Por Gabriela Cerruti | 12 de enero de 2017
La Unidad de Información Financiera (UIF) que
desoyó las alertas sobre las transferencias dudosas a Gustavo Arribas está
controlada por María Pía Monkes Calcaterra, sobrina del Presidente y apoderada
de las empresas familiares. Monkes Calcaterra fue denunciada en España por
evasión impositiva y en Dominicana por fraude en una estafa al estado llevada
adelante por un consorcio integrado precisamente por IECSA y Odebrecht. Este
verano no dejó de ir a las terrazas de Manantiales en Punta del Este, meca de
los Macri-Calcaterra, pese a que ya la habían nombrado a cargo de Recursos
Humanos de la (UIF).
“Lo insólito ahora no es que Punta del Este esté
mucho más accesible, sino que la Argentina está carísima en pesos”, comentaba
Teresa Calcaterra, mientras invitaba a su familia con un suculento desayuno en
Mar de Verdes, en Manantiales. “Claramente, la gente acá está mucho más
relajada, en ánimo y en gastos, también por la estabilidad del dólar en la
Argentina y porque por primera vez, uno siente que acá no lo están robando”,
graficaba Pía Monkes. Las noticias de los diarios esteños no daban cuenta
entonces que se trataba de la familia del nuevo presidente argentino.
María Pía no es solamente la sobrina de Mauricio
Macri y Angelo Calcaterra.
Es también la apoderada de SOCMA, la empresa del
clan Macri, desde el año 2001, y de SIDECO, desde el 2005 según consta en las
actas que mantiene en su archivo la Comisión Nacional de Valores. Apenas asumió
el nuevo gobierno, fue nombrada a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de
la Unidad de Información Financiera para desde allí digitar el organismo: fue
quien desmanteló las áreas que venían trabajando y nombró amigos en los lugares
sensibles que le garanticen que, como en el caso de Gustavo Arribas, no se
investiga a los miembros del gobierno y sus empresas. El cargo de Monkes
Calcaterra depende directamente de un buen amigo de su tío, el ministro de
modernización Andrés Ibarra.
La resolución que la nombra debió dejar claro
que no se cumplían con los requisitos de la ley. María Pía no tiene antecedentes en el poder judicial sino que es
una experta en Recursos Humanos recibida en la universidad privada.
Luego de controlar y firmar todos los balances y
las actas de directorio del holding durante diez años, se trasladó junto a su
tío Angelo Calcaterra a IECSA cuando la familia fingió la venta de la
constructora.
María Pía se acostumbró a lidiar con cuestiones
judiciales desde sus inicios en SOCMA. Empezó a trabajar en el departamento
legal, con un jefe y accionista llamado Víctor Composto, que terminaría
condenado por estafa en 2010, en la quiebra de una empresa del Grupo.
Su siguiente jefe de Socma terminaría procesado
en el escándalo del caso Siemens, que incluyó el pago de sobornos por más de
100 millones de dólares a funcionarios menemistas para quedarse con el negocio
de la informatización de los DNI. Según determinó el juez Ariel Lijo en 2013, un
grupo de directivos de Socma habría acordado con Siemens no impugnar la
adjudicación directa concedida por Menem.
La encargada de seleccionar y capacitar a los
recursos humanos UIF que deben que controlar que las empresas no evadan
impuestos o laven dinero, fue denunciada el año pasado por el gobierno de
España por ser la administradora de una de las compañías que más había evadido
al fisco en ese país: Inversora Andina Ibérica SL figuraba allí con una deuda
de 7.366.548 de euros.
Notas relacionadas:
De acuerdo con el Boletín de Estado de España
(el boletín oficial de ese país) Inversora Andina Ibérica SL es una compañía
presidida por Angelo Calcaterra y tuvo como administradora y apoderada hasta
julio del 2015 a María Pía. La denuncia fue el final de una investigación del
parlamento español sobre las mayores empresas deudoras del fisco.
Monkes también se vio envuelta en un escándalo
de corrupción en República Dominicana. En un mecanismo que parece repetirse en
toda latinoamérica, una oscura licitación aparentemente arreglada de antemano
hizo que varias empresas se repartieran la construcción de las distintas
autopistas del país. Esas empresas son nombres conocidos también en la obra
pública argentina: Ghella, Obeldertrech, Iecsa e Inversora Andina. Todas estas
empresas, lejos de competir, formaron un consorcio denominado DOVICOM que se quedó
con la construcción de autopistas y el cobro de peajes. Los peajes aumentaron
desproporcionadamente y las autopistas nunca se construyeron. El Estado debió
finalmente retomar el control, pero para hacerlo debió resarcir con casi
cuatrocientos millones de dólares a las empresas.
Nota relacionada:
Su firma puede rastrearse en todas las Actas de
diretorio de SOCMA, SIDECO y IECSA en los últimos años. Después de los
escándalos de Dominicana y España se refugió como Directora de Recursos Humanos
de la multinacional Monsanto hasta que su tío Mauricio le pidió que se hiciera
cargo de la sensible Unidad de Información Financiera.
Un cambio en la ley
La madrugada en que se aprobaba en el Congreso
la ley de blanqueo de capitales, cuando nadie prestaba ya atención a la
votación, imprevistamente el PRO introdujo un cambio: mudó la Unidad de
Información Financiera de la órbita del ministerio de Justicia a la de
Economía.
En la reglamentación de la ley, además, se
quitan varias de las funciones a la UIF: sólo podrá informar de presuntos
delitos u operaciones sospechosas con la debida aprobación y dictamen de su
presidente. Que lo hará, claro, asesorado por su directora de capacitación y
recursos humanos.
Fuente: Nuestras Voces