Garrote y chequera
Mientras blande la lapicera de firmar cheques
para que movimientos sociales apadrinados por Bergoglio se abstengan de
participar en cualquier conflicto durante tres años, Macrì desoye al sistema de
derechos humanos de la ONU que dispuso la libertad inmediata de Milagro Sala.
Todo se subordina al objetivo electoral. Pero si la política se agota en las
transferencias de ingresos a la cúpula, el endeudamiento y los negocios, puede
quedar más cerca del 30 por ciento de las PASO que del 51 del balotaje.
Lo único invariable es el objetivo de
reconfigurar el mapa económico y social, de conseguir buenos negocios
familiares y para los principales asociados y de disciplinar a los distintos
segmentos de la clase trabajadora. En cuanto a los instrumentos, todo queda
sometido a revisión y se subordina a las necesidades electorales. Así se lo
dijo Macrì a Clarín hace una semana: lo que él llama su revolución cultural
necesita de una victoria sobre el peronismo en 2017. No basta con expresar
deseos ni con cultivar una huerta en los techos para alejar a los fantasmas que
por derecho propio rondan los días de la Casa Rosada y las noches de Olivos.
Los fracasos legislativos de la última semana presagian días peores si la
representación de Cambiemos se reduce aún más en el Congreso. De ahí la
urgencia oficial por impulsar la informatización del voto y el escrutinio.
Luego de la decisión del bloque mayoritario en el Senado de cerrar esa
posibilidad, el gobierno lo atribuyó a la resistencia de lo que llamó “los
aparatos feudales”, implicando que hacen fraude con el sistema tradicional. Es
una respuesta astuta pero poco verosímil, cuando el argumento de los técnicos
consultados por el Congreso en contra del voto electrónico fue la facilidad
para su hackeo y manipulación. Los gobernadores que sepultaron el proyecto
oficial fueron Gildo Insfrán, Carlos Verna, Sergio Uñac, Sergio Casas y Lucía
Corpacci. La suma de sus distritos no pasa del 5,5 por ciento del padrón
nacional (1,31 Formosa, 0,85 La Pampa, 1,67 San Juan, 0,83 La Rioja, 0,91
Catamarca). Quien menos ventajas sacó a su principal oponente en 2015 fue
Corpacci, con 8,64 por ciento de diferencia. En el otro extremo, Insfran ganó por una diferencia del 47,26 por ciento.
Entre ambos, Verna sacó 12,1 puntos de ventaja, Sergio Casas 16 y Uñac 23. Con
esa magnitud de diferencias es poco plausible hablar de fraude. La madre de
todas las batallas no está allí sino en Buenos Aires, donde se presume una división
en tres tercios.
Revolución cultural es una hipérbole que Javier
González Fraga tradujo al idioma de los argentinos. El ex candidato radical a
la vicepresidencia dijo que no habría inversiones extranjeras antes de la
renovación legislativa, por el temor a un regreso del populismo. Si la
prometida lluvia de dólares no se produjo pese a que distintas corrientes del
justicialismo facilitaron en el Congreso las medidas económicas fundamentales
del nuevo gobierno, imaginar un revés en 2017 explica que tema por tema el
gobierno ponga en debate casi todas sus premisas:
Luego de pregonar la autonomía del Banco
Central, Macrì solicitó a su presidente, Federico Sturzenegger, que aflojara
con las altas tasas ofrecidas por las Letras que licita cada martes, ya que no
hay inversión productiva que pueda competir con esos rendimientos, que además
emiten el rítmico sonido de una bomba de tiempo monetaria y cambiaria.
Pese a su tirria por las negociaciones
tripartitas, que Alfonso de Prat-Gay anunció cuando el viento inflaba sus
velas, Macrì ha aprendido la utilidad de esa mesa de tira y aflojes para
sortear riscos y tempestades.
No obstante su diagnóstico del déficit fiscal
como causa de la inflación, en vez de reducirlo lo ha incrementado.
Con la inversión privada por el piso y con un
comercio exterior que en la hipótesis más optimista arrojará un resultado
neutro, Macrì olvida haber dicho que el consumo no puede ser la base del
crecimiento y que deben crecer la inversión y las exportaciones.
Para reanimar la demanda, intenta volcar
recursos hacia aquellos sectores sin capacidad de ahorro que gastan cada peso
que perciben, por lo cual sus críticos por derecha lo comparan con los
estímulos al empleo y el consumo con que el anterior gobierno enfrentó la
crisis de 2009. Con una diferencia no menor: Macrì recurre al endeudamiento
externo para financiar esa respuesta a una crisis que no proviene del centro,
como entonces, sino que ha sido autogenerada.
Lo hace también como prenda de paz con los
movimientos sociales acunados por el papa Francisco, ávidos de un lubricante
tan viscoso como el que apaciguó los ánimos sindicales.
Crítica de la razón oportuna
Mientras los críticos por izquierda caracterizan
a los negociadores como militantes del Movimiento Carolina, sus dirigentes
responden con fundamentos políticos. En una entrevista concedida a Paula Abal
Medina y Mario Santucho para la revista Crisis, Emilio Pérsico reivindicó como
un objetivo legítimo que los acuerdos con el Poder Ejecutivo aseguren
gobernabilidad. Cree que el triunfo de la Alianza Cambiemos no expresa la
correlación de fuerzas sociales y sólo se explica por la política y los errores
cometidos, y analiza los problemas que enfrenta el gobierno a partir de un hecho
comprobable: “Existe un nivel de derechos y de dignidad muy alto de los
trabajadores. Así que el primer problema que tienen es que no pueden llevar los
salarios a donde quieren que estén, ni pueden bajar el gasto público porque
nosotros no se lo permitimos. Si bien han hecho una transferencia grande de
recursos desde abajo hacia arriba, no logran ir al modelo que imaginaban.
Además, la falsa contradicción que lograron instalar en la política no ha
permeado a lo social, por eso se les arma lío”. Su compañero Fernando Navarro
añade que “si Macrì se cae esto gira más a la derecha aún. Porque esto no es el
ajuste de Espert, ni de Sturzenegger, no hay cien mil estatales en la calle, ni
hay un dólar a veinte pesos, como aspiraban algunos sectores. El ajuste ha sido
limitado porque hay un colchón social que no pueden ignorar, y una actitud del
pueblo argentino que no los deja avanzar tan rápido”. Si ese giro a la derecha
se produce como consecuencia de una crisis, el capitalismo salvaje intentará
legitimar con ayuda de los medios “la represión que puede venir”. En una
sociedad cuya mayoría “avala a aquel que mata en defensa del auto, la guita, la
propiedad”, Navarro sostiene que el enfrentamiento es una trampa, porque
entonces “vamos a perder en serio”, dado que “todas las crisis las paga el
pueblo, los muertos los ponen los morochos y los trabajadores”. Proponen una
alternativa en tres pasos: 1. dejar de retroceder, 2. paliar la urgencia, y 3.
construir unidad, para “ganarles en el marco de la democracia y las elecciones”.
Para Navarro “todo lo que les podamos sacar”, permite “acumular, crecer, para
tratar de ganarles”. Sin que se lo preguntaran, añadió que Massa no los expresa
“pero tampoco negamos la realidad del pueblo argentino. Trataremos de hacerlo
con el mejor candidato”, una definición que no debería pasar inadvertida. Igual
que el líder opoficialista Miguel Pichetto, sostuvo que quien gane en 2017 en
Buenos Aires, podrá encabezar la fórmula en 2019. Pérsico ve a su fuerza como
San Martín después de Cancha Rayada, preparándose para Maipú. La tarea que se
autoasigna es la de O´Higgins, “tratando de rescatar caballos y la mayor
cantidad de armamento, es decir recuperando lo más que podamos del proceso
anterior para meterlo en el nuevo proceso”. Sin las movilizaciones de los
movimientos sociales y su confluencia con la CGT cree que “la situación sería
mucho peor y más explosiva” y afirma que es más fácil encontrar respuestas a
partir de una representación institucionalizada del conflicto, “no desde la
anarquía o el quilombo”. En el marco de un proceso de unidad muy amplio,
“después va a venir la unidad en lo político, porque siempre ha sido así, nunca
vino al revés”. La interacción con la CGT fija mutaciones. Navarro cita a un
sindicalista al que llama amigo: “Yo quiero sacarle todo lo que pueda. Y para
eso tengo que estar cerca, le manoteo, le saco”. El jueves, en el Congreso, los
ministros Carolina Stanley y Jorge Triacca firmaron un acta-acuerdo con los
movimientos que componen la asociación de trabajadores de la economía popular,
por la cual evitaron la inminente derrota legislativa que hubiera constituido
la sanción de la ley de emergencia social. Los asistentes de la CTEP fueron el
Mocase, Los Pibes de La Boca, La dignidad, Barrios de Pie, La poderosa, CCC, Evita
y Movimiento de Trabajadores Excluidos, sin presencia de los movimientos
kirchneristas y de la izquierda trotskysta. Entre los oradores estuvieron el ex
frepasista Juan Manuel Abal Medina, uno de los autores del proyecto de
emergencia, y el jefe del bloque de diputados de PRO, Nicolás Massot, dos
sobrinos de tío famoso. El nuevo proyecto de emergencia social la extiende por
todo el mandato presidencial de Macrì. La creación de un Registro y de un
Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario rodean de
decoro una asignación mensual que, según el mismo documento, se irá pagando en
forma progresiva, de acuerdo con las disponibilidades del gobierno nacional que
para ello reasignará partidas presupuestarias por hasta 25.000 millones de pesos,
expresión vaga si las hay. Además creará una interesante estructura
burocrática. Del millón de puestos de trabajo a crear sólo quedó el número,
pero de canastas navideñas. El punto final del acuerdo expresa que para
colaborar “a la conciliación aquí alcanzada” las organizaciones “se abstendrán
de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza”.
Entre los asistentes se expresaron varias dudas:
¿El
cambio de terminología es una bandera común del Movimiento Evita y de
Cambiemos, dado el odio popular por los planes y el prestigio histórico del
salario?
¿La
mayor inversión social que aceptó el macrismo se financiará con más
endeudamiento externo, y qué partidas se reasignarán?
¿El
acuerdo implica la apuesta oficial a la mediación social del Vaticano?
¿Esta paritaria institucional, será excluyente de la paritaria callejera
que funciona desde comienzos de siglo?
¿Implica que maniatará a las organizaciones en sus críticas al gobierno
ya que se obligan a congelar el conflicto social?
En la
Universidad de General Sarmiento, Máximo Kirchner comentó: “Los mismos
compañeros que venían a los actos de Cristina con una gran bandera que decía
‘Nos duele lo que falta’, ahora piden ‘Dame lo que puedas’. No está mal mitigar
los sufrimientos que causa este modelo. Lo que no se puede es dejar de
cuestionarlo”.
Sin derechos
Pero al mismo tiempo que acude a la chequera,
Macrì blande el garrote. Por un lado, su anunciada revisión de todos los
convenios colectivos (ahora la flexibilización adquiere partida de nacimiento
en el siglo XXI, y los derechos quedan adscriptos al pasado) propicia la misma
precarización que con distintos métodos impulsaron Videla y Martínez de Hoz
hace cuatro décadas y Menem, De la Rúa y Cavallo hace dos. Por otro, su dura
respuesta al grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias,
que solicitó la libertad inmediata de Milagro Sala. También en esto hay una
especulación electoral. La mayor participación de la UCR en la Alianza
Cambiemos se da con tres gobernadores: Ricardo Colombi de Corrientes, Alfredo
Cornejo de Mendoza y Gerardo Morales de Jujuy. Los dos últimos han sido objeto
de observaciones críticas de los sistemas supranacionales de protección de los
derechos humanos que obligan a la Argentina: Cornejo, por el uso de la prisión
preventiva como pena anticipada sin revisión judicial objetada por la Comisión
Interamericana; Morales por la detención arbitraria de Milagro Sala y la falta
de independencia de la justicia, que señaló el Grupo de Trabajo. Ambos
reaccionaron en forma frontal y dijeron que no cumplirían con las respectivas
recomendaciones, desconociendo la obligación del Estado nacional, que es el
único representante de la Argentina ante la comunidad internacional. Morales se
escudó en la autonomía provincial y en la independencia de la justicia (cuya
ausencia el propio grupo de trabajo señaló como fundamento de su decisión) y
Macrì convalidó esos flojos argumentos. En el reportaje del domingo pasado en
Clarín, también el presidente dijo que “respetamos el federalismo y la
independencia del poder judicial”. Y lo remató con argumentos tan inadmisibles
como peligrosos: “La mayoría, e incluyo especialmente al periodismo que ha
seguido de cerca todo lo que pasó con Milagro Sala en esa provincia, cree que
ella es una persona que creó un Estado paralelo y una organización armada que
ha sido muy peligrosa para la vida de todo el norte argentino”. Además de esa
gravísima acusación sin sustento en ningún hecho comprobable, Macrì invitó al Grupo
de Trabajo y a la CIDH a visitar la Argentina, pero no para precisar cómo
cumplirá con la obligación de dejar en libertad a Sala sino para explicarles
que en Jujuy rige el estado de derecho y se respetan las garantías
constitucionales. Ya lo hicieron durante la tramitación de los casos, pero la
decisión que es definitiva e inapelable no fue la que esperaban. Macrì
privilegió así su programa de disciplinamiento de toda protesta social y su
pacto electoral con Morales, cuyas consecuencias no podrá eludir, como pudo
apreciar durante la visita del premier canadiense Justin Trudeau; con sendas
declaraciones de los comités de Naciones Unidas contra la discriminación racial
(CERD) y contra la discriminación contra la mujer (CEDAW) y en la audiencia del
Secretario de Derechos humanos Claudio Avruj en Paris con Amnesty International
y otras organizaciones francesas y franco argentinas de defensa de los derechos
humanos. Avruj y Marcos Peña son los miembros más inflexibles del gobierno
nacional, mientras otros allegados presidenciales como Fabián Rodríguez Simón y
Elisa Carrió propician el cumplimiento de la decisión del Grupo de Trabajo.
Carrió lo dijo en una declaración, pero no siguió el tema, Rodríguez Simón se
lo planteó a solas a Macrì, quien no siguió su consejo. También un importante
funcionario provincial opinó que la resolución debe ser cumplida. Es el
secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago
Cantón, quien no tiene competencia sobre el tema pero suele ser consultado por
su vasta experiencia en la CIDH, de la que fue secretario ejecutivo durante una
década. El viernes, Cantón dijo on the record a este diario, que las decisiones
de los organismos internacionales de derechos humanos deben ser cumplidas y que
“las visitas de los organismos internacionales deben estar principalmente
orientadas a buscar mecanismos para que se cumpla con las decisiones”.