Suicidio a golpes del Estado de Derecho
Mientras el gobierno sufría su tercera derrota
seguida en el Congreso (rechazo a la manipulación electrónica del voto,
emergencia social y reforma del impuesto a los altos ingresos), el asesinato en
una cárcel de Jujuy de un preso cuyo tío no colaboró en la persecución a
Milagro Sala marcó la agonía del Estado de Derecho en uno de los distritos que
gobierna la Alianza Cambiemos, esbozando un amanecer sombrío para su segundo
año en el poder mientras la economía no despierta del letargo recesivo.
El martes, el Servicio Penitenciario jujeño
informó que el detenido Nelson Mariano Cardozo, de 21 años, se había ahorcado
en la cárcel de Villa Gorriti. Pero sus compañeros de cautiverio tenían motivos
para descreer de esa versión, pidieron explicaciones y recibieron golpes, gases
y balas de goma, igual que los familiares de muchos internos que ante las
noticias inquietantes se habían concentrado frente al penal.
La autopsia de Cardozo reveló que lo habían
matado a golpes y que las marcas de estrangulamiento habían sido realizadas
sobre su cadáver para simular el suicidio. No era un preso cualquiera. Su tío,
Alberto Esteban Cardozo, había denunciado que el sábado 27 de octubre de 2007,
Jorge Rafael Páes y el Chato Alberto Avila intentaron matarlo a tiros. Los
disparos hirieron en el abdomen a Soraya Pamela Belen Centellas, una nena de 11
años que hacía las compras en una carnicería próxima. Páes y Avila estuvieron
años prófugos. Según diversos testimonios, se trató de un enfrentamiento entre
dos grupos de 20 a 40 personas, por razones familiares, futboleras y políticas:
Avila también es sobrino de Cardozo, ambos formaban parte de bandos enfrentados
en la hinchada de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y militaban en agrupaciones
distintas en el justicialismo local, que dirimirían en las elecciones del día
siguiente, domingo 28 de octubre.
Grupo de familia
En noviembre de 2010 el juez Raúl Gutiérrez
procesó a los prófugos por lesiones culposas y abuso de armas, calificación que
la Cámara de Apelaciones cambió por la de homicidio simple en grado de
tentativa. Avila fue detenido en marzo de 2015. La causa tomó un giro distinto
a partir de la asunción del gobierno de los contadores Gerardo Morales y Carlos
Haquim, en diciembre de 2015. Al mes siguiente ingresó al expediente una
escucha telefónica a la hija de Páes, Jésica Silvana. El 15 de enero de este
año, la mujer le dice a Páes que habló en la plaza con Mili o La Flaca, quien
le prometió darle dinero para dos meses de alquiler. Un nuevo juez, Pablo
Pullen Llermanos, ordenó la detención de Milagro Sala por encubrimiento. Páes
fue detenido el 15 de febrero en Tartagal. Pero en su declaración indagatoria
del 26 de febrero, Páes dijo que el día anterior al tiroteo, en una reunión
realizada en el domicilio de Milagro Sala, con su esposo Raúl Noro, Ávila,
Augusto Choque (a quien llaman El Peruano) y “varios más que no recuerda”, la
dirigente de la Túpac Amaru mandó “a limpiarlo a Beto Cardozo”. Agregó que él
no quería pero Milagro lo amenazó con la pérdida de su trabajo y dijo que le
pagaba a Ávila con una casa; que durante el trayecto trató de convencer a Ávila
de no hacerlo; que él iba sin armas y que muerto de miedo se agachó “en el
asiento del acompañante, escondido”. La disculpa de Páes también incluyó que
“vivimos en el barrio de la Tupac, rodeados de los matones que hacen cualquier
cosa por unos pesos”. Cardozo es dirigente de la organización social Tekuré,
que entonces estaba enfrentado con la Tùpac Amaru y ahora es su aliado.
Avila negó la existencia de la reunión, de la
cual no se produjo otra prueba que la indagatoria de Páes, sin juramento de
decir verdad porque estaba procesado, pese a lo cual el juez sostuvo que era
una “declaración testimonial”. Ávila dijo que la casa la había comprado un año
antes, con un préstamo de su suegro y la venta de dos motocicletas. Incluso
pidió ser careado con Páes para establecer quien mentía. Al fiscal Diego Cussal
y al juez Pullen Llermanos les bastó el descargo del procesado Páes para cambiar
la calificación de homicidio simple a homicidio agravado por pago o promesa
remuneratoria y procesar a Ávila como autor y a Milagro Sala como coautora,
mientras desvinculaban al ahora colaborativo Páes, pese a que estuvo presente
en el momento del supuesto encargo, acompañó a Avila y escapó con él. Pese a
que varios testigos, entre ellos el policía Gastón Brajeda, dijeron que también
Páes había disparado, Pullen Llermanos le concedió primero la prisión
domiciliaria y luego lo sobreseyó. El 26 de abril Pullen Llermanos ordenó la
detención del denunciante, Beto Cardozo, a quien también procesó porque según
otros testigos, se defendió a tiros de quienes querían matarlo. El caso sigue
una pauta recurrente en la Jujuy de Morales, donde a cada uno se le permite elegir
entre ser acusador o acusado:
En
enero de este año varios cooperativistas imputados por defraudación con los
planes de vivienda para acusar a Milagro Sala declararon en contra de sí mismos
y así fueron excluidos de la persecución judicial.
La
senadora Liliana Fellner reveló que el contador Morales la conminó a votar el
acuerdo con los fondos buitre porque de otro modo también serían procesados los
intendentes justicialistas cuya firma era imprescindible para certificar el
avance de la construcción de viviendas y permitir el pago.
La
diputada Mabel Balconte, procesada igual que Milagro Sala por asociación
ilícita y defraudación, pagó su libertad y la de sus hijos acusando a Milagro
Sala, transacción que quedó al descubierto cuando ingresó dormida al Hospital
de San Pedro con una sobredosis de barbitúricos por la tensión padecida ante la
alternativa que enfrentó.
El registro de la justicia electoral indica que
Pullen Llermanos está afiliado a un partido político en Jujuy y si bien no consigna
a cuál, en su perfil de Facebook el justiciero jujeño declara su agrado por el
presidente Mauricio Macrì, con foto incluida.
La intromisión foránea
El viernes el diario regional El Tribuno publicó
una solicitada firmada por las instituciones representativas del poder
económico jujeño. La Unión Industrial, la Unión de Empresarios, la Sociedad
Rural, la Cámara del Tabaco, la Cámara Minera, la Unión de Cañeros, la
Cooperativa de Tabacaleros, el Consejo de Ciencias Económicas, el Colegio de
Abogados y Procuradores y el Colegio de Escribanos de Jujuy denunciaron la
“intromisión o avasallamiento del derecho interno del país” por parte de los
organismos internacionales, sin “un exhaustivo conocimiento previo y
debidamente informado de las causas en juzgamiento”. Añaden que el gobierno
lleva adelante un proceso de pacificación y diálogo por lo cual reclaman
“resguardar nuestra institucionalidad para mantener la paz y la concordia de
los jujeños”. Entienden que Milagro Sala está detenida por delitos comunes y
graves por “nuestro Poder Judicial, cuya independencia debe defenderse” y que
considerarla presa política mueve a escándalo. Este texto que invoca la “libre
determinación de los pueblos” como basamento del orden mundial, está escrito en
el estilo con que hace cuatro décadas las organizaciones patronales respondían
a la denominada campaña antiargentina, como llamaban a las denuncias por las
violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado. Ya en 2009, el
entonces senador Morales presentó un pedido de informes sobre la Túpac Amaru,
en cuyos considerandos sostuvo que mediante la protesta y la movilización por
“los intereses de los sectores más desprotegidos” la Túpac Amaru ejercía “una suerte de contrapeso relativo de los
poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores
apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los
actores más influyentes de la política local”. Irónicamente, en la semana del
asesinato en la penitenciaría, Morales celebró el primer año de su gobierno con
una ceremonia realizada el viernes con la consigna Paz, Unión y Libertad Civil,
que explicó como libertad de transitar por las calles, primicia que atribuye
como las cámaras patronales a la detención de Milagro Sala. Morales sostuvo que
ni la ONU, ni la OEA ni la CIDH habían refutado “ni una de las razones de la
causa que tengamos presa a Milagro Sala”, en sincera primera persona. Ante
apenas unos miles de personas, exhibió la reconstrucción del bipartidismo que
Milagro Sala había puesto en crisis, al rodearse de 20 de los 21 intendentes y
35 de las 39 comisiones municipales. Poco antes había recibido a la dirigente
de un “Centro de Atención a las Víctimas de
Milagro Sala”, Soledad Mendoza, quien reveló que también habían visto al
ministro de Justicia Germán Garavano. “Cuando
fuimos víctimas de la violencia, de
las golpizas, del amedrentamiento y atropello de Sala, no se formó
ningún comité, ni desde la ONU vinieron a
defendernos”, recitó. El obispo de Jujuy, Daniel Fernández, apoyó la
convocatoria y el presidente del radicalismo provincial, Mario Fiad, repudió
“las presiones externas y amenazas a las instituciones jujeñas”. Estas
invocaciones a la soberanía provincial, desconociendo los tratados
internacionales que obligan a la Nación Argentina y que desde 1994 tienen
jerarquía constitucional, superior a la de las leyes, son propias de un núcleo
oligárquico que no mira más allá de sus intereses pero sorprenden en el
gobierno nacional, que representa a la Argentina ante la comunidad
internacional. Esto no ocurre por falta de medios de presión sobre el contador
Morales. El gobierno jujeño financia el 87 por ciento de su presupuesto con
transferencias del Estado Nacional por el régimen de coparticipación federal.
Además, Jujuy encabeza el ranking de transferencias extraordinarias,
discrecionales del Poder Ejecutivo desde que asumieron Morales y Macrì. La
libertad de Sala fue pedida al Estado Nacional por el Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias y por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Pero Morales dijo que no la liberaría y Macrì lo respaldó
aduciendo que está bien detenida porque muchos piensan que cometió graves
delitos. A esta persecución, iniciada en defensa de la gobernabilidad de Morales
según confesó su aliado Ernesto Sanz, se suma ahora el riesgo no sólo para la
libertad sino también para la vida de quienes se opongan a sus designios. Para
revestir estas agresiones a la convivencia democrática de la jerga
tecnoburocrática que legitima las peores arbitrariedades, el gobierno jujeño
recurrió al fiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana, de 36 años, quien
recorre los medios de difusión nacionales defendiendo las decisiones de una
justicia provincial subordinada al poder político. El último invento de ese
dispositivo autoritario de poder, expuesto por el juez Pablo Pullen Llermanos,
es que Milagro Sala encabeza “el crimen organizado en Jujuy”. Macrì había dicho
antes que se trataba de una organización armada y Millón Quintana la denominó
organización mafiosa. Al mismo tiempo, el gobierno nacional firmó acuerdos con
Estados Unidos para combatir el terrorismo y anunció que está preparando una
reforma de la denominada ley antiterrorista. Uno de sus objetivos es suprimir
la salvedad que por reclamo del CELS introdujo la ex presidente CFK: sólo se
aplica a “actos de terrorismo conforme los describen las convenciones
internacionales” y excluye “de cualquier intención criminalizante los hechos de
protesta social”, que están dirigidos a “reclamar por derechos individuales o
colectivos”. Aun cuando esos reclamos transgredieran la ley penal, “no dejarían
de constituir el ejercicio de un derecho constitucional”. Contra esa reserva se
pronunció el viernes el gobernador de Chubut Mario Das Neves en una denuncia
penal contra diversas organizaciones de la resistencia Mapuche y su lonco,
Facundo Jones Huala, a quienes su ministro coordinador Alberto Gilardino
menciónó como guerrillero. La intención de criminalizar los reclamos sociales y
políticos como actos terroristas unifica al gobierno nacional con el
radical-renovador de Jujuy y el justicialista berreta de Chubut.
Millón Quintana, quien trabajó en la Auditoría
General de la Nación con el auditor radical Alejandro Nieva, se recibió de
abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvo el doctorado en derecho y
un magister en derecho constitucional en la de Palermo y una maestría en Teoría
del Derecho en la New York University School of Law, cuando allí era profesor
de Derecho Global el flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos
Rosenkrantz. Es profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho en
las universidades de Palermo y San Andrés y ha dictado conferencias en la
Universidad de la Sabana, en Bogotá, regida por el Opus Dei. Todo esto no le ha
bastado para comprender algunos conceptos básicos del derecho internacional. En
los últimos reportajes concedidos en Buenos Aires, que la página oficial de la
Cancillería reprodujo en signo de apoyo del Estado Nacional, Millón cuestionó a
las organizaciones no gubernamentales que presentaron el caso ante la ONU y la
OEA (Amnistía Internacional, el CELS y Andhes) porque habrían llevado opiniones
de izquierda y no pruebas de las causas, que los comisionados recién conocerán
cuando visiten el país. Estas organizaciones presentaron la denuncia y no les
compete a los denunciantes sino al Estado aportar todos los elementos en
defensa de su posición. Así lo hizo, pero no fue convincente y ambas
resoluciones concluyeron que la detención era arbitraria y debía cesar, por el
principio de inocencia hasta que un juicio por jueces independientes e
imparciales determine por medio de un debido proceso la culpabilidad del
acusado. Millón Quintana también alegó que ninguna de esas decisiones era vinculante,
ignorando que tanto el Tratado de Viena sobre el Derecho de los Tratados como
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos obliga a los estados signatarios a cumplir con las decisiones que
emanan de ellos y de sus órganos de interpretación. En su gestión como
propagandista oficial, Millón mencionó como pruebas contra Milagro Sala el
hallazgo en su casa de una máquina de contar dinero (que hasta el corte de los
recursos oficiales se usaba en la sede central de la Tupac Amaru para preparar
los sobres de los sueldos que se pagaban) y de una serie de bolsos, en los que
según la denuncia de la arrepentida Balconte se trasladaban sumas millonarias a
la residencia presidencial de Olivos. El argumento mueve a risa, de solo
imaginar que por economizar el costo de veinte bolsos los regresaban vacíos a
Jujuy para volver a usarlos. La impresionable justicia jujeña dio por buena la
declaración de Balconte, cuando comprobó un viaje a Buenos Aires y una reserva
de alojamiento en un apart hotel porteño en la fecha mencionada por la imputada
arrepentida, pero nada sobre el supuesto dinero transportado. Entre las pruebas
que las ONG denunciantes habrían ignorado, Millón menciona la filmación en la
que un grupo de cooperativistas hace efectivos cheques en un banco de Jujuy, en
la primera semana de diciembre del año pasado. Lo que no dice es que se trataba
de un adelanto financiero del 20 por ciento de una nueva obra, que debía
rendirse en un mes, con la certificación de comienzo de los trabajos, cosa que
no ocurrió porque el 16 de enero Milagro Sala fue detenida junto con otros
cooperativistas por el acampe en la Plaza Belgrano, con lo cual el contador
Morales desarticuló el mecanismo de funcionamiento de la organización, muy distinto
del de la empresa privada. Este episodio muestra los límites de la
estatalización de los movimientos sociales, según la definición del Frente de
Izquierda y los Trabajadores.
Dentro de los desatinos oficiales, Macrì rechazó
cualquier comparación con el caso del opositor venezolano Leopoldo López, cuya
libertad fue solicitada por los mismos organismos y con idénticos argumentos a
los que usaron con respecto a Milagro Sala. La persecución a López es política,
no hay cargos de corrupción, dijo el presidente argentino, argumento que esta
semana fue retomado por el columnista de La Nación Carlos Pagni. En el mismo
sentido, el editor de Clarín Ricardo Roa dijo que no había habido
pronunciamientos del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en favor de los
presos venezolanos ni de la CIDH sobre Cuba. El énfasis que se ponga en una
afirmación falsa no la volverá verdadera y sólo demuestra la ignorancia de
quien la sostiene.
La Corte Interamericana condenó en 2011 a
Venezuela por violación al debido proceso de López, quien fue juzgado y
condenado en dos casos de corrupción a multas por casi cinco millones de
dólares e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por seis años.
En el primer caso, Pedevesa, donde López era analista económico, realizó donaciones
por 85 millones de bolívares a la Asociación Civil Primero Justicia, de la que
López era miembro fundador. La madre de López autorizó las donaciones, como
gerente de Asuntos Públicos de Pdvsa, lo que fue definido como un “conflicto de
intereses”. Como alcalde de Chacao, fue condenado por desviar fondos hacia una
finalidad diferente a la que la ley establecía para esa partida presupuestaria.
En junio de este año, el Secretario General de
la OEA cuestionó ante el Consejo Permanente la situación venezolana, apoyó el
reclamo opositor de un plebiscito revocatorio este año, el reemplazo del
tribunal de justicia, la liberación de los presos políticos, la creación de una
oficina anticorrupción independiente y la aplicación de la Carta Democrática,
lo cual le valió una dura réplica del ex presidente José Mujica, de quien había
sido canciller. La Comisión Interamericana fue creada en 1959, como respuesta a
la revolución de los barbudos y desde entonces Cuba ha sido su objeto
principal, con informes anuales del llamado Capítulo IV, que luego de la
elección de Hugo Chávez se extendieron a Venezuela y que no se dedican a ningún
otro país miembro. Esta direccionalidad recién se modificó en 2013, de modo que
cada año se elijan países distintos. Pero también con la nueva normativa, Cuba
y Venezuela fueron seleccionados. El informe del año pasado señala “violaciones
masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos” en la isla. El del año
anterior, sobre Venezuela, menciona una violación grave de las instituciones de
la democracia representativa prevista en la Carta Democrática, que son medios
fundamentales para la realización de los derechos humanos”. Es decir que la
similitud con el caso de Sala es indisimulable.
El primer juicio
El jueves 15 comenzará en San Salvador el primer
juicio contra Milagro Sala, por denuncia de Morales cuando era Senador. El 16
de octubre de 2009, mientras daba una conferencia en el Consejo de Ciencias
Económicas de la Capital, Morales fue interrumpido por Ramón Salvatierra,
Graciela López y otras personas que arrojaron sillas y huevos y entonaron
consignas críticas sobre su gestión. Milagro Sala recién fue vinculada un año
después con el episodio, del que no participó. Como de costumbre, por dichos de
terceros. Morales constituido en querellante presentó al matrimonio formado por
los cooperativistas René Orlando Arellano y Cristina Noemí Chauque, quienes el
13 de agosto de 2010 declararon que Milagro Sala era violenta y que durante una
reunión en su casa, les exigió que agredieran a Morales. Como se negaron, los
amenazó. No faltan detalles pintorescos. Según su versión, Sala les dijo que
“les daría para los huevos”, lo palpó en los genitales para ver si tenía armas
e “hizo que le besen los pies, que la llamen Mami”. Es decir, como en el caso
del tiroteo, ninguna prueba directa, sólo dichos de terceros que se presentan
mucho después y que no fueron comprobados. La calidad del testigo no es la
mejor. Como se sentía en peligro, Arellano pidió custodia. Como Morales era
senador nacional, intervino la justicia federal, que dispuso una custodia para
el testigo. El informe de la Policía Federal no lo favorece: un día se toma a
golpes con su hermano, luego de un incidente de tránsito agrede a su hijo y a
un colectivero, alcoholizado porta armas para las cuales no tiene autorización,
grita y pega a cualquiera. ¿Qué dirán los señores de las fuerzas vivas que
firman la solicitada cuando vean en acción a este único testigo que vincula a
Milagro Sala con un episodio en el que no estuvo presente?