Víctor
Hugo Morales trató el tema, vinculándolo con las denuncias y la persecución que
el diario Clarín emprendió contra la procuradora
Una serie de allanamientos se realizaron en
sedes de la Procuración General de Nación y en casas de imputados, en el marco
de la causa donde está acusada la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.
Los operativos se realizaron en una
investigación por la compra del edificio central del organismo, en Perón 667 de
Capital Federal, por más de 40 millones de pesos.
El juez federal Julián Ercolini dispuso los
procedimientos en distintos edificios de la Procuración y la Procelac (la
Procuración contra el lavado de activos), donde se secuestraron computadoras y
material de interés.
Los investigadores buscaban los datos de una
serie de correos electrónicos que envió Guillermo Bellingi, quien oficiaba como
subdirector general de la Procuración y luego se desempeñó en la Procelac,
hasta que fue suspendido en su cargo.
Bellingi tuvo activa participación en el proceso
licitatorio por la compra del edificio y su hermano es un productor de seguros
llamado Juan Carlos Thill que asesoró a la inmobiliaria Jaureguiberry y
Asociados, informaron fuentes judiciales.
Entre ambos habrían cobrado unos 7 millones de
pesos que pagó a Arfinsa, la empresa integrante del Grupo Bemberg que vendió el
edificio de la calle Perón.
Ercolini delegó la investigación en el fiscal
Eduardo Taiano, quien pidió que la Unidad de Información Financiera (UIF)
determine cuál fue la ruta del dinero que se pagó como comisiones, según se
indicó.
El juez también dispuso allanamientos en la casa
de Thill, en la ciudad de La Plata, y en la inmobiliaria Jaureguiberry y
Asociados, indicaron los voceros judiciales.
La causa se inició a partir de una denuncia
contra la procuradora Gils Carbó por la presunta comisión de los delitos de
cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos en la
compra del edificio de la calle Perón 667.
El caso comenzó con una presentación realizada
por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien, tras una investigación preliminar,
formalizó la demanda en la que se fueron acusados Gils Carbó y su ex marido Héctor
Alonso, vinculado con la inmobiliaria que intervino en la operación, entre
otras personas.
Fuente: El Popular
