La voz
Por primera vez desde su detención ilegal, la voz
de Milagro Sala se escuchó en todo el país. Su declaración indagatoria, en la
primera causa en su contra iniciada por denuncia del contador Morales, se
convirtió en la tribuna que hasta ahora le habían negado, mientras una
propaganda abrumadora, calcada sobre la que realizó hace cuatro décadas la
dictadura, la estigmatizaba como causante de todos los males de una provincia
que recién con ella tras de rejas respira en unión, paz y libertad.
Desde Jujuy
Hasta ahora Milagro Sala sólo había podido
comunicarse en forma escueta y esporádica, por medio de notas manuscritas,
cuando se sabe que la escritura no es su forma preferida de expresión. En algún
momento de melancolía pensó incluso en suicidarse y borroneó una carta al
contador Morales ofrendando su vida a cambio de la libertad de los demás
rehenes y el cese de la destrucción de su obra. Sin embargo, los diálogos con
sus compañeros y con los visitantes que llegan a transmitirle su apoyo, caminando
abrazados en torno de la canchita en el patio del penal, le ayudaron a
sobreponerse y asumir que ha dejado de ser una persona privada. Como Fidel
Castro después del ataque al Moncada, Mandela desde la prisión de Robben Island
o los militantes argentinos de la década del 70 durante lo peor de la represión
dictatorial, tiene una responsabilidad pública que excede al sufrimiento de sus
hijos y de su nieto que llora porque no podrá armar el arbolito de Navidad con
la abuela. La comparación con Castro o Mandela la ruboriza, pero refuerza sus
convicciones.
Milagro también dudó en presentarse a declarar,
porque entendía que el gobierno de los contadores Morales y Carlos Haquim
realizaría un circo mediático. Los traslados previos fueron puestas en escena
para presentarla rodeada de patrulleros y carros de asalto, personal con armas
largas y rostro cubierto, como si se tratara del Chapo Guzmán o de una
peligrosa terrorista internacional. Es la misma técnica que la Nación aplicó
luego con Lázaro Báez y José López, que recién sufrió un contratiempo con la
movilización que impidió ese tratamiento para Hebe Bonafini y que se detiene
ante CFK por el temor oficial a las reacciones públicas si intentara algo
similar con ella. Para alguien que vivió en la calle y sufrió todo tipo de
vilipendios por su triple condición de mujer, indígena y marginal, esa
prepotencia de poder es una humillación que arroja sal en esas heridas. Hasta
que advirtió que ése podría ser su gran día y el circo mediático su oportunidad
para hacerse oír, que allí no habría ninguna celadora controlando sus palabras,
cortándole la comunicación telefónica con un periodista.
No se equivocó la Paloma
Pero todo estaba preparado para que la voz de
Milagro no saliera del recinto de la sala de audiencias. Sólo la torpeza de los
jueces del Tribunal Oral Federal y la lucidez de una de las abogadas, lo
impidieron. Los jueces Mario Juárez Almaraz, María Cataldi y Santiago Díaz,
firmaron la Acordada 6/2016 destinada a “limitar el ingreso y/o permanencia en
la sala de audiencias con grabadores, filmadoras, cámaras fotográficas,
teléfonos celulares y cualquier otro medio, dispositivo o equipo técnico que
permita su grabación”. En la primera audiencia los periodistas sólo podrían
“ingresar para la publicidad de los actos iníciales del juicio (arts.374 y 378
del CPPN)” y luego deberían retirarse. También dispusieron limitar el acceso,
primero a los familiares directos de las partes y luego por orden de llegada
hasta colmar “la capacidad física de la sala”. Durante los juicios por crímenes
de lesa humanidad, se acomodaron en esa misma sala cinco docenas de personas.
Esta vez, en cambio, el Tribunal restringió el cupo a sólo 24 asientos. La
abogada defensora de Graciela López, Paloma Alvarez Carreras, pidió que se
permitiera el ingreso de más gente, ya que había muchos interesados que
esperaban desde las 6 de la mañana, pero el tribunal se negó, sin
fundamentarlo. La defensora de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, insistió.
Contó que habían solicitado la transmisión en directo por el canal de
televisión de la Corte Suprema de Justicia pero que el tribunal no se había
dignado contestar. Cuando argumentaba sobre el principio de publicidad de los
actos de gobierno, se le cortó el micrófono. Al reanudarse la conexión señaló que
la Acordada hablaba de capacidad de la sala y no de número de asientos, que
como ocurre en muchos juicios podría haber asistentes parados y que buena parte
del salón estaba ocupado por escritorios sobre los que se arrumbaron monitores
fuera de uso. “Si sacan esos bártulos habría más espacio”, arguyó, in re
Gemignani. El nebuloso fiscal Domingo Batule se opuso, como de costumbre porque
sí, y el tribunal hizo un cuarto intermedio, como si debiera resolver una
cuestión compleja. A su término hizo leer por secretaría una resolución
anunciando que para las próximas audiencias procuraría hacer más espacio para
el público. Cuando se agotaron estas cuestiones preliminares, Juárez Almaraz
ordenó que se retiraran de la sala los instrumentos de registro de sonido e imagen.
Todos habían leído la Acordada, pero sólo Paloma Álvarez Carreras cotejó con
calma su texto con los artículos del Código Procesal Penal de la Nación que
cita. La morena Álvarez Carreras se complementa a la perfección con la rubia
Gómez Alcorta. A la vivacidad de la abogada porteña, cuya solvencia técnica
transmitida a latigazos verbales cargados de adrenalina desnuda e irrita a
jueces y fiscales, la jujeña suma una inteligencia reflexiva y serena, que
puede lograr efectos demoledores y rara vez marra el objetivo. Las cámaras ya
se habían retirado cuando Paloma citó el texto que los propios jueces habían
acordado y les leyó el artículo 378 del Código, que incluye entre los actos
iniciales la declaración indagatoria del imputado. Los jueces se miraron desconcertados
y no tuvieron más alternativa que permitir el reingreso de las cámaras. Al
culminar su declaración, en la que reivindicó la obra de dignificación y
organización “de los negros” para que no dependan de ningún sector político,
estudien, se capaciten y no tengan que bajar la cabeza, Milagro Sala dijo que
quería confiar en la independencia de la justicia federal. Tal vez sea un
exceso de optimismo, tomando en cuenta el sesgo adverso a los imputados del
presidente del tribunal. Cada vez que hubo una disidencia de interpretación
sobre algún aspecto del proceso, laudó a favor de la querella del contador
Morales, quien para este juicio sumó a su equipo al joven abogado Federico
Wagner, del estudio Gil Lavedra, quien sólo aportó la demostración de que el
radicalismo cierra filas en apoyo del gobernador con olvido del ex presidente
Raúl Alfonsín y su respeto por los derechos humanos. El viernes la conducción
partidaria y de sus bloques legislativos se reunió en Jujuy para expresar su
apoyo a Morales. Almaraz fue juez provincial y su designación fue promovida por
el ex gobernador Eduardo Fellner, uno de los rostros del bipartidismo que se
repartió durante décadas todos los cargos en la justicia. Su desconocimiento de
cuestiones elementales reavivó las versiones nunca comprobadas de que recibió
en forma ilegal las preguntas sobre las que debería responder en el examen ante
el jurado del Consejo de la Magistratura. María Cataldi, designada al mismo
tiempo que Almaraz, está casada con un funcionario del Banco Nación, integrante
de un grupo que cada año festeja el 24 de marzo. Cataldi fue durante años
secretaria del juez federal de Jujuy Mariano Cardozo, quien fue acusado por su
actuación como fiscal y como juez durante la dictadura como encubridor de
privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios. Federico Santiago
Díaz debía responder las consultas de sus noveles colegas cada vez que surgía
alguna duda, porque parece el único con alguna formación. Sus antecedentes en
juicios por crímenes de lesa humanidad no son inequívocos: en la Cámara Federal
de Salta votó por el apartamiento del fiscal Pablo Pelazzo, tal como había
solicitado el principal accionista del Ingenio Ledesma y fuente del poder real
regional, Carlos Pedro Blaquier, pero cuando ese tribunal confirmó el
procesamiento de Blaquier sólo por
complicidad con los secuestros en la infame Noche del Apagón y sin
prisión preventiva, Díaz votó en disidencia por su detención inmediata por
torturas agravadas.
Cochinillo Arellano pide custodia porque tiene
miedo, pero circula solo y muy tranquilo a la luz del día.
Las palabras de Milagro Sala transmitidas
durante una hora en directo, en las que dijo que los pueblos originarios saben
perdonar, que de haber participado de la protesta contra Morales lo hubiera
hecho a cara descubierta, porque a diferencia del gobernador ella siempre ha
ido al frente, causaron conmoción en todo el país y contrarrestaron la
propaganda abusiva del gobierno jujeño, que montó un dispositivo de
inteligencia sobre los turistas de otras provincias para que supuestos
transeúntes o verdaderos taxistas los aborden con la visión oficial sobre la
primera presa política de la democracia argentina.
Las indagatorias
La primera indagatoria fue la de Graciela López,
detenida la misma noche en que Morales fue bañado de huevos e insultado en el
Consejo de Ciencias Económicas jujeño. Dijo que no militaba en la Túpac Amaru
sino en la Corriente Clasista y Combativa y en el Partido Comunista
Revolucionario y que había asistido a la protesta contra el contador Morales
como “cooperativista independiente” que vivió en la calle hasta que construyó
su propia vivienda, que se movilizó porque Morales había acusado de negros
delincuentes a los trabajadores de las cooperativas y prometido que las haría desaparecer.
Ridiculizó la acusación, señalando su figura baja y rotunda. “Tenía 100 kilos
más que ahora, no podía correr, no vine con la manifestación, estaba sentada
adentro cuando llegaron”. Reconoció su amistad con Milagro Sala, con quien
participó en muchas manifestaciones. “Pero en esta no estuvo”. Al llegar
Morales, López levantó un cartel que decía: “Queremos trabajo digno”.
Discutieron cara a cara “y yo no me quedé callada”. Morales le gritó: “A vos te
manda Milagro Sala”, cosa que nadie más dijo ese día y durante los meses
siguientes. López lo refutó ante el tribunal: “A mí no me mandó nadie”. El
segundo imputado, Ramón Gustavo Salvatierra, quien fue detenido en la calle,
cerca del Consejo de Ciencias Económicas, también construyó su propia casa y militó
en la CCC. “Nos decían negros, vagos y ladrones, rótulos discriminatorios”, se
quejó. El racismo sobrevoló toda la audiencia, cuando expusieron los testigos
de la querella. El funcionario radical Miguel Angel Giubergia, correligionario
y amigo de Gerardo Morales testimonió que los agredidos decían que los hechos
“tienen la matriz de Milagro Sala”, aunque nadie la vio allí ni había pecheras
o camisas que identificaran a su organización. También dijo que Graciela López
“hablaba por teléfono y venía con nuevas actitudes y órdenes”. Cuando Gómez
Alcorta le pidió que detallara las palabras que escuchó decir, sólo recordó
“Eh, vamos”. Y agregó: “Como actúan ellos”. El testigo Carlos Alberto Toconas,
funcionario del gobierno provincial, dijo que días antes del episodio Milagro
Sala le había transmitido un mensaje amenazador para el contador Morales,
porque en el debate de la ley audiovisual había hablado de las organizaciones
sociales. Que se cuidara, porque ella sabía muchas cosas de él y también podría
hablar. Pero el diario de sesiones del Senado muestra que en el debate sobre
esa ley, el 9 y 10 de octubre de 2009, Morales no hizo referencia alguna a las
organizaciones sociales. Además, se contradijo con otros testigos de Morales,
como el auditor Alejandro Nievas y su colaboradora María Sorbello, quienes
declararon que las amenazas a Morales el 16 de octubre se referían al intento
de controlar la ejecución de la obra pública por las cooperativas. “A quien vas
a venir a controlar vos”, dijeron haber oído. Nievas dijo que “la primera
reacción de mis amigos, como Gerardo, fue de sorpresa, porque no se esperaba
algo de esas características”, lo cual refuta la idea de que vivían amenazados,
en un clima de violencia. También mencionó un episodio que habría ocurrido poco
antes con un par de auditores. “Fueron a la sede de la Túpac Amaru, en busca de
documentación, allí los encerraron y no los dejaban salir”. Gómez Alcorta le
preguntó si habían denunciado esa privación ilegal de la libertad y Nievas
respondió que no, porque “después se soluciónó”. En aquel momento, Morales dijo
que a su pedido la Auditoría General de la Nación envió dos auditores “y los
sacaron corriendo. Pero el entonces Auditor General Leandro Despouy no confirmó
la denuncia de Morales. “Al principio la organización no quería ser auditada,
pero después accedieron, cuando les explicaron qué información buscaban.
Aparentemente la información que se buscaba se obtuvo”, dijo ante una consulta
para la nota que se publicó en esta columna el 25 de octubre de 2009. El
resultado de esa auditoría, del 3 de septiembre de 2009, también figuró en esa
nota (https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-134056-2009-10-25.html). Sus
conclusiones firmadas por los auditores Alberto Garré y Elvira Muñoz fueron que
“la obra en cuestión se encuentra ejecutada en un cien por cien (100%), no
obstante quedar un saldo impago a la fecha”. Nievas hizo un ampuloso discurso
político en el que acusó a Milagro Sala de generalizar la violencia en la
provincia por medio de amenazas, pero cuando Gómez Alcorta le pidió que
precisara qué había escuchado, sólo respondió “dos o tres palabras”.
–Cuáles– repreguntó la implacable abogada, que
renunció a la dirección del programa Verdad y Justicia cuando el ministerio de
Justicia y derechos humanos le pidió que confeccionara la lista de personas a
despedir.
–Dos o tres palabras es una metáfora– respondió
a los gritos Nievas, quien está mal acostumbrado a las entrevistas cómplices
con la prensa canalla.
Elizabet Gómez Alcorta, que desnuda e irrita a
jueces y fiscales.
También Clarín incurrió en un desplante racista
al presentar a la abogada como una chica de San Isidro, fanática de Fidel
Castro, a quien llaman Eli. Además le hizo saber que controlan su facebook y
que saben cómo se llama su hijito. Esas líneas están inspiradas por el mismo
desdén que provocó en las clases dominantes la construcción en los barrios de
la Túpac Amaru de parques acuáticos, centros de salud y escuelas para los
negros. Tampoco se les perdona presentarse a la justicia con una defensa
técnica de calidad, que además no proviene de un gran estudio. A la inversa,
implican que al poner su arte al servicio de una indígena, la defensora
traiciona a la clase que en forma prejuiciosa le atribuyen, sólo por la
ubicación del colegio público donde cursó sus estudios secundarios.
El testimonio de Nieva incluyó un desopilante
blooper jurídico. Cuando mencionó a su amigo Morales, Gómez Alcorta lo
interrumpió:
–El tribunal le preguntó por las generales de la
ley, si era amigo o enemigo de alguna de las partes y usted juró que no.
–Pensé que se refería sólo a los imputados
–respondió Nievas, quien dijo ser abogado.
Juárez Almaraz, quien orientó la respuesta del
testigo, interpretando qué quiso decir en vez de permitir una repregunta, no
tuvo más remedio que volver a tomarle juramento, lo cual muestra el paupérrimo
nivel de un tribunal que ni siquiera supo disimular su parcialidad con la
anodina jerga judicial, pese a tener al alcance al inefable maestro Batule.
Testigos de cargo
Los únicos testimonios que implicaron a Milagro
fueron los de un matrimonio de cooperativistas, que el actual gobernador
presentó un año después de los hechos. Ambos relataron reuniones en las que
Milagro Sala habría ordenado un escrache al entonces senador radical. René
Orlando Arellano, a quien todos llaman Cochinillo o Cochi, es un expositor
torrencial, que mezcla fechas y lugares mientras habla a borbotones. Tanto él
como su esposa Cristina Noemí Chauque, empleada después de su testimonio en el
municipio de la Capital, conocen desde adentro las organizaciones sociales, de
las que fueron parte. Eso les permite mencionar personas, lugares y episodios
que brindan a sus testimonios una aparente credibilidad que no se sostiene
cuando se repasa en forma detenida cada afirmación y se las contrasta con otras
constancias del expediente, con otras partes de su misma declaración o con la
de su cónyuge, como suele ocurrir al momento de los alegatos finales. También
es probable que sean denunciados por falso testimonio, un delito que se castiga
hasta con diez años de prisión si se comete como en este caso contra los
imputados. Pero en la mecánica de la audiencia pública ambos fueron eficaces,
con golpes bajos bien guionados, como el llanto de la mujer cuanto contó que
Milagro Sala le habría pegado a uno de sus hijos, o la exhibición que
Cochinillo hizo de dos fotografías del muchacho con rastros de golpes en el
rostro. Por supuesto, no hay ninguna constancia sobre cuándo fueron tomadas ni
quién le dejó esas marcas. En cambio, en su indagatoria, Milagro Sala contó que
se fue a vivir con ella un hijo de Chauque, Angel (cosa que la madre confirmó)
porque Cochinillo tomaba mucho y le pegaba. También recordó que Arellano había
sido acusado de vender los bolsos con mercadería, por lo cual fue excluido de
la red de organizaciones, a lo que atribuyó su denuncia. Los testimonios de
Cochinillo y Chauque concluyeron con idéntico discurso político: Milagro no es buena,
es mala, ha hecho mucho daño, ellos están asustados y piden custodia, cosa que
no se condice con la tranquilidad con que se mueve Arellano, quien llegó solo
al tribunal, ni con la desbandada de la organización Túpac Amaru, que ni puede
pagar la luz de su sede. El principal aliado de Morales en el radicalismo,
Ernesto Sanz confesó que la detención de Milagro era el reaseguro de la
gobernabilidad en Jujuy, cosa que se ha logrado al costo de aniquilar el Estado
de Derecho y colocar al gobierno nacional como un paria repudiado por la
comunidad internacional.
El diputado Capusotto
Dentro de su disparatada ofensiva contra los
organismos internacionales defensores de los derechos humanos, un grupo de
legisladores de la Alianza Gobernante presentó un proyecto de ley de consulta
popular para que la población decida si Milagro debe seguir detenida. Ese
texto, salido de la pluma del diputado Capusotto, pero firmado también por los
bloques radical y renovador justicialista de la Legislatura, dice que en 200 años
de historia los organismos internacionales no estuvieron cuando se los
necesitó, como durante las violaciones a los derechos humanos de la dictadura y
que responden a un lobby del anterior gobierno. ¿Nadie les informó de la misión
de la CIDH que en 1979 denunció los secuestros, torturas y asesinatos cometidos
por el gobierno de facto? Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos
trató la denuncia de Juan Gelman contra el estado uruguayo, el entonces
secretario de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, dijo que los
plebiscitos nunca pueden ser usados para no cumplir con la obligación de
garantizar los derechos fundamentales. Gelman se acercó a Cantón y le dijo que
era como pretender que “el amor fuera prohibido con referendums”. Ahora Cantón
es secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires. La Corte les
dio la razón. En la sentencia, del 14 de febrero de 2011, dijo que “las normas
y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos”
constituyen “un límite infranqueable a la regla de mayorías”. En otro caso de
Uruguay, por la ejecución en la mesa de torturas de la profesora Nibia
Sabalsagaray, la Comisión se pronunció contra la vigencia de la denominada Ley
de Caducidad, ya que el límite de la decisión de la mayoría reside en la tutela
de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la
vida y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés
general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados)”.
La auditoría de 2009: la Tupac Amaru terminó las
obras que aún no había cobrado.
Fuente: Página 12