Por Carlos Del Frade
El 21 de enero de 2016, la presidenta en
ejercicio del Poder Ejecutivo de la Argentina, Gabriela Michetti, firmaba el
decreto de necesidad y urgencia 228 que declaraba la emergencia nacional en
seguridad. Por eso no es casualidad que a casi un año, el gobierno nacional
impulse la hipócrita, cínica e inútil medida de castigar a las chicas y los
chicos entre catorce y dieciséis años como si fueran los causantes de los males
argentinos. Leer más
Entre sus fundamentos el decreto sostenía que
“son los sectores más vulnerables del pueblo argentino en quienes impacta de
lleno la inseguridad social y la espiral creciente del delito, por lo que
resulta imperioso que el Estado Nacional haga valer el poder de policía de
seguridad del que lo inviste la Constitución Nacional”.
Agregaba que “la droga arruina la vida de
familias enteras y no podemos resignarnos ni aceptar esta realidad como algo
natural. Que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la
seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en
tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional. Que
tales circunstancias ameritan adoptar las medidas que permitan extremar el uso
de los recursos del Estado Nacional en orden a enfrentar los flagelos
señalados”, decían algunos de sus principios rectores.
En el artículo 12, según publicó el Boletín
Oficial de la República Argentina, apuntaba a la intervención de fuerzas
federales en los territorios provinciales.
“Actuación conjunta de las jurisdicciones
locales y federal. Los Gobernadores de Provincia, en su carácter de agentes
naturales del Gobierno Federal, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y de las
medidas tomadas en el Consejo de Seguridad Interior, facilitarán y prestarán,
coordinadamente con las fuerzas policiales y de seguridad federales, todo el
apoyo y logística que se les solicite en sus respectivas jurisdicciones a los
efectos del cumplimiento y éxito de las operaciones que se emprendan en la
lucha contra el delito complejo y el crimen organizado.
“Las Provincias y el Gobierno de la Ciudad
enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de
Seguridad, mientras que aquella información relativa a denuncias,
investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes,
lo harán al Registro Unico de Análisis de Narcotráfico (RUAN) creado por la
Resolución del ex Ministerio del Interior N° 788/07”, decía el texto.
El decreto 228, entonces, fue la llave legal que
le permitió y permitirá al gobierno nacional actuar en las jurisdicciones donde
más se perciba el mayor impacto de la inseguridad, en “los sectores más
vulnerables”.
Más que seguridad, parece ser una reglamentación
del control social.
Por eso no es casualidad que a casi un año de
aquel decreto, el gobierno nacional impulse la hipócrita, cínica e inútil medida
de castigar a las chicas y los chicos entre catorce y dieciséis años como si
fueran los causantes de los males argentinos.
Dice Martín Granovsky que “la sociedad no puede
mejorar bajando la edad por el simple hecho de que los delitos graves cometidos
por la franja de entre 16 y 14 años no pasan del cinco por ciento del total. En
cuanto a los más graves, los asesinatos, no superan el 2 por ciento en la
Ciudad de Buenos Aires y el 4 por ciento en La Plata y el Conurbano bonaerense.
Con el agregado de que esos homicidios y los cometidos por todas las franjas
etarias solo en un 14 por ciento se realizan en medio de un robo. Lo revelan
estudios de la Corte Suprema hechos hasta 2012 en el Instituto de
Investigaciones dirigido por Matías Bailone”, apunta el periodista.
Pero la suerte del sujeto a controlar ya estuvo
echada a partir de aquel decreto 228, versión argentina del Plan Colombia,
cuyos resultados fueron miles de pibas y pibes muertos y desaparecidos y
afianzamiento del negocio narco a partir de bandas criminales que, por decenas,
reemplazaron a los dos carteles que alcanzaron dimensiones casi mitológicas
como el Medellín y Cali.
La idea es el control social, poner la lupa y la
represión contra la pibada menor de treinta años con la excusa de combatir los
“peligros colectivos” como se dice en el texto del decreto 228.
Cada vez es más claro el mensaje del gobierno,
bajo el pretexto de luchar contra la inseguridad, las fuerzas de seguridad
nacionales y provinciales con el futuro aporte de las fuerzas armadas,
mostrarán que las causas de todos los males son los saqueados de siempre, los
empobrecidos de la Argentina en cuyo trono de la vida cotidiana se puede ver a
la innoble desigualdad.
Por eso quieren bajar la edad de imputabilidad,
porque creen en la filosofía política del decreto 228, en lo que generó el Plan
Colombia en 2002, es decir, la lógica del imperio que ya no admite nunca más el
surgimiento de generaciones revolucionarias como en los años sesenta y setenta.
Fuente: Agencia Pelota de Trapo