Las querellas de Lidia Papaleo y Rafael Ianover
presentaron sendas apelaciones.
Por Ari Lijalad
Nuestras Voces. 26 de diciembre de 2016
El fiscal Franco Picardi apeló los
sobreseimientos de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé
Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz en la causa por la apropiación
ilegal de Papel Prensa.
El juez Julián Ercolini, que demoró durante años
la causa, intentó dejarlos libres de culpa apelando a los mismos argumentos del
propio Magnetto y omitió pruebas relevantes.
Para Ercolini se trató de un simple acuerdo
entre privados: ni dictadura, ni la muerte dudosa de David Graiver, ni las
actas secretas de la dictadura, ni el material desclasificado de Estados
Unidos.
La Secretaría de Derechos Humanos no apelará la
decisión.
En un escrito de 48 páginas, el fiscal Franco
Picardi dejó al descubierto las omisiones y contradicciones del juez Julián
Ercolini, que el pasado 16 de diciembre quiso dejar libre de culpa y cargo a
los cinco imputados vivos de esta causa.
Es que de los diez imputados originales, gracias
a las demoras sistemáticas en el expediente, ya fallecieron la mitad: entre
ellos, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y José Alfredo Martínez de
Hoz.
La cuestión es relevante porque en su fallo
Ercolini intentó cortar la relación entre vivos y muertos, o sea, entre
empresarios y jerarcas de la dictadura.
En el escrito que presentó ahora el fiscal
Picardi se revelan todas las pruebas que el juez Ercolini descartó sobre esa
relación.
El fallo de Ercolini, que demoró durante años la
causa en complicidad con el fiscal subrogante Eduardo Taiano (que participó del
trámite hasta 2015), tiene como eje encapsular el momento de la venta forzosa
de Papel Prensa y desligarlo de las amenazas previas que sufrió Lidia Papaleo
tanto de militares como civiles y de los secuestros, violaciones y asesinatos
posteriores.
Para Ercolini, siguiendo la versión oficial que
divulgaron todos estos años Clarín y La Nación, se trató de un simple acuerdo
entre privados, unos que estaban construyendo una fábrica de papel y
supuestamente necesitaban vender el proyecto por apremios económicos; otros que
eran dueños de tres diarios y les interesaba el negocio.
Nada más.
Ni dictadura, ni la muerte dudosa de David
Graiver, ni la campaña mediática contra el grupo Graiver, ni las actas secretas
de la dictadura, ni material desclasificado de Estados Unidos, ni numerosos
testimonios que revelan lo contrario fueron tenidos en cuenta por Ercolini.
Para Ercolini, siguiendo la versión oficial que
divulgaron todos estos años Clarín y La Nación, se trató de un simple acuerdo
entre privados, unos que estaban construyendo una fábrica de papel y
supuestamente necesitaban vender el proyecto por apremios económicos; otros que
eran dueños de tres diarios y les interesaba el negocio.
El eje Ercolini-Magnetto
Para apelar la decisión de Ercolini el fiscal
Picardi siguió los ejes de su fallo.
Para Ercolini, la reunión del 2 de noviembre de
1976 donde se concretó el traspaso accionario de Papel Prensa se dió en un
instante encapsulado y sin historia.
Sin pasado ni futuro.
En su escrito de 138 páginas, el juez desarrolla
3 ejes: uno, que no hay relación entre las amenazas previas a ese día y la
venta forzosa; dos, que esa reunión tuvo un marco de tranquilidad y
cordialidad; tres, que tampoco hay relación entre esa operación y los
secuestros, torturas, violaciones y asesinatos de miembros de la familia y el
grupo Graiver.
Para sintetizar la apelación a estos tres ejes,
el fiscal Picardi escribe: “Hay suficientes evidencias de que el grupo
económico Graiver fue perseguido, amenazado y extorsionado, desde el
fallecimiento de David Graiver, con la finalidad de que se desprendan de las
acciones de Papel Prensa S.A., como efectivamente ocurrió el día 2 de noviembre
de 1976, y que esa persecución continúo con posterioridad –cuando fueron
secuestrados, privados ilegalmente de su libertad en centros clandestinos,
atormentados y luego detenidos ‘legalmente’ a disposición del P.E.N.–, hasta
tanto la dictadura cívico-militar que gobernó el país en aquellos años en
connivencia con los dueños de los diarios –agrupados en Fapel S.A.– pudieron
perfeccionar la maniobra delictiva pergeñada y se quedaron con aquel negocio de
manera ilegítima (…) de los elementos probatorios reunidos surgen claramente
las intenciones del gobierno de facto y su connivencia con los diarios La
Nación, Clarín y La Razón, para lograr la apropiación ilegal”.
Lo que resulta notable de las tesis de Ercolini
es su coincidencia con la versión de los hechos que el propio Magnetto decidió
dar a conocer semanas antes del fallo en su nuevo libro, “Así lo viví”.
Ercolini sostiene que la operación no tuvo que
ver con el contexto previo ni posterior cuando Magnetto asegura que “el momento
histórico en que se produjo esa operación no lo eligió Clarín”.
Ercolini afirma que “la venta del paquete
accionario de Papel Prensa S.A. habría estado motivada en el descalabro
financiero y de liquidez en el que había entrado el grupo económico con la
muerte repentina de David Graiver y la necesidad de vender activos” e insiste
en que sus problemas eran las deudas con Montoneros, y en su libro Magnetto
dice: “Los dueños se estaban desprendiendo de todas sus inversiones por la
deuda que tenían con Montoneros”.
Ercolini plantea que “está acreditado también
que el proyecto de contar con una empresa propia que cubriera las necesidades
de producción de papel para diarios había sido uno de los temas que se
abordaban en el diario Clarín desde el año 1972 (…)
Deben descartarse entonces que hubieran existido
maniobras apresuradas y de interés repentino”, siguiendo la línea de Magnetto
que publica: “La mejor prueba de que no fue algo nuevo u oportunista fue que
Clarín venía trabajando muy seriamente en entrar a la producción de papel desde
varios años antes”.
Lo cierto es que Clarín sólo tenía un sello de
goma, FAPEL, que fue un simple instrumento para la operación.
En otro pasaje Ercolini repite que “tampoco
existen siquiera indicios que lleven a presumir un acuerdo entre los
adquirentes de PPSA (Papel Prensa SA) y los gobernantes de facto que incluyera
una compraventa jurídicamente realizada”, coincidiendo con Magnetto que en su
libro cuenta que “ni los diarios fueron a buscar a los militares para conseguir
el negocio, ni los militares nos vinieron a buscar a los diarios”.
Ercolini dice que no se pagó un precio vil;
Magnetto que “se pagó, y se pagó un precio justo”.
Lo que resulta notable de las tesis de Ercolini
es su coincidencia con la versión de los hechos que el propio Magnetto decidió
dar a conocer semanas antes del fallo en su nuevo libro, “Así lo viví”.
La tijera de Ercolini
Para el fiscal Picardi hay un accionar
recurrente del juez Ercolini, que consiste en recortar o soslayar testimonios y
pruebas que contradicen su objetivo.
Hace mención a esto en varias partes de su
escrito.
Por ejemplo, Picardi afirma que Ercolini “omite
la valoración de ciertos testimonios, por ejemplo, o efectúa de ellos un
análisis parcial, mientras que sobreestima otros tantos.
En tal sentido, en ambos casos, evita una
consideración acerca del porqué parcializa la valoración de prueba producida, o
directamente la desecha, incluso aquella a todas luces contundente y cargosa”.
Para sobreseer a todos los imputados, el juez
Ercolini sostuvo: “No se ha probado de modo alguno una vinculación entre los
adquirentes de PPSA el día 2 de noviembre de 1976 y los mencionados hechos
previos de coacciones, intimidaciones y amenazas”.
O sea, intenta separar las amenazas previas (que
sí existieron) a la operación.
En la apelación, el fiscal Picardi reconstruye
los testimonios desdibujados por el juez.
Hay un ejemplo clave. Ercolini se apoyó en que
Isidoro Graiver, hermano de David, cambió su testimonio durante el correr de la
causa.
De hecho, algo que no figura en el escrito del
fiscal, el propio Magnetto le confesó al periodista Martin Sivak: “Sin ese
testimonio yo terminaba preso”.
Lo que el juez Ercolini hizo fue descartar una
primera declaración testimonial donde Isidoro Graiver daba cuenta de presiones
y amenazas previas, y tomar sólo un acta que el mismo testigo presentó producto
de una maniobra judicial justamente impulsada por Clarín.
Según consta en el acta, el hermano de Graiver
presentó este escrito del que se sirve Ercolini “a requerimiento de AGEA”, que
es la razón social que edita el diario Clarín.
Lidia Papaleo, Rafael Ianover y Osvaldo Papaleo
Una reunión cordial
En uno de los pasajes del fallo Ercolini
re-victimiza a la víctima.
Lo hace con una antiguada regla probatoria,
según la cual no se pueden confirmar los dichos de quien denuncia si no hay un
tercero que los apuntale.
En las causas por delitos de lesa humanidad esta
regla fue expresamente descartada por tribunales internacionales y los
tribunales nacionales siguieron su ejemplo.
El motivo es sencillo: es un despropósito de
exigir testigos en situaciones creadas por los imputados para lograr impunidad.
En este caso la víctima, Lidia Papaleo, contó no
sólo las presiones previas a la operación del 2 de noviembre de 1976 sino las
que recibió ese día por parte de Magnetto, un imputado.
Sin testigos.
En su fallo, el juez Ercolini sostiene: “Salvo
las afirmaciones de Lidia Papaleo de que en oportunidad de la celebración de la
reunión en la sala del diario La Nación, Héctor Magnetto le habría instado a
que firme la cesión de acciones bajo amenazas de muerte hacia ella y su hija, los
restantes declarantes presentes en la ocasión no sólo que no corroboraron que
ello haya sucedido, sino que, por lo contrario, afirmaron que la reunión y la
operación se desarrollaron con absoluta normalidad y tranquilidad”.
O sea, pide ratificación de una amenaza personal
y selecciona testigos que le cuentan de una asamblea cordial y feliz.
Para desmerecer el testimonio de la víctima
Ercolini toma la declaración del contador Hugo Bogani, venido hace pocas
semanas desde Miami sin avisar a las querellas para simplemente relatar una
versión de que la venta se hizo en un ambiente sin presiones ni aprietes.
Bogani “lo recuerda como una reunión social, que
se celebró en un marco de cordialidad, la gente conversaba entre ella, era un
acto muy importante, había profesionales que asistían a las partes, estar ahí
fue concurrir a un acontecimiento”.
Una declaración que vino como anillo al dedo.
Para completar la operación, Ercolini se negó en
los días previos a su fallo a tomarle declaración a Horacio Sepic, que estuvo
en la misma reunión y, según las querellas demiente a Bogani.
Dato aparte, el abogado histórico de Bogani es
Pablo Noceti, defensor de represores y actualmente jefe de Gabinete del
Ministerio de Seguridad.
Para el fiscal Picardi, “Magnetto realizó su
aporte más evidente al hecho, consistente en apartar a Lidia Papaleo en un
sector de la habitación, desde el cual la obligó a firmar los documentos de
cesión de las acciones en su poder bajo la amenaza de muerte contra ella y su
hija.
Recordemos que esta amenaza se encontraba
respaldada por los sucesos intimidatorios que la habían tenido por víctima en
los meses anteriores y que Magnetto sólo podía conocer y usufructuar en virtud
del acuerdo que lo unía con los mandos de la dictadura cívico-militar”.
En su escrito, el fiscal Picardi también afirma
que “independientemente de quien llevara la voz de mando en la operación, lo
cierto es que todos los allí involucrados cumplieron un rol central en la
ejecución del plan previamente concertado, al darles razones coactivas –ya sea
verbalmente, mediante gestos o aun con su sola presencia– a las víctimas del
hecho, indicándoles de diversos modos, más o menos directos, que su vida y la
de sus seres queridos estaban en sus manos”.
En síntesis, mientras Ercolini (siguiendo la
línea de Clarín y La Nación) sostiene que los Graiver realizaron la operación
en libertad y sin presiones, el fiscal Picardi demuestra lo contrario.
En síntesis, mientras Ercolini (siguiendo la
línea de Clarín y La Nación) sostiene que los Graiver realizaron la operación
en libertad y sin presiones, el fiscal Picardi demuestra lo contrario.
“Resulta difícil explicar –sigue Picardi– que
los supuestos vendedores aceptasen todas estas condiciones si no fuese por la
coerción y apremio que denunciaran.
De otro modo, no se comprende que una mujer que
acababa de enviudar pudiera desprenderse de bienes que integraban el patrimonio
de su única hija y que debían entrar en la sucesión de su marido (…)
Es decir, Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y
Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las
víctimas y así lograr el resultado ilegítimo finalmente conseguido”.
Los secuestros
El otro eje del sobreseimiento que decretó el
juez Ercolini es que no hay relación entre la operación en torno a Papel Prensa
y los posteriores secuestros del Grupo Graiver.
Para el juez, se trató de una cuestión de lógica
temporal, y dijo: “las detenciones no encuentran conexión lógica, ni
cronológica, ni jurídica con los contratos celebrados”.
Las pruebas abundan en sentido contrario.
“Yerra el juez cuando para acreditar la
interrupción causal entre el negocio jurídico de venta de acciones y el
posterior secuestro de los Graiver y allegados, evalúa que transcurrieron
varios meses”, plantea el fiscal Picardi, que sostiene que no sólo el tiempo
entre la operación y los secuestros no es tan largo sino que, aún si lo fuera,
hay pruebas suficientes para conectarlos.
En su apelación, el fiscal Picardi reseña: “El 2
de noviembre de 1976 la familia Graiver firmó un convenio mediante el cual
enajenó acciones que pertenecían, entre otros, a una menor de edad cuyo interés
debía ser especialmente protegido, con el aporte de una suma menor al 1% del
precio de venta presuntamente acordado.
Cabe destacar que el saldo final de la operación
(más del 98% del precio) debía ser abonado a los 90 días de la firma del
convenio (2 de febrero de 1977), aunque dicha suma recién habría sido entregada
por los diarios al escribano Poggi el 19 de abril de 1977: una semana después
de que se hicieran públicos los secuestros de los integrantes del grupo Graiver
y el mismo día en que Jorge Rafael Videla los ‘blanqueó’ mediante una
conferencia de prensa ofrecida en el Comando en Jefe del Ejército.
Se advierte así que el pago aludido por la
defensa de la casi totalidad del precio de la venta de acciones se efectuó
cuando los integrantes del grupo se encontraban secuestrados en el Centro
Clandestino de Detención llamado Puesto Vasco”.
Es decir, al argumento de Ercolini (siempre en línea
con Clarín y La Nación ) de que cuando secuestraron a los miembros del Grupo
Graiver la operación ya había concluido, el fiscal Picardi desnuda su
inexactitud.
Mientras en su fallo Ercolini insiste en
compartimentar lo que pasó el 2 de noviembre de 1976 y escindirlo del contexto
dictatorial, el fiscal Picardi plantea lo opuesto: la imposible separación del
marco en el cual primero se amenazó, luego se extorsionó y luego se secuestró a
Lidia Papaleo y demás miembros del Grupo Graiver.
“Es tal la conexión vincular entre la venta
coactiva, objeto del legajo, y el posterior contexto de secuestros, privaciones
ilegales de la libertad y torturas sufridas, que mientras Juan Graiver, Lidia
Papaleo, Silvia Fanjul, Lidia Gesualdi, Eva Gitnacht, Isidoro Graiver, Rafael
Ianover y Jorge Rubinstein se encontraban desaparecidos, los abogados de los
diarios Clarín y La Nación, Bernardo Sofovich y Manuel Benito Campos Carlés
intentaron pagar una suma dineraria correspondiente a la trasferencia ilícita
en el domicilio de Ianover, conociendo su situación de secuestrado”, señala
Picardi.
Mientras en su fallo Ercolini insiste en
compartimentar lo que pasó el 2 de noviembre de 1976 y escindirlo del contexto
dictatorial, el fiscal Picardi plantea lo opuesto: la imposible separación del
marco en el cual primero se amenazó, luego se extorsionó y más tarde se
secuestró a Lidia Papaleo y demás miembros del Grupo Graiver.
También resalta Picardi el contenido del Acta de
Reunión de la Junta Militar N° 19 del 6 de abril de 1977, dos días después del
asesinato bajo tortura de Jorge Rubinstein, mano derecha de Graiver y hombre
clave de sus negocios.
En esa reunión, los genocidas trataron “el
problema de Papel Prensa”, lo que demuestra la conexión entre los secuestros y
la operación en torno a la fábrica de papel.
Para más vinculaciones, recuerda el rol del
general de brigada Oscar Gallino, hombre a cargo del Grupo Graiver en
cautiverio, que al día siguiente de esa reunión de la Junta recibió a los
directores de Clarín, La Nación y La Razón para hablar de un tema: Papel
Prensa.
Estas reuniones se repitieron con un objetivo:
preparar los interrogatorios de los secuestrados.
En síntesis: los militares coordinaron los
interrogatorios bajo tortura de los miembros del Grupo Graiver, que comenzaron
el día después de esa reunión cívico-militar.
“En consecuencia, ante este panorama no puede
aseverarse que al momento en que fueran secuestrados los integrantes del Grupo
Graiver y sus allegados más directos, la operación cuestionada había concluido
(en tanto restaba el saldo de casi la totalidad del precio), circunstancia esta
que evidencia la íntima conexión con los sucesos que damnificaran a los
Graiver, luego del 2 de noviembre de 1976”, sintetiza el fiscal.
Corriendo el eje
Entre otras maniobras de dilación, el juez
Ercolini ordenó por su propia cuenta, sin que se lo pidiera ninguna de las
partes, una pericia contable para determinar si el precio que supuestamente se
pagó por Papel Prensa era adecuado.
Ercolini pidió la pericia contable el 17 de
junio de 2013, pero recién comenzó el 29 de abril de 2014.
O sea, 10 meses después.
A estas demoras se sumó un elemento clave.
Ercolini quería desviar el objeto de la investigación, ya que no importaba el
monto del pago si se había realizado bajo extorsión y en conexión a delitos de
lesa humanidad.
Ercolini, señala el fiscal Picardi en su
apelación, actuó “como si los hechos en cuestión se hubiesen tratado de una
simple transacción comercial o financiera entre partes libres, dedicadas a
hacer negocios en tiempos de estabilidad institucional y democrática”.
Picardi insiste: “el análisis del juez para
arribar a la desvinculación definitiva de los imputados, desvirtúa por completo
la hipótesis de investigación delineada por el Ministerio Público Fiscal al
determinar el objeto procesal en las presentes”.
Estos eran los delitos de extorsión en el marco
dictatorial, lo que convierte toda la acción en delitos de lesa humanidad.
El fiscal Picardi desnuda la estrategia de
Ercolini: desdibujar el objeto de la investigación (extorsión en contexto de
dictadura) para plantear que no hay conexión entre la venta, las presiones
previas y los secuestros posteriores.
En sus palabras: “Es esa operación de
desfiguración infundada del objeto procesal atribuido la que permite afirmar
que ante la no comprobación de vínculos causales entre la venta y los
gravísimos delitos sufridos y que el precio pagado fue acorde a los de mercado,
la venta no fue compulsiva.
De otra manera: que la transferencia accionaria
no se ha llevado a cabo con los ribetes y aristas delictivas que los acusadores
públicos sostuvimos a lo largo del proceso”.
Picardi incluso sostiene: “es imprescindible
ceñir su análisis a las reglas propias de la valoración probatoria a fin de que
su razonamiento pueda ser seguido y controlado por las partes y no producto de
una inclinación personal”.
Aún más, y ya concluida la pericia, el fiscal
Picardi insiste en los recortes del juez Ercolini para justificar su fallo,
donde afirma que no se pagó un precio vil.
“De la lectura conjunta de la totalidad de las
respuestas brindadas por los peritos contadores y licenciados en economía no
puede concluirse que el precio abonado se ajustó a los valores de mercado (…)
A pesar de ello, el juez afirmó en su resolución
que no se ha probado que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un
precio vil o de desproporción alevosa. ”.
Picardi afirma que para llegar a la conclusión
de que no se pagó un precio vil Ercolini hizo “un análisis parcial y equivocado
del peritaje realizado durante la investigación y no considerada la totalidad
de la información allí volcada”.
Dentro de la cuestión financiera surge otra
prueba de la conexión entre Clarín, La Nación y La Razón con la dictadura en la
operación Papel Prensa.
Se trata del ahogo financiero que sufrió el
Grupo Graiver para este proyecto.
Según consta en el expediente, la construcción
de Papel Prensa contaba con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo
(BANADE).
Pero, reseña Picardi, “al momento de la
maniobra, el Estado se encontraba desfinanciando el proyecto productivo de
Papel Prensa S.A.
Dicha decisión se basaba en la titularidad de
las acciones por parte del grupo Graiver”.
Con el cambio de dueños forzado, la cuestión dió
un vuelco y el BANADE no sólo reactivo el financiamiento sinó que lo aumentó.
“Corresponde resaltar que la política crediticia
del estado se modificó drásticamente solo 23 días después del traspaso
accionario”, destaca Picardi en su escrito.
Una vez más, reitera que Ercolini omitió el informe
del BANADE donde constan esta maniobras.
El “curro” de los derechos humanos
Con la apelación del fiscal Picardi ya son tres
de las cuatro partes acusadoras las que se oponen al fallo de Ercolini.
Las querellas de Lidia Papaleo y Rafael Ianover
(91) presentaron sendas apelaciones.
Pero la que falta revela una vez más el pacto
cómplice entre el gobierno de Mauricio Macri y el bloque mediático comandado
por Magnetto.
Se trata de la querella de la Secretaría de
Derechos Humanos (SDH), hoy a cargo de Claudio Avruj.
El Estado Nacional, a través de la SDH, era
querellante de esta causa desde el 21 de septiembre de 2010, cuando el entonces
Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, patrocinado por su
subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, se presentaron ante
el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, donde se
inició esta causa antes de pasar a Comodoro Py.
Comandada por Duhalde y Alén, la SDH hizo
muchísimos aportes al expediente.
Pero con el cambio de gestión la cuestión en
torno a Papel Prensa cambió y el gobierno de Macri tomó la decisión de desistir
de la apelación.
Para esto hizo propios todos los argumentos de
Ercolini: que no hay relación causal entre amenazas previas a la venta de Papel
Prensa y los empresarios que se quedaron con la empresa; que tampoco se probó
la relación entre la operación y los secuestros posteriores de los miembros del
Grupo Graiver; que tampoco se probó que la operación fuera por un precio vil;
que los diarios ya tenían un proyecto de producción de papel por lo que no fue
algo improvisado; etc.
Con el cambio de gestión la cuestión en torno a
Papel Prensa cambió y el gobierno de Macri tomó la decisión de desistir de la
apelación.
Para esto hizo propios todos los argumentos de
Ercolini.
En definitiva, la gestión Macri-Avruj desecha
todo lo que sostuvo la SDH durante años para darle la razón al juez y someter
al Estado a los intereses de Magnetto, Ernestina, Mitre y sus compañeros de
imputación.
Cómo sigue
Para Picardi, “no sólo los delitos endilgados en
cabeza de cada uno de los imputados han sido corroborados –con las
características propias de esta etapa–, sino que la imputación se encuentra lo
suficientemente consolidada como para avanzar hacia la correspondiente
intimación de los hechos a sus intervinientes”, esto es, llamarlos a
indagatoria.
En definitiva, que se produzca la imagen que
Magnetto quiere evitar: su foto en las escalinatas de Comodoro Py.
El fiscal Picardi afirma que el juez Ercolini
sobreseyó a Magnetto y compañía gracias a “una lectura y análisis recortado y
sesgado de la prueba producida” por la cual llegó a la falsa conclusión de que
no había nada en el expediente que comprobara la conexión entre la venta de
Papel Prensa y la alianza cívico-militar de los tres diarios y las tres armas.
La cuestión se dirimirá en la sala I de la
Cámara Federal, que ya rechazó en 2015 las indagatorias a los imputados con los
votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y ahora sin el único juez que votó a
favor de esa medida, Eduardo Freiler, recusado por La Nación.
Allí tiene un rol clave el fiscal Germán Moldes,
que en su momento ya fue recusado por la SDH pero sostenido por los jueces.
En esta causa, Moldes protagonizó un hecho
notable.
Es de uso y costumbre que la fiscalía se siente
separada de los abogados defensores.
Pero en Papel Prensa todo se pervierte: en la
audiencia donde se debatió el llamado a indagatorias, el fiscal Moldes se sentó
junto a los abogados de Magnetto y compañía.
Consecuente, no acompañó los pedidos de
indagatoria que hizo el entonces fiscal Leonel Gómez Barbella.
Ahora, si la cuestión llega a esa instancia,
queda ver si sostiene el planteo de Picardi o no.
En otra causa sensible para el Grupo Clarín,
como fue la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman, cuando insistió en su
investigación el fiscal Moldes afirmó: “Muchachos, hice todo lo que pude”.
¿Será igual con Papel Prensa? Fuente:
Nac&Pop
