales. Otras provincias recibieron asistencia, pero muy inferior.

4. Una semana después del escrache (no antes, como pretende) presentó el famoso pedido de informes en el que se quejó porque la Túpac Amaru instaló en la agenda pública provincial “la ley de reforma edilicia” y “es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos, en la práctica política”. Esa es la ley que permitió a las cooperativas participar en la obra pública, cosa que Morales está revirtiendo desde hace un año para volver a la primacía de la empresa privada con el nuevo programa Jujuy Habitat.

5. Designó como “juez contravencional” al funcionario de su gobierno Matías Ustarez Carrillo, quien el jueves sinceró el fondo de la cuestión: por el acampe de enero inhabilitó a Milagro para formar parte de personas jurídicas, asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas por los tres años que restan del mandato del actual gobernador y clausuró la sede central de la Túpac Amaru a la que Morales ya le había revocado la personería. Esa inhabilitación tan genérica y extensa no está contemplada en la ley contravencional que Morales puso en vigencia durante el acampe sin disimular el propósito de utilizarla contra la Túpac.

6. Designó al funcionario Rodolfo Rocamoso para que actuara como acusador. Del acampe participaron 24 organizaciones sociales y todas las decisiones se adoptaron en multitudinarias asambleas públicas. No obstante, las únicas juzgadas fueron Milagro Sala y la Túpac Amaru. Rocamoso lo justificó en que eran “las más conocidas y si se hubiera convocado a todas no se hubiera terminado nunca con este proceso”. Con quemar a una bruja, las demás se disciplinan y la humareda llega mucho más lejos de Jujuy.

7. Proveyó los únicos dos testigos de cargo en el juicio por la huevada, los llevó a declarar con su abogado Luciano Rivas y es el empleador a sueldo de uno de ellos en la gobernación, el iletrado Cochinillo Arellano.

8. Su compañera Cristina Chauque cobra de la intendencia radical de San Salvador, pero ella lo admitió al declarar. Otras cosas son las que oculta.

9. Morales reconoció que el Cochinillo fue contratado desde el 1º de julio de este año. Pero en realidad su empleo comenzó mucho antes. Según el blog El Disenso, de los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, Arellano informó en su muro de Facebook que desde 2014 trabaja a sueldo de la intendencia radical de San Salvador.

10. En septiembre de ese año, Chauque se quejaba en su muro de que los 5.000 pesos que ganaba por mes no “me alcansa tengo 5 hijos o les doy de comer o los bisto no alcanza!!!!! Como ellos roban a dos manos a ellos si les alcansa agan algo los hijos crecen y piden más”. Según el Banco Central en octubre de este año Chauque consumió 114.000 pesos con cuatro tarjetas de crédito. En vísperas de las elecciones de 2015 escribió en su muro (donde se identifica como Solange de los Ángeles) que Milagro “tiene miedo de hir en cana (…) se están robando todo el futuro de nuestros hijos ojalá gane morales y meta en cana a todos los corruptos y gatos jaja voten por morales vamos por el cambio” (sic).

Antes de ser devuelta a la fría cárcel de Alto Comedero, con diez kilos menos que cuando la detuvieron, Milagro Sala alcanzó a decir el jueves: “Están criminalizando la protesta. No me arrepiento de nada de lo que hice porque a los negros les devolví la dignidad y la autoestima”. Cuando más oscuro pintaba el panorama, por suerte apareció en la sala de audiencias Mario Moreno (el argentino, no el mexicano), quien tranquilizó a los entristecidos tupaqueros que entonaban “Vamos Milagro, no podemos caer/ los muchachos estamos de pie”. El autor de los mayores éxitos del kirchnerismo les trajo una solución muy sencilla que a nadie se le había ocurrido: “Les ganamos las elecciones, cambiamos el gobernador y el próximo la libera”. Su intención era afiliar a Milagro al Partido Justicialista. No tuvo éxito, porque nadie sabe mejor que ella que la destrucción de la Túpac Amaru es el mínimo común denominador del bipartidismo jujeño. Siga participando.

El Tribunal ni respondió a la solicitud de la defensora Elizabeth Gómez Alcorta de investigar al Cochinillo y su esposa por falso testimonio. Lo rectificó al día siguiente, comunicando que rechazaba el pedido. Ambos se presentaron a declarar en compañía del apoderado de Morales, Luciano Rivas, casi un año después de los hechos. Él dijo que se habían cruzado por azar en un pasillo de la Legislatura cuando fue a pedir ayuda al bloque justicialista; ella explicó que habían ido a buscarlo directamente al bloque radical, enviados por el también abogado radical Miguel Álvarez García, el Doctor Chiqui, actual embajador argentino en Bolivia. También difirieron acerca del Doctor Chiqui: Arellano dijo que lo conoció cuando por orden de Milagro buscaba un defensor para Salvatierra luego del escrache; Chauque reveló que desde hacía años era el abogado de la cooperativa del Cochinillo, Argentina Avanza. Al menos uno de los dos miente. Gómez Alcorta explicó que en las presuntas reuniones previas, Milagro sólo pudo instigar a cometer el delito al propio Arellano (pegale una piña a Morales, tirale huevos, no lo dejes hablar o te pego un tiro a vos, le habría dicho). Pero como Cochinillo jura que no concurrió a la huevada porque no estaba de acuerdo, Milagro no pudo haber participado como instigadora en un delito que no tuvo ni comienzo de ejecución. Hasta los estudiantes saben que la participación siempre es accesoria de un delito. La mera tentativa no es punible. Otra incongruencia fue condenar al presunto autor Salvatierra a 2 años y a Milagro como instigadora a 3.

Una doctrina amenazante

Condenar a una dirigente social como instigadora de un hecho del que no tomó parte y proscribirla para cualquier actividad política y social es una amenaza latente contra toda protesta. El presidente Maurizio Macrì se sale de la vaina por estrenar la original Doctrina Morales con la dirigencia de los trabajadores estatales neuquinos, que no estaban presentes cuando piedras de origen desconocido trizaron dos vidrios de su camioneta, que se apartó de los protocolos de seguridad para procurarle un alfajor a la Niña Antonia. Es inverosímil que hayan apedreado al presidente con las pecheras de ATE bien visibles para protestar por los despidos de estatales. Macrì también interpeló en una declaración pública a Horacio Rodríguez Larreta para que en 2017 tenga “un comportamiento distinto y termine con los piquetes” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Patricia Bullrich, que lo urge en el mismo sentido, viajó a Israel en noviembre junto con el diputado Waldo Wolff (DAIA-PRO). Con los ministros de Defensa, Avigdor Lieberman, el ala ultraderechista de un gobierno de derecha, y con el de Seguridad, Gilad Erdan, debatió sobre “modelos policiales y de investigación y programas de capacitación”. En la conferencia internacional HLS&Cyber, donde las empresas israelíes no sólo ofrecen en venta equipos sofisticados sino también la doctrina de su empleo, Bullrich disertó sobre el terrorismo internacional (que no entra en las competencias de su ministerio). En diciembre, su colega de Defensa Julio Martínez anunció la intención de adquirir para el Ejército entre 10 y 30 vehículos blindados de combate Piraña, fabricados en Suiza por General Dynamics, que no llevan orugas sino ocho neumáticos. ¿Se intuye qué uso pretenden darles? Wolff es el impulsor de la escandalosa reapertura de la causa fenecida por la denuncia del fiscal Natalio A. Nisman, con la que el gobierno imagina sacar de la pista electoral a la ex presidente CFK y restringir las garantías del debido proceso para los réprobos, mientras la economía sigue esperando algún semestre. Sus partidarios respondieron en las redes antisociales con un poster que vaticina: “Échenla a los lobos y volverá como jefa de la manada”. Entre 2010 y 2014, Nisman recibió 282.000 dólares transferidos por una empresa de Sheldon Adelson a la cuenta bancaria 9700-7548-MAJ-6325-AC874, de la sucursal uruguaya en Colonia del Banco israelí Hapoalim, cuyo detalle publiqué aquí el 24 de enero de este interminable 2016. Adelson es socio de Paul Singer en el fondo buitre Elliot, y uno de los mayores aportantes a las campañas del primer ministro de Israel Benjamin Netanhayu y del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La cooperación israelí en tecnología de inteligencia, seguridad y defensa fue acordada por Macrì y Netanhayu ese mismo mes de enero cuando se encontraron en Davos, donde el presidente llevó un bufón. La declaración de emergencia en seguridad permite comprar esos juguetes sin licitación. También coincidieron sobre el juzgamiento en ausencia de los acusados iraníes por la explosión de la DAIA en 1994. Macrì y Netanyahu ya se habían visto en Israel, en junio de 2014, cuando hablaron del fallo del juez de Wall Street, Thomas Griesa. “Habrá que pagar al contado”, opinó Macrì. Esa es una de las promesas que cumplió desde el gobierno. El gestor del encuentro fue su actual secretario de derechos humanos Claudio Avruj, socio del compañero sentimental de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco. Juntos administran la agencia de noticias Vis-A-Vis, financiada con publicidad oficial argentina y cuya principal fuente informativa internacional es el diario Israel Hayom, propiedad de Sheldon Adelson, desde el que se giraron las subsistencias a Nisman. ¿Me acusará la DAIA de antisemita por revelar estos pormenores?

Liderazgo social como agravante

El comienzo del veredicto con los incidentes y las prescripciones es usual, aunque ningún código lo manda. En abril de 2013, Horacio Días, presidente del Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital adelantó la parte dispositiva de la condena por el asesinato de Mariano Ferreyra en un lenguaje llano, comprensible para todos, como quien razona en voz alta sobre la lógica del fallo y la valoración de cada prueba. Eso requiere buen conocimiento del derecho y respeto por la propia función y por la publicidad de los actos de gobierno. En cambio, el tribunal jujeño vertió sobre Milagro y los suyos una dosis adicional de sadismo, luego de mortificar a los reos (rodeados a pocos centímetros por una sobrepoblación de gorilas machos y hembras con uniforme y actitud intimidatoria), defensoras (que hasta recibieron gritos del presidente del tribunal) y público (que debió aguardar horas bajo el sol de diciembre, porque sus señorías no se preocuparon por disponer de suficiente espacio y organizar con sensatez el ingreso. Estas deficiencias fueron agravadas por el encarnizamiento de los cuerpos especiales de la policía jujeña, que manosearon y apalearon a discreción, y atenuadas por el sentido común y la buena disposición dentro del tribunal del comisario de la Policía Federal, Pablo Agüero).

El día anterior al juicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo saber que también estaba alineada con el escarmiento que la Alianza Cambiemos dispuso para los alborotadores. Sin fundamentarlo rechazó cuatro recursos de los procesados y del Ministerio Publico Fiscal de la Nación. Sala, López, Salvatierra y la fiscalía pidieron la suspensión del juicio a prueba. El Tribunal se opuso alegando la “connotación social del caso”, un agravante sui generis, que profundizaría luego el fiscal Federico Zurueta en su alegato sobre la mayor responsabilidad de Milagro Sala por su carácter de líder social. La Corte Suprema demoró ocho meses en rechazar esos recursos. En cambio apenas necesitó una semana para hacer lo mismo con la querella de Milagro Sala contra los funcionarios de Morales que la privaron en forma ilegal de la libertad, la fiscal Liliana Fernández Montiel, íntima amiga del ministro Ekel Meyer, y el juez Gastón Mercau, padre de los nietos de la presidente del Superior Tribunal, Clara De Langhe de Falcone.

El 12 de mayo, el mismo tribunal ya había declarado prescripta la acción por amenazas, pero en octubre la Cámara Nacional de Casación Penal revocó esa decisión para que fuera el tribunal de juicio el que decidiera si debía considerarse el plazo de las amenazas simples, que es más breve, o de las agravadas. Morales y la fiscalía sostuvieron que el agravante era la coacción tendiente a impedir, según los concertados testigos del gobernador, que se auditaran las obras construidas por cooperativas. Esa tarea sería más simple ahora, porque Morales suprimió toda contratación con la Túpac Amaru, colocó a uno de sus hermanos en el instituto provincial de la vivienda y ofreció a las constructoras privadas la recuperación del mercado perdido.

La clave de fondo

Esta es la clave de fondo de la ofensiva obstinada contra Milagro Sala que no sólo la privó en forma ilegal de su libertad, sino que destruyó su obra construida en dos décadas. La primera tarea que se propuso Morales fue descabezar a esa organización gigantesca que llegó a ser el tercer empleador provincial, después del Estado jujeño y del ingenio Ledesma. Con el bipartidismo peronista-radical, Carlos Pedro Blaquier y el ingenio fueron el poder real en la provincia, hasta que la Túpac Amaru expresó y logró organizar el descontento popular con el sistema político. En todos sus sitios hay carteles con frases de los tres númenes de la organización. “Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza”, proclama Túpac Amaru. “Endurecerse sin perder la ternura” es la consigna del Che. Milagro aprovecha un rayo de luz que viene de afuera de la pieza que comparte con otras cuatro reclusas para leer y releer de noche “La razón de mi vida”, escrito por otra plebeya amada y odiada por igual, que sólo se salvó del escarnio que ella padece porque apenas vivió 33 años. Como explica la antropóloga Elizabeth Gómez (homónima pero no pariente), en una investigación sobre el barrio Alto Comedero, la conformación de cooperativas de trabajo representó mucho más que la vivienda para una población que no tenía acceso al salario, lo cual ponía en crisis la propia subsistencia. Entre 1980 y 2001 un proceso de generación y consolidación de población sobrante para las necesidades del capital llevó la desocupación del 1,8 al 37 por ciento de la población jujeña. Los desocupados se refugiaron en el Estado y convergieron sobre las zonas urbanas. Esa fue la base del protagonismo de las organizaciones sociales, que surgieron vinculadas al movimiento sindical. Entre 1990 y 1998, Jujuy tuvo ocho gobernadores. La mitad fueron derrocados por movilizaciones populares de los sindicatos nucleados en el Frente de Gremios Estatales, que fueron desplazando a los punteros políticos de los partidos tradicionales. El Estado reconoció a esas organizaciones, vinculadas con la CTA y la CCC como mediadoras en la asignación de planes de empleo. En 1999, Milagro Sala era secretaria de organización de la CTA. El origen sindical de la organización barrial se advierte en la elección de delegados, el cobro de una cuota gremial a sus miembros y el uso de ropa de trabajo con la silueta de Túpac Amaru (que la querella, la fiscalía y los testigos del contador Morales confundieron en forma maliciosa en el juicio con uniformes de una organización armada o paramilitar). Milagro sumó también a esa rudimentaria organización a chicos de la calle que nunca habían trabajado, provenientes de barrios enfrentados, que se unieron para enfrentar situaciones sociales comunes. Luego de años de administrar en forma compartida bolsones de alimentos, en 2005 comenzó a recibir fondos del gobierno nacional para construir viviendas y en 2009 ya tenía 70.000 miembros y 4500 trabajadores organizados en cooperativas. En 2012 formó el Partido de la Soberanía Popular, que con 98.000 afiliados sólo fue superado por el justicialismo con 120.000, y en las elecciones de 2013 integrado en un frente con otras fuerzas rozó el 15 por ciento de los votos. El ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA Jaime Sorin analizó que en los barrios de la Tupac “la idea de un techo no es suficiente, habilitando la posibilidad de construir ciudad a través de la acción de un colectivo social devenido en comunidad, rechazando la fragmentación territorial y la segregación social de las formas tradicionales de estandarización urbana. A diferencia de otras expansiones, esos barrios han evitado desde su concepción el rápido deterioro de los entornos ya que son sus mismos habitantes –constituidos en ciudadanos sujetos y demandantes de sus derechos– los que han decidido vivir en entornos calificados con la presencia de los equipamientos sociales necesarios desde el inicio; y de allí la presencia de todo aquello que convierte al conjunto en un barrio más integrado y de mejor calidad: escuelas, centro de salud, parques para la recreación, presencia de los servicios públicos y, fundamentalmente, lugares de trabajo que garantizan la perdurabilidad de la condición urbana”. Así fue, pero Sorín pecó por exceso de optimismo. Esa extraordinaria organización, que dio una nueva visión del mundo y de su rol en él a quienes sólo eran personal de servicio de la burguesía local, duró lo que los recursos estatales. Su brusca interrupción, que motivó el acampe, el chantaje que se ejerce sobre quienes han vuelto a vivir en una economía que ni siquiera garantiza la subsistencia, para que abandonen a la Túpac y acusen a Milagro de los delitos más disparatados, la devolución de los programas de obra pública a las empresas constructoras, la redujeron a su mínima expresión. Encuadrar esa experiencia como una conducta delictiva contradice los resultados de esos años en que se cumplieron las metas del milenio supervisadas por las Naciones Unidas y que mejoraron en forma substancial los indicadores sociales. Entre 2005 y 2015 el desempleo y el subempleo disminuyeron a la mitad en los aglomerados urbanos jujeños de San Salvador y Palpalá; la pobreza cayó del 50 al 3,4 por ciento de los hogares entre 2003 y 2012 y las necesidades básicas insatisfechas del 28 al 18 por ciento entre los censos de 2001 y 2010. Liz Gómez ya vaticinaba que un cambio en sentido contrario en las políticas de protección social podría revertir con rapidez la tendencia iniciada a partir de 2003. 

Fuente: Página 12

Otra de Cowboys: El fiscal echó por tierra la versión presidencial, el vidrio se rompió desde adentro

Por Mariana Escalada & Agustin Ronconi

Mientras el presidente pide urgente “un proceso que condene” a quienes supuestamente tiraron piedras a su vehículo para que “sufran las consecuencia de lo que hicieron”, el Fiscal General José Geréz de Neuquén comprobó que el vidrió fue roto desde adentro de la combi por alguna de las personas que viajaban junto al presidente y que se apartaron de la ruta de seguridad “para ir a comprar alfajores”. Los 7 detenidos fueron inmediatamente puestos en libertad y el fiscal ya anunció que le tomará declaración testimonial al presidente.

La investigación del supuesto ataque a Macri

José Geréz es el Fiscal General de Neuquén y quien se encuentra investigando este supuesto ataque contra el vehículo en el que se desplazaba Macri. Hasta el momento la versión “presidencial” dista bastante de la realidad confirmada por la fiscalía:

El cruce entre la comitiva presidencial y los manifestantes en Villa Traful “fue algo casual”, esto significa que los trabajadores de ATE no buscaban emboscar o escrachar al presidente.

El vehículo en el que se trasladaba Macri salió de la ruta trazada por el operativo de seguridad para “ir a comprar alfajores”.

El vidrio de la ventanilla que se ve en las fotos distribuidas por presidencia fue roto desde adentro de la combi por alguno de sus ocupantes.

El fiscal Geréz manifestó públicamente que el vehículo oficial se “desvió deliberadamente, fue para comprar alfajores, y fue en ese momento cuando hubo un encuentro casual entre el Presidente y gente nucleada en ATE“. El fiscal aclaró que “El Presidente realizó un intercambio verbal con los manifestantes, los trató de tranquilizar y les transmitió que el año terminara en paz” pero sus acompañantes creyeron detectar “ciertas maniobras hostiles, arrancaron rápidamente y se produjo un impacto en la parte trasera de uno de los vidrios con un elemento duro, que no lo rompió. El cristal se cayó después“.

Represión a ATE

Ante la detección de supuestas maniobras hostiles, la custodia de Macri reprimió a los manifestantes de ATE con balas de goma.

Jorge Marillán, secretario General Adjunto de ATE Neuquén, declaró a la prensa: “Nos tiraron con balas de goma y nos corrieron 300 metros. A los minutos ya había fotos de la camioneta con los vidrios rotos“. El dirigente rechazó las acusaciones que involucran al gremio e hizo pública una filmación del momento del encuentro con el vehículo presidencial.

“Nos atravesó un vehículo particular” donde vieron que se desplazaba el presidente. Los manifestantes le reclamaron por el ajuste. “Nunca tuvimos la posibilidad de correr la camioneta en la que viajaba Macri“. Para Marillán “fue un show montado”.

Carlos Quintriqueo de ATE Neuquén declaró que “el fiscal general explicó que el vidrio se rompió de adentro para afuera porque estaba astillado” y aprovecho a hacer público que la manifestación era una protesta por despidos y no un escrache. Desde ATE solicitan investigar “quién dio la orden de tirar perdigones de goma en la cara“.

Desde presidencia montaron una de Cowboys

Desde prensa de Presidencia de la Nación enviaron a los medios fotos de la camioneta con un vidrio roto en una ventanilla lateral, en la que claramente se nota que la rotura provino de adentro (nótese la comba del cristal, incompatible con una piedra lanzada desde afuera del vehículo).

La policía local tomó declaración a 7 manifestantes que fueron demorados luego del hecho como así también a los dos custodios y al representante de protocolo que acompañaba al presidente. Ante la confirmación de que el vidrio fue roto desde adentro y que no hubo piedrazos, los manifestantes fueron liberados.

Geréz anunció que le requerirá una declaración testimonial sobre los hechos al presidente Macri a través de un pliego de preguntas o bien de manera verbal y adelantó que el hecho se produjo porque el personal encargado de la seguridad del primer mandatario actuó con desconocimiento de la logística y sin respetar los rígidos protocolos de seguridad. “Si nosotros actuamos, es porque falló un protocolo“. El hecho de desviarse para comprar alfajores es un claro ejemplo de los dichos del fiscal.

Macri se mostró molesto por la liberación de los 7 manifestantes de ATE que habían sido demorados, y se refirió al hecho solicitando “un proceso que termine condenándolos” para que sufran “las consecuencias de lo que hicieron”.

Hasta el momento está probado que el vidrio fue roto desde adentro de la combi, lo que debió haber sido hecho por alguna de las personas que se trasladaban en el vehículo presidencial.

Fuente: ElDisenso

La bruja del siglo XXI

Por Sonia Tessa

Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, traza paralelos entre la situación actual de Jujuy y las prácticas del terrorismo de Estado. En su primera condena, por un delito que se comprobó no había cometido, Milagro deberá hacer “tarea social” en Cáritas. Una paradoja que desnuda el disciplinamiento que implica la demonización de la líder de la Tupac. Su defensora considera que está presa por ser mujer, ya que ese es el rasgo “que subvierte todos los órdenes”.

Cuando Elizabeth Gómez Alcorta decidió asumir la representación de Milagro Sala no se detuvo en posibles costos personales. “Soy una militante del campo popular que trabajo de abogada, no soy una abogada que milita. Los costos los pagamos siempre, o corremos riesgos”, responde después de una semana en la que el diario Clarín la descalificó como “una chica de San Isidro”, como una forma de combatir lo que no se puede refutar en los estrados. Porque Elizabeth, antes de defender a Milagro, pidió copia de las causas y corroboró que estaban armadas. Desde su lectura feminista, la persecución a la líder jujeña tiene reminiscencias medievales: “Milagro es la gran bruja del siglo XXI y hay que quemarla en la hoguera. Para Gerardo Morales es la ofrenda, ofrenda la detención, en términos de lapidación pública”, describe lo que pasa en Jujuy, donde Milagro está cumpliendo un año presa. Cuando la líder de la organización social terminó de declarar en el juicio que le siguen por instigar un escrache contra el gobernador de su provincia, se abrazó con su abogada. A los 44 años, Elizabeth tiene un currículum que incluye haber sido cuadro de honor de su promoción en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, haber representado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa por el encubrimiento del atentado contra la Amia, y haber sido querellante en distintas causas por delitos de lesa humanidad. Fue subcoordinadora del Programa Verdad y Justicia impulsado por el anterior gobierno nacional. Actualmente, es vicepresidenta del “Movimiento de Profesionales por los Pueblos”. Su vocación es trabajar en derecho indígena pero cuando se le pregunta si a Milagro la persiguen por coya, ella está convencida de que lo determinante es que sea mujer.

¿Por qué decidiste asumir la representación de Milagro Sala?

–En principio porque me parecía que era una causa paradigmática en la defensa de los derechos humanos en esta época, en la época del macrismo, por decirlo de alguna forma. Algo que yo digo siempre es que a mí me dijeron que las causas estaban armadas, que estaban mal hechas, eso es algo que te dicen, pero yo no acepté el cargo hasta que vi las causas. Cuando me vine a Jujuy, la primera vez, me dieron copia, me las llevé de vuelta a Buenos Aires, vi las causas, y vi que efectivamente lo que decían los compañeros –hasta entonces yo no conocía a los compañeros de la Tupac, los conocí acá en Jujuy una vez que vine a eso–, y me pareció que sí, que había una grave violación, que había que denunciarlo, que había que trabajar fuertemente en otro sentido.

Toda esta situación jurídica irregular se sustenta sobre una demonización pública de Milagro por corrupción… ¿Cómo se trabaja contra eso?

–Primero, el trabajo es muy fuerte porque es un trabajo jurídico pero con un acompañamiento político que es poner de manifiesto todas las maniobras que se llevaron adelante. Y algo que yo digo y esto para mí es importante, es que si hay alguna denuncia sobre corrupción, no me gusta usar el término de corrupción porque me parece que es maniqueo, pero digamos cuando hay alguna denuncia sobre mal uso de los fondos públicos, yo creo que el estado es donde más tiene que investigar. Yo no digo que no haya que investigar todo… pero lo que me parece que es clave acá es que no se investigan hechos sino que se investiga a Milagro.

Incluso le pusieron una fiscal abocada a ella…

–Lo que investigan es a Milagro, pero… No se investigan personas en nuestro sistema, sino lo que se investigan son hechos. Por eso yo digo, que investiguen todos los hechos. Cuando vos ves que la plata salía de Nación, iba a las provincias, de las provincias iba a los municipios y de ahí iba a las cooperativas, que Milagro no estaba en ninguna de esas cadenas, ni en Nación, que no firmó nada y no recibió ninguna plata, y la única que está detenida es ella y que no está detenido ninguno de los otros de la cadena, uno empieza a pensar que efectivamente lo que necesitaban era convertirla a ella en el chivo expiatorio. Que investiguen lo que tienen que investigar pero que investiguen bien, que investiguen con las reglas del derecho.

Porque además, primero la meten presa y después van buscando la forma de mantenerla así...

–Cuando uno ve que la detienen por el acampe, que es una monstruosidad, es monstruoso. Es una detención por un acampe pacífico, te das cuenta de que la necesitaban presa. Ese es el punto, que la necesitaban presa. La detienen por lo único que ella estaba haciendo, que era manifestarse. Cuando se dan cuenta de que era insostenible, la causa por corrupción no se inicia antes, se inicia el día previo a que la detengan... con tantas irregularidades, que uno lo que empieza a pensar es que necesitaban mantenerla presa. Después, que investiguen todo, que investiguen bien, que investiguen todo lo que tengan que investigar, pero no éste mamarracho jurídico, que es lo que te mueve a decir que no puede estar pasando esto.

En la causa que terminó con el veredicto de este miércoles, la acusaron de un escrache en el que no participó...

–La imputaron de una incitación a una manifestación, con un único testigo que fue aportado por Morales. Hay una subversión de las reglas del juego, que realmente a lo largo del año se fue viendo en todo…  Creo que el clímax, realmente el clímax del escándalo, fue el proyecto de ley de consulta (presentado por diputados del Frente Primero Jujuy, que responde a Morales), pero ese es el clímax. Uno viene viendo, en término políticos, cómo intentan hacer las cosas, esto llega a un nivel que es inaudito. Cuando fue la presentación de la consulta, yo estaba trabajando en el alegato, y en un momento pensé: “Soy docente hace 30 años, y con esto no puedo dar más clases, cómo le explico a los alumnos las garantías, el derecho constitucional, las reglas del juego del código penal, cuando diputados presentan esto, que es pre estado, pre constitución, pre 1853”. En serio, tuve angustia, no lo podía creer, porque no me había pasado en todo el año, sentí angustia. En un punto hay que quemar la constitución. Es como rompieron todas las reglas del juego. Esto es Jujuy.

¿Al asumir la defensa, te imaginaste que ibas a tener que pagar costos personales, como la nota publicada por el diario Clarín?

–En el tribunal oral que está llevando adelante el juicio, en una de las jornadas, el juez Mario Marcelo Juárez Almaraz me gritó de una forma escandalosa, pero además me denunciaron penalmente, esto fue en el mes de mayo. Una locura, me denunciaron por usurpación de título.

¿Por usurpación de título?

–Yo me río. La denuncia fue archivada inmediatamente, pero yo además denuncié penalmente a los denunciantes en el Consejo de la Magistratura. Los costos que están pagando todos los abogados del equipo son muy altos. Inicialmente, yo no tenía conciencia, porque en el mes de febrero uno en lo que estaba pensando era en dos causas, una no iba a suponer que la escalada de violencia en Jujuy iba a tener los ribetes que en su momento tuvo ni tampoco podíamos tener idea de que Milagro iba a estar presa un año, que es lo que se va a cumplir en unos días. De todas formas, soy una militante del campo popular que trabajo de abogada, no soy una abogada que milita. Los costos los pagamos siempre, o corremos riesgos. Cuando vamos por un desalojo en Capital, que este año fuimos a varios, y la policía está por reprimir y voy como abogada, ahí hay un costo que estoy dispuesta a pagar. Igual… lo de Jujuy... Digamos... A mí no me amedrenta, no me amedrenta que me denunciaran,  no me amedrenta que me grite el presidente del tribunal, no me amedrenta la nota de Clarín. Creo que cada una de esas acciones habla de Jujuy, del poder político de Jujuy, de los métodos que tiene. Pero sí cada una de las cosas las hacemos saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es importante que se vea al cuadro general.

Algunos medios hicieron hincapié en el contraste entre Milagro y vos ¿cómo es tu relación con ella?

–La conocí cuando ella ya estaba presa, así que es una relación que fuimos construyendo a lo largo de este año, cada vez que la vine a ver. Al principio yo iba siempre con Luis Paz, que es el abogado, y en determinado momento decidí ir sola a verla, porque no quería mediatizar el vínculo. Y el vínculo se construyó. La verdad que tengo un vínculo personal muy fuerte con Milagro, y creo que ella lo tiene conmigo. No quiero hablar por ella, pero... Como no la conocía antes a Milagro, sabía de su obra, pero no tenía vínculo o relación en particular. Me parece que es una relación muy llana. Ella siempre me dice que soy muy clara. Ella me dice: “Vos nunca me mentís”. Y a mí me parece que eso es muy significativo. Le explico cada uno de los pasos jurídicos a seguir. Soy docente pero además me parece que a Milagro le sirve, le hace bien. Incluso, cuando ella terminó de declarar, yo la abracé. Tengo un vínculo muy fuerte, y ella ha pasado momentos difíciles. Ahí la veo a ella como una mujer, como una madre, como una abuela, porque ella me habla desde ese lugar también, es una abuela que me está contando qué le pasa a un nieto con la Navidad. Yo le puedo hablar de un lugar de una mujer, madre, que tiene un niño chiquito. Le cuento cosas de mi hijo, tengo una relación. 

Este año estuviste además mucho tiempo en Jujuy, ¿cómo te cambió la rutina?

–Estuve en Jujuy, viajé bastante, pero además estuve en un caso que realmente para mí es muy importante en términos de mi vocación. Representé a Facundo Jones Huala, que es un lonco indígena, de una comunidad mapuche de Esquel. El estado chileno lo quería extraditar con un pedido de pena de 26 años de prisión en Chile. Hicimos un juicio en Esquel con Sonia Ivanoff, que es una colega y amiga, y logramos la primera nulidad en un juicio de extradición en la historia de la Argentina, porque estaba vinculado con tareas de inteligencia ilegal, torturaron para que declarara a un joven mapuche, todo esto lo pudimos demostrar en el juicio. Para mí, que trabajo temas indígenas, y es un tema que me apasiona, que hago por militancia. De hecho, presentamos por correo, mientras yo estaba acá, una petición por este caso a la CIDH. Fue un año intenso. En general,  nunca viajé más de dos días, estoy separada, traté siempre de viajar los días que no me tocaba estar con él. Pobre mi hijo, también, le tocó una madre así, y un padre que también trabaja en casos similares, así que está acostumbrado.

A partir de tu vasta experiencia en juicios por delito de lesa humanidad, ¿ves una similitud con esta representación de Milagro Sala?

–Sí, enorme. Me invitaron a dar una charla por la noche del apagón, y comparar el caso con el de Milagro, en la Facultad de Filosofía, entonces me detuve a pensar y trabajar en patrones comunes entre los dos casos y vi que hay una cantidad de prácticas terroristas, porque no hay que decirlo de otra manera, en términos del estado con prácticas de terror en los dos casos, salvando todas las diferencias del mundo. Sí, por ejemplo, en términos de la detención para delación, en el caso de Milagro, en cada uno de los casos, se detiene o se presiona a una persona para que declare en contra, y en caso de que no declare en contra, cae en las garras del sistema penal. Así lo demostraron las notas que escribió Alejandra Dandán para PáginaI12 en el caso de Alberto Cardozo. Es muy paradigmático, pero también está el caso Mabel Balconte, en cada una de las causas tenemos una situación así. La aplicación desmedida de la violencia… En abril hubo una serie de allanamientos, hubo 60 allanamientos, pero hubo un día muy particular, que fue el día que se hizo la marcha del 1° de mayo en Capital, que se hicieron 25 allanamientos en el Alto Comedero, con un nivel de violencia, con grupos especiales, de la policía, que además tiene una implicancia que todos los que trabajamos temas de lesa humanidad sabemos, que el terror no cae directamente, no es el único destinatario la familia o la víctima directa, sino que en un barrio, esto tiene una implicancia muy fuerte de generar temor. De hecho, el 11 de junio tuvimos un congreso refundacional de la Tupac y un viejo dirigente, un tipo grande de la Tupac, dijo: “Yo nunca pensé que iba a llegar el día que iba a tener miedo de salir a la calle y ese día llegó”. Y para mí fue muy fuerte escuchar eso en democracia. Que un tipo tenga miedo de salir a la calle a militar. Hoy pasa eso, el que tiene algo de la Tupac es detenido, es demorado, hay casos de violencia institucional al por mayor. La persecución a los abogados, porque a Luis Paz lo detuvieron y está imputado en la causa, los multaron a Paula Álvarez Carreras y a Ariel Ruarte... La persecución a los abogados es prototípico de las prácticas del terrorismo de estado, porque es el modo de dejar indefensas a las víctimas y que nadie reclame por ellas. Hay demasiadas similitudes, sobre todo en esto, en distintas prácticas del estado de hoy de Jujuy al estado terrorista de los 70.

¿Crees que si Milagro fuera blanca habría el mismo ensañamiento?

–Creo que la principal característica que subvierte todos los órdenes y que es imposible de sostener para el poder político, económico, para el poder fáctico es que ella es mujer, más que coya. Si uno lo piensa, todos los estereotipos de mujer para una sociedad oligárquica, machista, clasista, conservadora como la de Jujuy los desafía Milagro. Que una mujer desafíe al poder en todo sentido: es negra, es pobre, es coya. Tiene todo... No hay un solo estereotipo con el que ella cumpla, es una mujer a la que se ve aguerrida, combativa. Efectivamente, en una charla por el día Contra la violencia hacia las mujeres, el 25 de noviembre, dije que Milagro es la gran bruja del siglo XXI y hay que quemarla en la hoguera. Para Gerardo Morales es la ofrenda, ofrenda la detención, es una ofrenda en términos de lapidación pública. Llevarla, trasladarla, no dejarla hablar, ponerle un bozal, que cada vez que se mueva esté rodeada de 75 policías, fuerzas especiales. Eso es, hay que ofrendársela, hay que ofrendársela ¿a quién?, a esta sociedad que se siente pacificada. Si uno lee la historia de la persecución a las brujas es… Milagro. Para mí es absolutamente reivindicatorio decir que Milagro está presa por ser mujer. No está presa solamente por ser mujer, pero no hay ninguna duda de que es un rasgo que ninguno puede dudar cuando habla de Milagro. 

Fuente: Página 12

Macri y Michetti, imputados por el Memorándum con Qatar

La firma del tratado entre la vicepresidenta Michetti y el jeque Ahmed bin Jassim Al Thani, ministro de Economía y Comercio de Qatar.  (Imagen: @gabimichetti) 

La fiscal Ochoa ordenó investigar el convenio firmado en noviembre

El presidente, la vicepresidenta y otros funcionarios están acusados de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública al incluir los fondos de la ANSES en un dudoso convenio bilateral de inversiones con estructura offshore.

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió que se investigue la denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros funcionarios del gobierno por la firma de un Memorándum de Entendimietno entre la Argentina y Qatar que contempla la utilización de fondos de la Anses. Están acusados de posibles estafas y defraudaciones, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

La denuncia, que también involucra al ex tenista Gastón Gaudio por la supuesta influencia que habría ejercido como intermediario para la firma del acuerdo, la presentó hace un mes Fernando Miguez (de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático). La causa se encuentra a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá expedirse sobre el requerimiento de la fiscal.

"Deberá investigarse a los funcionarios públicos que debiendo velar por el cumplimiento de las leyes nacionales y el resguardo del patrimonio público hayan convenido expresamente en un instrumento internacional, transferir a través de una plataforma offshore recursos públicos provenientes del Fondo de Garantia de Sustentabilidad (FGS) hacia un paraíso fiscal", dictaminó Ochoa. La fiscal pidió además que de forma cautelar se impida o se interrumpa la ejecución del Memorandum de Entendimiento, firmado el 6 de noviembre.

Según la denuncia. el convenio entre el FGS y la Qatar Investment Authority (QIA) crea una estructura offshore “para la eficiencia en el pago de impuestos” y habilita la participación de “un administrador extranjero” que tendría todo el poder sobre el dinero. El pacto tendría cláusulas de confidencialidad y la estructura, con un fondo de mil millones de dólares, se discutiría entre las partes.

El denunciante Míguez señaló algunos puntos que considera sospechosos y que podrían, a su entender, configurar delitos: dice que el acuerdo secreto menciona una “doble imposición” con Qatar, que evitaría el pago de impuestos; señala que no se especifica cómo se integran los 1000 millones de dólares (qué aporta cada país); se supone que para este acuerdo se tomarán fondos del FGS “pero no devengarán interés alguno a la Nación”; no es claro qué tipo de inversión se realizará ni por qué tomar recursos del fondo argentino; pone en duda debido al “secreto que se diera a la firma” el papel de los funcionarios que intervinieron y de Gaudio, lo que implicaría la omisión de “canales ordinarios como serían el Ministerio de Economía o el Banco Central”.

Además de Macri y Michetti fueron imputados la canciller Susana Malcorra; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, y el exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) Luis María Blaquier, entre otros funcionarios. 

Fuente: Página12

Doce juezas renunciaron en protesta por la sentencia de Milagro Sala

Asociación de Mujeres Juezas

Doce juezas renunciaron en protesta por la sentencia de Milagro Sala

Expresaron su “profundo desagrado” por la distinción que hizo la agrupación a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Aurora De Langhe de Falcone. “Se alinean con quienes nos están llevando a una condena internacional”, indicaron.

El 14 de diciembre pasado, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) distinguió por su rol como presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy a la jueza Clara Aurora De Langhe de Falcone, una pieza clave en el armado del gobierno de Gerardo Morales, para mantener detenida a la titular de la Tupac Amarú Milagro Sala.

Nota relacionada

Milagro Sala: "Señor Juez no se deje apretar por el poder político"

Luego de esta decisión política, casi una decena de juezas expresaron su "profundo desagrado" y presentaron su renuncia, entre ellas, la jueza de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, María Laura Garrigós de Rébori.

Dicha eminencia, que integraba la asociación desde su constitución, sostuvo que con esa mención "se alinea con la actividad de los jueces de Jujuy, que nos están llevando a la condena internacional".

Garrigós de Rébori, no quiso asistir al agasajo hecho a Langhe de Falcone y denunció que la AMJA "no hizo nada en repudio a lo que está ocurriendo con la detención arbitraria de Milagro Sala. Como jueces asumimos un compromiso como organismo del Estado frente a las responsabilidades internacionales y no lo podemos eludir. Lo saben, pero deciden ignorarlo", sostuvo.

Además, reclamó que "a los jueces jujeños se los interpele", al considerar que su desempeño "amerita la intervención federal".

El 1 de diciembre el tribunal presidido por Langhe de Falcone declaró la inconstitucionalidad de los fueros de inmunidad para Milagro Sala como diputada del Parlasur y confirmó su prisión preventiva.

Cabe destacar que Langhe de Falcone es la suegra del juez Gastón Mercau, quien solicitó el pedido de detención contra Sala a principios de enero por el acampe en la Plaza Belgrano. 

Fuente: DiarioRegistrado

PBA – ISRAEL. Sionistas de ultraderecha afianzan su penetración en la Policía Bonaerense

Publicado por Juan José Salinas           

La nota publicada por APU tiene un toque capussotico que, sin embargo, no nos debe mover a risa. ¿Qué pasará si se comprueba que hubo israelíes complicados en las voladuras de la Embajada de Israel y la AMIA? Esta empresa privada dice servirse de retirados primcipalmente del Shin Bet o Sabak, es decir de las fuerzas de seguridad y contrainteligencia que actúan en el territorio israelí y en el ilegalmente ocupado de Palestina (lo que contesta, al menos parcialmente, el título de la nota de APU). Se trata del mismo servicio que está sospechado de haber colaborado en el asesinato de Isaac Rabin e incluso en la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires. De que estuvieron involucrados policías –y hasta la coronilla– no cabe la menor duda… aunque no fueran “patas negras”. Una cosa es la colaboración de policías de todo el mundo a través de Interpol y otra muy distinta dejarse conducir por agentes extranjeros.

¿Cuál es la fuerza de seguridad especial israelí que entrena a la policía de Ritondo?

Por Paloma Baldi/APU

El ministro Cristian Ritondo encabezó el acto de cierre de un curso en el que israelíes entrenaron a policias bonaerenses y la cartera a su cargo difundió un video publicitándolo.

El ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, cerró el “Curso Internacional Argentina-Israel” dictado por FourTroop, un ejército privado compuesto por ex agentes de las fuerzas de seguridad israelíes a los oficiales del Grupo Apoyo Departamental (GAD) de la policía bonaerense.

La instrucción se realizó en la escuela de policía Coronel Julio Dantas. Participaron en el acto el Jefe de la PBA, comisario General Pablo Bressi;  el subjefe, comisario general Fabián Perroni, autoridades ministeriales y policiales, según informó el portal www.online-911.com; donde también fue publicado un video que incluye imágenes del entrenamiento y fragmentos del discurso pronunciado por el ministro:

“Cuando comenzamos esta tarea, hace apenas un poco más de un año, nos fijamos una cantidad de metas. Pero entendíamos que una sustancial era que para tener una buena policía había que tener buenos policías, y para tener buenos policías nosotros debíamos hacer esfuerzos de inversión en equipamiento, en capacitación y en preparación”, afirma en off de Ritondo mientras se suceden imágenes de policías –todos hombres- luciendo trajes camuflados, anteojos negros, camionetas, modernas armas de fuego, auriculares.

Nota relacionada: 

El Gobierno entrena a policías argentinos con militares israelíes y sus brutales tácticas represivas 

El ministro observa sus evoluciones escoltado por los directivos de FourTroop. Los policías descienden de las camionetas, se forman y disparan contra figuras de cartón que simulan ser personas. También se los ve en práctica de combate cuerpo a cuerpo y llegando en moto a un terreno sobre el que construyeron un asentamiento con casillas de chapa. Ahí, ingresan armados hasta los dientes y con las caras tapadas y salen arrastrando a un joven vestido con ropa deportiva. Cuatro motos y 10 oficiales con “equipamiento de elite” para reducir a un joven que finge vivir en una casa de chapa y está desarmado.

Sobre el final del video, el ministro de seguridad afirma que “esto es algo que vino para quedarse”, y explicita su voluntad de “poder colaborar con otras policías y con otra fuerzas” del mundo. Es inevitable la pregunta por ¿Qué es “esto” que vino para quedarse? ¿Bajo qué paradigma de seguridad nuestras fuerzas van a “colaborar” con otras fuerzas? ¿Con qué objetivo?  Con la información que está a la vista, sin embargo, es posible esbozar una respuesta: La inversión en seguridad es entendida únicamente en su acepción mercantil y la formación de los efectivos está en manos de una empresa privada extranjeray, por lo tanto puesta a merced de la defensa de intereses privados y extranjeros. Ya lo dice la página de FourTroop: “Ofrecemos a nuestros clientes el mejor potencial para sus negocios”.

Fuente: Pájaro Rojo