Por Ricardo Ragendorfer
El gobierno de Cristina Kirchner quitó las
escuchas telefónicas del ámbito de la ex SIDE y se las pasó al Ministerio
Público Fiscal. Fue luego del escándalo por pinchaduras ilegales en la Ciudad,
por el que procesaron a Macri, su ministro Narodowsky y el ex PFA “Fino”
Palacios. Macri fue desprocesado luego de asumir la Presidencia. Y en su
enfrentamiento con la Procuradora Gils Carbó, le quitó el control sobre las
pinchaduras telefónicas y se lo otorgó -por decreto- a la Corte Suprema, como
ofrenda al supremo Lorenzetti. Ahora, un fiscal investiga a la Corte y a la AFI
por las escuchas filtradas de CFK y Parrilli. Una trama que parece un guión de
George Orwell interpretado por Peter Sellers.
En los tiempos que corren ya no resulta original
establecer paralelismos entre el mundo imaginado por George Orwell en su novela
1984 y ciertos sistemas políticos del presente. Claro que el gobierno del PRO
se suma con entusiasmo a semejante generalidad. De hecho, Mauricio Macri es sin
duda una especie de criatura orwelliana, pero en clave de comedia; un Big
Brother fallido, cuyos retorcidos ensayos de vigilancia masiva y control social
suelen desbarrancarse una y otra vez en el abismo del error.
Ejemplo de ello es el affaire de las pinchaduras
telefónicas al ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar
Parrilli, y la filtración ilegal a medios oficialistas de sus conversaciones
con Cristina Fernández de Kirchner. Una osadía delictiva que por ahora produjo
dos efectos: el inicio de una causa penal –impulsada por el fiscal Federico
Delgado e instruida por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral– para
identificar al entregador de los audios y, como melodía de fondo, un airado
intercambio de acusaciones entre la cúpula actual del organismo de espionaje
–integrada por el incombustible Gustavo Arribas y Silvia Majdalani– y los altos
dignatarios de la Justicia enlazados a la maniobra, al menos por su cercanía
institucional. A saber: el mismísimo presidente de la Corte Suprema, Ricardo
Lorenzetti; los dos camaristas a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos del Poder Judicial, Martín Irurzún y Javier Leal de
Ibarra; el director ejecutivo del Departamento de Captación de Comunicaciones, Juan
Rodríguez Ponte, junto a los jueces federales Ariel Lijo y María Romilda
Servini de Cubría. Un gran elenco para el caso que dejó al descubierto la
intromisión estatal en la vida privada de los ciudadanos
La guerra de la Triple Alianza
El edificio está en la Avenida de los Incas
1834. Es una construcción de siete pisos con ladrillos a la vista y ventanales
polarizados. Allí, entre el invierno de 2008 y el otoño siguiente, solía acudir
una vez por semana el espía Ciro James para retirar las escuchas ilegales
encargadas por el Gobierno de la Ciudad. Era la sede de la Oficina de
Observaciones Judiciales de la ex Side, más conocida como la “OJota”. Ya se
sabe que por ese asunto, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el entonces
ministro de Educación porteño, Mariano Narodowsky, y el propio James, entre
otros implicados, se encuentran en la antesala del juicio oral. Pero Macri,
quien encabezaba el lote de procesados, salió bien librado del asunto: el 22 de
diciembre de 2015 –apenas 12 días después de acceder al sillón de Rivadavia–
fue bendecido por el juez federal Sebastián Casanello con un muy oportuno
sobreseimiento.
Medio año antes, Parrilli –ya al mando de la
flamante AFI que reemplazó la ex SIDE– había disuelto la OJota, y sus
pinchaduras pasaron a la órbita del Ministerio Público Fiscal. Un artero golpe
para la central de espías, dado que la venta de escuchas era una de sus cajas
históricas, lo mismo que las pinchaduras sin orden ni control judicial o
político con todo tipo de fines.
Desde luego, el hecho de que la jefa de los
fiscales fuera Alejandra Gils Carbó no mejoraba las cosas cuando asumió el
nuevo gobierno. De modo que Macri, en su ofensiva contra ella, traspasó la
potestad de las intervenciones telefónicas a la Corte Suprema mediante un DNU,
exactamente al mes de asumir la primera magistratura. Así nació el Departamento
de Captación de Comunicaciones, cuyo mandamás operativo, Juan Rodríguez Ponte,
antes fue secretario letrado del juez Lijo. En la actualidad, comanda un
ejército de 250 fisgones de la AFI subordinados a dicha dependencia. Su cuartel
general sigue siendo el edificio de la Avenida de los Incas. Aquel sitio es
ahora uno de los escenarios bajo la lupa del fiscal Delgado.
Las conversaciones privadas de Parrilli con CFK
y quien fuera su segundo en la AFI, Juan Martín Mena, comenzaron a ser
televisadas a partir del 26 de enero en medios afines al gobierno. Sus
editorialistas, casi a coro, enumeraban un cúmulo de actos inmorales y graves
delitos por parte de la ex presidenta: desde pronunciar malas palabras hasta
urdir una conspiración contra el célebre espía Antonio Stiuso, además de
presionar a jueces del fuero federal. Pero ni por las tapas repararon en el
verdadero delito en curso: la difusión de audios filtrados ilegalmente, algo muy
mal visto por la ley de Inteligencia. Lo cierto es que ese material tuvo una
excelente acogida por parte del público, al punto de opacar la presencia del
escribano Arribas ante el escritorio del juez Lijo, donde debía explicar cómo
recibió la fortuna en dólares girada a su cuenta por el tesorero fantasma de la
constructora Oderbrecht. Cosas del rating.
Lo notable es que aquellas escuchas hayan
hibernado durante meses. Una de estas fue ordenada en abril por la jueza
Servini de Cubría, por pedido expreso del entonces flamante “Señor 5” –tal como
se lo llama al director de la AFI–, quien deseaba averiguar si su antecesor
retuvo material secreto del organismo.
En otras palabras, solicitó la instrumentación
de una “pre-causa”, eufemismo que alude a un recurso pseudo-legal –y aplicado
únicamente en hechos muy excepcionales– que permite poner bajo investigación a
una persona sin tener un delito concreto que probar. Y la jueza aceptó con
beneplácito esa invitación a “salir de pesca”. Pero cuatro meses más tarde, al
no encontrar nada extraño, archivó la intangible pesquisa, ordenó además –tal
como lo estipula la ley– la destrucción de los audios y sus transcripciones.
La otra escucha fue ordenada por Lijo, en un
expediente que instruye contra Parrilli por el supuesto delito de no haber
perseguido debidamente al célebre narco Ibar Pérez Corradi. Fue curioso que
aquella intervención telefónica haya sido efectuada en forma on-line; es decir,
con agentes de la AFI monitoreando durante cuatro meses en tiempo real los diálogos
de Parrilli con CFK. Tamaña tarea sólo suele hacerse en casos de suma urgencia
o de flagrancia: para atrapar a alguien con las “manos en la masa”. Sin
embargo, éste no era el caso: Pérez Corradi, por entonces ya estaba preso. Hay
quienes piensan que Lijo mantuvo la causa en pie con el único propósito de
vigilar a Parrilli e ir ganando favores en la otra vereda política o para tener
algo que “negociar” con el oficialismo.
Los audios telefónicos ordenados por ambos
juzgados federales acaban de resurgir, como el Ave Fénix, a través del delito
de la filtración a la prensa. Pero, en las escuchas autorizadas con la firma de
la doctora Servini de Cubría hubo una trapisonda previa: no haberlas destruido,
tal como ella había dispuesto oportunamente. Otro delito grave.
A espaldas a ese costado del Código Penal, los
fiscales Ramiro González y Guillermo Marijuan –quien ya logró procesar a
Parrilli por el encubrimiento a Pérez Corradi– impulsaron nuevos cargos contra
CFK –tráfico de influencias y el armado de causas para incriminar a Stiuso–,
dado que –según anticipó el periodista Nicolás Wiñazky en el diario Clarín– en
esas escuchas “surgieron nuevas pruebas que la involucrarían en una causa que
se abrirá en su contra”. Una auténtica primicia.
A simple vista, la dinámica de la Triple Alianza
es de manual: los agentes de la AFI graban al prójimo, los medios amigos
difunden sus dichos y los fiscales los llevan a indagatoria. Tal circuito se
cumple a rajatabla con una llamativa recurrencia. Pero es posible que, al menos
en esta oportunidad, los hacedores de tan ingenioso protocolo no hayan
imaginado –al igual que sus mandantes– la explosiva irrupción de una pesquisa
judicial al respecto.
El avispero pateado
El 23 de febrero, el Presidente y la primera
dama fueron agasajados en España por la pareja real. Las imágenes de aquella
gala –que muy al estilo de alguna pintura de Goya lo mostraban a Macri con un
frac cargado de condecoraciones junto a Felipe VI– se embotellaban en redes
sociales y pantallas televisivas. En La Plata, mientras tanto, la gobernadora
María Eugenia Vidal pulseaba sin éxito las paritarias con los gremios docentes.
Y aún flotaban en el aire los más recientes escándalos del régimen: el acuerdo
del Correo que condona la deuda de la familia Macri con el Estado, el
antojadizo nuevo cálculo para determinar el aumento semestral de los jubilados
y la reforma por decreto de la ley que regula las ART. Ese mismo miércoles, el
juez federal Canicoba Corral abría la causa para investigar las filtraciones de
las escuchas telefónicas.
Tal expediente se puso en marcha con un dictamen
de fiscal Delgado que solicita precisar una serie de cuestiones: cuál fue el
organismo encargado de producir las pinchaduras, la identidad de quienes las
ordenaron y también la de los agentes que las hicieron, junto con la lista de
funcionarios intervinientes en la “cadena de custodia” del material y datos
acerca de los mecanismos de seguridad aplicados en su resguardo. El dictamen
asimismo incluye una duda casi retórica: si algunas interceptaciones fueron
parte de una “precausa”. Pero, además, requiere una información altamente
sensible: el listado de todas las “precausas” tramitadas en Comodoro Py desde
el año pasado. Un listado que, sin duda, deparará nuevas sorpresas. Por último,
el fiscal enumera las posibles fuentes de la filtración, un conteo que incluye
funcionarios políticos, los jefes de la AFI y altos integrantes del Poder
Judicial. Y su remate fue: “Todo aquel que tuvo acceso a las escuchas pudo
haberlas filtrado”.
Estos pilares de la República están ahora atados
a una ingrata controversia, una puja cargada de recelos entre quienes, hasta
descarrilarse la “operación”, sólo tenían objetivos comunes. Ya tras divulgarse
los audios, la AFI emitió un breve comunicado exculpatorio: “Este organismo
niega terminantemente ser responsable de la difusión de dicho material”. Esa
frase telegráfica bastó para que el doctor Lorenzetti recogiera el guante al
ordenar a los involucrados bajo su ala –Irurzun, Leal de Ibarra, Rodríguez
Ponte, Servini de Cubría y Lijo– poner en conocimiento del máximo tribunal
“toda circunstancia orientada a dilucidar la responsabilidad que pudiere
corresponder a los agentes judiciales intervinientes”. Los camaristas
esgrimieron, entonces, un descargo escueto y formal. Rodríguez del Ponte, en
cambio, se mostró más locuaz e, incluso, en una entrevista al diario Perfil
deslizó que la fuente de las filtraciones “puede estar en la AFI o el juzgado”.
Lástima que no le repreguntaron si se refería al de la doctora Servini de
Cubría o al de Lijo. La primera, por su parte, justificó su ajenidad al asunto
con su directiva no cumplida de destruir el material, cosa que compromete a la
AFI. Por lo pronto, sólo se sabe que los audios llegaron a las manos del
responsable de Asuntos Judiciales de la AFI, José Padilla; de ahí en más, el
rastro de las escuchas es un misterio. Con respecto a las ordenadas por Lijo,
éste supo señalar que tuvo los CD en su caja fuerte. Después, como al pasar,
atinó a reconocer que únicamente envió una copia “al fiscal Marijuan a fines de
enero pasado”. Fue en esa época, precisamente, cuando los audios tomaron estado
público. Pero el diminuto fiscal, cuya amistad con periodistas es notoria, no
se pronunció sobre esta cuestión en particular.
Desde una perspectiva totalizadora, el caso
Parrilli pudo probar lo que hasta no hace mucho era apenas una sospecha: el
Poder Ejecutivo, a través de la AFI y la estructura del Poder Judicial abocada
a las escuchas telefónicas, espía a los ciudadanos desde principios de 2016.
Una renovada franquicia para los servicios de inteligencia, cuya dinámica dejó
a la intemperie el uso político de sus tareas y también la manipulación de
expedientes en Comodoro Py.
Fuente: Nuestras Voces
