Entrevista a Florencia Gentile, doctora en
Ciencias Sociales y referente de la red "Argentina No Baja".
"El ministro Garavano confunde dos
cuestiones. Una es la necesidad de hacer una reforma del régimen penal juvenil
adecuado a las normativas internacionales de derechos de infancia y
adolescentes, y otra bajar la edad de punibilidad", explica Florencia
Gentile, doctora en Ciencias Sociales por la UBA y referente de Argentina No Baja,
una red de organizaciones sociales, políticas y académicas que se opone a la
iniciativa del Poder Ejecutivo de disminuir la edad en la que los chicos pueden
ser juzgados. "Hoy la Argentina se rige por un decreto de la dictadura que
obviamente no está construido desde el paradigma de derechos, porque no propone
medidas alternativas a la privación de la libertad. Por eso el país ha sido
sancionado internacionalmente, pero adecuarse al régimen penal no quiere decir
bajar la edad de punibilidad", precisa.
Gentile integra el plenario del Consejo de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires por la
Legislatura. Su designación fue aprobada por unanimidad en el recinto a raíz de
sus años de investigación sobre la situación de los chicos cuyos derechos son
vulnerados. Ahí, añade, está la base de lo que luego se presenta como necesidad
punitiva.
"Los adolescentes están insertos en una
trama de múltiples violencias desde que nacen. Desde las intrafamiliares,
muchas veces desencadenadas por condiciones sociales precarias e inestables,
hasta las que viven en el barrio, donde uno de los actores principales son las
fuerzas de seguridad. Después aparece un caso de un pibe que comete un delito y
los medios enfocan en la última partecita de la cadena de violencia, pero no se
puede deslindar de lo que viene sufriendo a lo largo de su vida", añade
Gentile
–¿Cómo analizás la reacción social que generó el
caso de Brian?
–La mirada que prevalece está muy permeada por
la construcción mediática, que es muy estigmatizante: construye la figura del
"joven pobre y delincuente" como causante de la inseguridad. Cuando
analizás los datos concretos ves que el porcentaje de delitos graves cometidos
por adolescentes de menos de 16 años es ínfimo. Entonces, si esta asociación no
se basa en datos estadísticos, es una construcción estigmatizada que simplifica
situaciones sociales muy complejas.
–¿La acción del Estado alimenta o va en contra
de esa construcción?
–En los barrios, la primera cara del Estado que
conocen en la experiencia cotidiana es el hostigamiento de la policía. También
ahí está la escuela y en los años anteriores había programas sociales y
oficinas de acceso a la justicia. Pero lo que fue pasando a lo largo del último
año es que esas dimensiones del Estado se fueron retirando. Se fue vaciando de
recursos hasta directamente dar de baja algunos programas con el pretexto de
reorganización o modernización del Estado. No es que antes no había una
dimensión represiva del Estado en los barrios, el tema es que ahora sólo queda
eso.
–¿Qué se propone la red Argentina No Baja?
–El planteo de bajar la edad de punibilidad no
es nuevo. Aparece esporádicamente, muchas veces asociado a cuestiones
electorales, pero desde hace mucho hay voces que señalan que esto es absurdo,
que no soluciona el problema de la seguridad. Pero pocas veces es el ministro
de Justicia de la Nación el que encabeza una propuesta de este tipo. Por eso
constituimos la red y definimos una serie de puntos en común: como que la
medida de bajar la edad de punibilidad es ineficaz (solo uno de los 175
homicidios cometidos en 2015 en la Ciudad fue cometido por un menor de 16);
empeora la situación de los niños en lugar de resolverla; los utiliza como
chivo expiatorio, es regresivo en relación a sus derechos y, por tanto, es
inconstitucional.
–¿Y de qué manera interpretan ustedes el
resurgimiento de este planteo precisamente en este contexto?
Fuente: Tiempoar