Siete de los diez detenidos fueron liberados
Las autoridades provinciales afirman que los
mapuches de Cushamen no tienen apoyo de otras comunidades y son delincuentes.
Como prueba ofrecieron una página web que solo informa sobre Chile. Los presos recusaron al juez “por enemistad
manifiesta”.
(Imagen: Dalel de Haro. Red de Apoyo Comunidades
en Conflicto)
Por Franco Spinetta
El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán,
tildó de “terroristas” y “delincuentes” a los manifestantes de la comunidad
mapuche Pu Lof en Resistencia. La comunidad mantiene desde hace dos años una
disputa por las tierras adquiridas por el grupo Benetton, que reclaman como
propias.
El martes a la noche, la Gendarmería y la
policía provincial atacaron la comunidad en el departamento de Cushamen, con un
saldo de varios heridos –dos de gravedad- y al menos diez detenidos. El
gobernador Mario Das Neves, añadió que "hace tiempo en Chubut hay un grupo
de violentos que no respetan las leyes, ni la Patria, ni la bandera y agreden
permanentemente a cualquiera”
“Son delincuentes, no es un grupo que pelea,
como lo vienen haciendo muchas comunidades desde hace muchos años por sus
derechos”, dijo Durán. Al mismo tiempo, el funcionario acusó a los mapuches de
Pu Lof de provocar disturbios y así intentó justificar la fuerte represión policial, que fue condenada
por gran parte del arco político y Amnistía Internacional.
Según la versión del Gobierno, difundida por sus
voceros, el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ocupa desde marzo de 2015
parte de una de las estancias de la empresa Tierras del Sud SA, perteneciente
al grupo multimillonario Benetton.
Sin embargo, la comunidad en conflicto no
pertenece a la RAM –aunque sí uno de los referentes detenido y herido, Fausto
Huala- sino al Movimiento Autónomo del Puelmapu (MAP), que nuclea diversos lof
(comunidades) en Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y La Pampa.
Las mismas fuentes gubernamentales intentaron
ligar a este grupo con una web, paismapuche.org, y la supuesta reivindicación
de actos de sabotaje, ataques a poblaciones y quema de vehículos. Lo cierto es
que esa web no remite a una ninguna acción ocurrida ni en Chubut ni en la
Argentina, sino en la República de Chile. El Gobierno también intentó minimizar
el apoyo del resto de las comunidades mapuches al conflicto de Pu Lof. “Hemos
dialogado –aseguró Durán- con integrantes de la comunidad (aborigen) y para
nada avalan" este conflicto.
Soraya Maicoñia, referente de Pu Lof, desmintió
al funcionario e indicó que el gobierno provincial lleva a cabo una “campaña de
difamación utilizando a algunos mapuches que traicionaron a su pueblo. La
mayoría de las comunidades apoyan al MAP y sus luchas. Nosotros no atacamos a nadie,
sino que nos defendemos y nos sentamos a hablar de igual a igual con el
gobierno, no somos menos que nadie”, agregó.
Con la excusa de que era necesario liberar una
parte de las vías del tren turístico La Trochita, Gendarmería y policía
provincial desalojaron el martes ese piquete, por orden del juez federal de
Esquel, Guido Otranto. La represión contra esta comunidad continuó y se agravó
el miércoles por la noche, cuando la Infantería provincial disparó contra
integrantes de Pu Lof y dejó varios heridos, dos de ellos de gravedad.
Según contó Maicoñia, la “represión por parte de
la Infantería fue completamente ilegal, no tenían ninguna orden. Entraron
tirando a matar, nos quieren amedrentar. Estamos dispuestos a defender la
tierra”. Para Durán, en cambio, los incidentes comenzaron luego de que un
“grupo de integrantes del lof empezara a apedrear el vehículo" policial.
Amnistía Internacional expresó “máxima
preocupación ante la magnitud de los hechos y los preocupantes antecedentes en
relación a los ataques contra la comunidad mapuche”.
Siete manifestantes fueron liberados
Los abogados de los mapuches recusaron “por
discriminación" al juez José Luis Colabelli, quien debía decidir el
destino de siete de los diez detenidos. La cercanía entre el Poder Judicial y
económico de la provincia quedó al desnudo tras conocerse que la esposa de
Colabelli, Gladys Carla Rossi, es la responsable del consulado de Italia en
Esquel, es decir la responsable de velar por los intereses del empresario
textil italiano Luciano Benetton, según denunció María del Carmén Verdú,
titular de la Correpi.
Si bien el juez que se hizo cargo de la causa,
Hernán Dal Verne, declaró legal y constitucional la detención de los
manifestantes, la defensa logró que fueran liberados tras aducir la existencia
de "riesgo procesal".
Fuente: Página 12