Por Frente Unico / Resumen Latinoamericano/ 26
marzo 2017.- La avanzada del Gobierno Nacional de la mano del Pro se manifiesta
en nuevos privilegios para las fuerzas militares, otorgándoles la facultad de
hacer relevamientos Socio-ambientales como parte de sus tareas de espionaje
interno y exigiendo entrenamiento y preparación militar para garantizar el
“principio de progresividad en el uso de la fuerza”. Estas medidas van a
contramano de las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
En un contexto donde la crisis económica de nuestro
país se sigue profundizando, ocasionando múltiples necesidades no resueltas,
problemas que el Estado deja pasar y no resuelve y sistemáticas demostraciones
de malestar en las barriadas populares, son estos sectores quienes se unen para
manifestarse y organizarse.
Claro está, que la unión de los sectores populares,
es una de las principales amenazas para los gobiernos capitalistas, ya que es a
partir de esta unión donde se generan las fuerzas necesarias para dar una lucha
en la disputa entre capital y trabajo, relación que como bien sabemos, es
desigual y perjudicial para las y los trabajadores. Es por eso que el Gobierno
Nacional, de la mano del Ministerio de Defensa a cargo de Julio Martinez,
avanza un paso más para garantizar refuerzos en esta pulseada.
En los inicios de este año de permanentes
conflictos sociales en nuestro país y toda Latinoamérica, el pasado martes 21
de febrero de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina
la resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa, la cual evidencia la
habilitación -por parte del gobierno de Mauricio Macri- a las Fuerzas Armadas
para realizar tareas de inteligencia interna desde el relevamiento de informes
socio-ambientales. Los informes son una herramienta que faculta -a quien los realiza-
para indagar sobre la estructura del grupo familiar, sus condiciones de vida,
ideas u opiniones en general, para identificar la localización de la vivienda
(con planos y fotografías), y tener un panorama bien pormenorizado de los
sectores sociales más marginalizados y luchadores de nuestra sociedad. Un mapa
para tomar intervención con toda la información de inteligencia necesaria dando
libertad a las Fuerzas Armadas para tomar injerencias en asuntos de Seguridad
Interior. El terreno se sigue preparando para la intervención directa por parte
de las fuerzas represivas en los conflictos sociales que, como ya dijimos, irán
en ascenso. Esta resolución garantiza también abogados del Estado en el caso de
que alguno de estos efectivos militares sea denunciado por espionaje y con este
aspecto cubren el cabo suelto que quedaba para el plan de espionaje interno más
acabado de los últimos tiempos.
Además de ser un claro atropello a los Derechos
Humanos, dichas tareas de inteligencia van en contra de la Ley Federal de
Trabajo Social N°27.072 sancionada el 10 de Octubre del 2014 y promulgada el 16
de Diciembre del mismo año. Dicha Ley, reconoce a los y las profesionales del
Trabajo Social por su “relevancia social, contribución a la vigencia, defensa y
reivindicación de los DDHH, la construcción de ciudadanía y la democratización
de las relaciones sociales”, a partir de lo cual manifiesta explícitamente en
el Art. 9 Inc.3, que son quienes a través de su título habilitante, pueden
llevar a cabo distintos informes sociales, entre los cuales se encuentran los
Socio-ambientales. Informes que desde la disciplina son utilizados para
relevamientos de situaciones sociales que se traducirán posteriormente en
políticas públicas que deben garantizar el acceso a condiciones dignas para
todos los ciudadanos. Claro está, que las fuerzas represivas darán uso a estos
informes para identificar, controlar y eliminar -con el pretexto de acciones de
Defensa Nacional- los gérmenes de conflicto social que se puedan originar en
las barriadas y sectores populares de nuestra sociedad.
Un Estado en pleno ejercicio de la democracia
dispone, a través de su Ministro de Defensa y por resolución, que las Fuerzas
Armadas ingresen a los hogares a realizar espionaje. Patricia Bullrich,
Ministra de Seguridad de la Nación se despacha en contra del ingreso de
inmigrantes a nuestro país por considerarlos partícipes de hechos delictivos en
torno al narcotráfico. A tan solo días de cumplirse 41 años desde la última
Dictadura Militar, las políticas públicas impulsadas por el actual mandatario
nos alertan sobre lo necesario de continuar organizándonos y uniendo nuestros
reclamos y luchas.
Fuente: Resumen Latinoamericano
