La directora de la Fundación Internacional
Baltasar Garzón (FIBGAR) e hija del exmagistrado, María Garzón. EFE/Archivo
María Garzón ha reclamado ante la Eurocámara que
“emitan una declaración contundente que respalde a esas familias que buscan a
sus hijos, y a esos hijos que buscan su identidad. Sólo la presión
internacional puede hacer que las cosas cambien en mi país”.
MADRID.- La directora de la Fundación
Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) e hija del exmagistrado, María Garzón,
reclamó este jueves al Parlamento Europeo que inste al Gobierno de España a
investigar los casos de bebés robados. Garzón planteó en el 6º Meeting of the
Working Group on Children Welfare Issues celebrado en la Eurocámara la
necesidad de enviar una recomendación sólida al ejecutivo español para
solventar el problema de los niños robados en España, como una cuestión que
trasciende a la época franquista y que se prolongó hasta inicios de los años
90.
“Las familias se encuentran con un total
desamparo ante las instituciones con esta cuestión que compone una práctica
proveniente de la época franquista y que el Gobierno no quiere asumir”, explicó
María Garzón. Solicitó además ante los parlamentarios que “emitan una
declaración contundente que respalde a esas familias que buscan a sus hijos, y
a esos hijos que buscan su identidad. Sólo la presión internacional puede hacer
que las cosas cambien en mi país”. También indicó como especialmente importante
la puesta en marcha de mecanismos pedagógicos: “la sociedad no conoce bien la
realidad más allá de las víctimas y las organizaciones que trabajamos en esta
causa”.
es”.
María Garzón apeló también a la propuesta ya
aprobada en el mes de abril por la Comisión de Justicia del Congreso de España,
“pero aún no ha sido ejecutada por nuestro Gobierno y las víctimas españolas
siguen esperando”.
Para la directora de FIBGAR, la necesidad es
cada vez mayor: “Estamos caminando contrarreloj. Se trata de un colectivo que
ni siquiera es reconocido como tal por el Estatuto de la Víctima, habiendo
tenido que acudir a la justicia argentina incluso a pesar de ser el colectivo
de víctimas más numeroso en nuestro país. Al menos existen 150.000
desaparecidos y más de 30.000 niños robados en la época franquista a los que
debemos sumar las víctimas de tortura, trabajo esclavo y otros crímenes
acontecidos en aquella época”.
FIBGAR, como organización de defensa de los
Derechos Humanos, trabaja por la búsqueda de la Verdad, la Justicia, la
Reparación y las Garantías de no repetición, “y por ello nos sorprende ver cómo
instituciones europeas rechazan constantemente la petición de justicia de
españoles en estos asuntos por considerarlos de índole interna”, continuó María
Garzón, “pero no lo son ni por la naturaleza de los hechos ni por la
imposibilidad de buscar justicia en nuestro país: se trata de crímenes de lesa
humanidad”.
30.960 niños arrebatados de sus padres
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
en su Declaración de condena de la Dictadura Franquista de 17 de marzo de 2006,
hace referencia a que “los niños perdidos son también parte de las víctimas del
franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para
permitir su adopción por familias adictas al régimen o enviados a instituciones
del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como
´inadecuada´ para su formación”. Según los datos del Auto de Baltasar Garzón
del 18 de noviembre de 2008, se estima que 30.960 niños fueron arrebatados a
sus padres y entregados a familias ´leales´, con el objetivo -al menos el
declarado-de que fueran educados en los principios del nacionalcatolicismo.
Con esta medida se debía evitar que sus madres
biológicas crearan las condiciones necesarias para el desarrollo del gen
marxista, ya presente en su ADN. “Estos hechos violan varios artículos de la
Convención de los Derechos del Niño”, señaló María Garzón, “en concreto los que
van del 7 al 11 y que tratan específicamente del derecho a preservar la
identidad, evitar la separación involuntaria y la obligación de los Estados de
combatir estas prácticas”.
Banco de ADN y gratuidad de pruebas
Tras la exposición, algunos miembros de la
Comisión plantearon diversas cuestiones centradas en las acciones que deben
ponerse en marcha. Soledad Cabezón, parlamentaria europea del Grupo de la
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, destacó que es preciso contar
con distintas vías judiciales al no ser posible el proceso penal. María Garzón
respondió poniendo en valor la búsqueda de Justicia a través de la Jurisdicción
Universal en otros países como Argentina y la necesidad de trabajar por la
creación de una Comisión de la Verdad en nuestro país. Como acciones concretas,
resaltó la necesidad de que se lleven a cabo las propuestas formuladas por la
Comisión de Justicia del Congreso como “la creación de un banco de ADN y el
establecimiento de pruebas gratuitas que permitan la búsqueda y localización de
estos niños, ya adultos, con el objetivo de recuperar su identidad”.
Por su parte, la diputada letona Tatjana
Zdanoka, del Grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea, recordaba el
tratamiento de este tema en la legislatura anterior destacando la necesidad de
abordarlo en el pleno del Parlamento Europeo. La parlamentaria Eleonora Evi,
presidenta del Grupo de Trabajo para el Bienestar de los Niños, apoyó esta
observación y apuntó la posibilidad de tratar los casos postfranquistas con el
objetivo de desvincular el problema del imaginario colectivo.
Desde FIBGAR, María Garzón insistió en la
necesidad de traer el pasado al presente en base a la importancia de los
mecanismos de justicia transicional. “La única manera de conseguir la no
repetición de estos hechos es aplicar esta Justicia, Verdad y Reparación para
sus víctimas, porque tengan por seguro que las víctimas son no solo las
familias, sino la sociedad entera. Y es indispensable que los jóvenes y niños
conozcan nuestra historia, para entender el presente y para trabajar por un
futuro en una Europa más justa para todos. Como yo, muchos españoles
necesitamos sentirnos amparados por usted.
Fuente: Público