La declaración de Macrì de lucha contra las
mafias y el rol en la mafia calabresa de Antonio Macrì, jefe de la ’Ndrangheta
en Siderno, a 30 km de Polistena, donde el abuelo del presidente hizo fortuna
como constructor y concesionario del Correo antes de dedicarse a la política y
emigrar. El nuevo encubrimiento en la causa por el atentado a la DAIA. Milagro
Sala y la peregrina equiparación con criminales de lesa humanidad que imagina
Lorenzetti, quien ya no impera en soledad sobre la Corte Suprema.
Por Horacio Verbitsky
El lunes el presidente Maurizio Macrì firmó con
los sindicatos de trabajadores de la construcción y de obras sanitarias y con
la cámara patronal de empresas constructoras un denominado Acuerdo Federal, que
en realidad es una carta de intenciones. Incluye capacitación para prevenir
accidentes laborales, modificaciones legales que incentiven la construcción de
viviendas para alquiler si el Congreso las aprueba, desgravaciones impositivas
si los gobiernos provinciales y los bancos adhieren, créditos del Banco Nación
a tasas y plazos que deberían ser atractivos, reducción de los precios de venta
de inmuebles para sectores medios, si las empresas lo disponen. Anunciado luego
de la movilización a favor del gobierno del sábado 1º y en la semana del primer
paro general de la CGT, ese catálogo de propósitos edificantes intentó mostrar
un gobierno activo que mantiene abiertos los puentes con los representantes de
los trabajadores. Por eso desconcertó a propios y extraños que Macrì eligiera
esa ocasión para emitir un ígneo discurso antisindical, frente a los
oficialistas seriales Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y Andrés Rodríguez,
los dirigentes más dispuestos a conciliar con el Estado, cualquiera sea su
gobierno. Aún eufórico por el acto del 1º de abril, contó que un cartel decía
que “voté a Macrì porque no quiero más mafias” y prometió luchar contra los
“comportamientos mafiosos, que están en los sindicatos, las empresas, la
política, la Justicia. No podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país
y con el derecho a poner palos en la rueda sistemáticamente. Voy a dar esa
batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos”. Al día
siguiente reunió a sus ministros y se preocupó por que trascendieran las
palabras que les dirigió, a propósito del paro de la CGT que no podía impedir y
que se concretó el jueves: “O los mafiosos van presos o nos voltean”.
Esta deliberada reiteración presidencial
recuerda la primera denuncia contra las mafias de Domingo Cavallo, dos meses
antes de la elección presidencial de 1995, es decir el mismo uso proselitista
que le da hoy Macrì: presentarse como el bien en lucha mortal contra el mal.
Teología Política I. Pero también hace pensar en una nota publicada en este
diario hace un mes y medio. No tuvo la repercusión que merecía, acaso porque su
título no permitía atisbar de qué trataba, tenía la prosa ascéptica de la
academia y su fina ironía pasó inadvertida para el apurado lector de diarios.
“Andragathos”, es el título. El texto explica que esa palabra proviene del
grecoitaliano usado en Calabria y está constituida por andrós –hombre– y
agathòs –bello y bueno– entendido como valeroso o corajudo.
Andragathos no se refiere a los pequeños felinos
que desde hace un tiempo entibian los sillones de la política argentina, como
una novedosa invectiva adosada al apellido presidencial.
En los dialectos calabreses andragathos da origen
a la palabra ’ndranghita, que italianizada se vuelve ’ndrangheta. Esos términos
están ausentes de la lengua y del léxico político argentino, pero reverberan en
la teoría del Estado de un año a esta parte, sigue ese texto de admirable
sutileza. Su autor, el filósofo Rocco Carbone, es profesor de la Universidad
Nacional de General Sarmiento, se reconoce discípulo de David Viñas e investiga
sobre los discursos políticos y culturales. Para Carbone, ’Ndrangheta es poder.
Espeso, antiguo, confiable, que concentra prestigio, control del territorio y
dinero. Esa organización mafiosa calabresa descansa sobre una estructura
familiar. La familia natural (’ndrina) se amplía hacia la familia mafiosa
(’ndrangheta), que controla territorios muy definidos, sobre los que actúa como
contrapoder de las instituciones democráticas. La ’ndrina es el secreto del
éxito de la ’ndrangheta en el plano criminal, junto con el sigilo de quien,
como forma de infiltrar la política y las instituciones, prefiere las
bambalinas a las luces del escenario. Desprendida de sus orígenes rurales en el
siglo XIX, la ’ndrangheta se especializó en la obra pública, edilicia y de
infraestructura y articuló un nudo de intereses, lícitos e ilícitos alrededor
de arquitectos, ingenieros y políticos. Ahora integran la ’ndrangheta modernos
empresarios con doctorados de universidades muchas veces privadas, capaces de
expresarse y hacer negocios en varias lenguas. Para Carbone, la ’ndrangheta
pone en diálogo lo local con lo global, en el cruce entre dos dimensiones
antitéticas: lo arcaico, con sus ritos centenarios, y lo ultramoderno.
Costumbres ancestrales y economía globalizada. Armas y drogas, como otras
mafias italianas, pero también licitaciones y financiamientos públicos,
inversiones inmobiliarias, operaciones financieras. Nació en Calabria y desde
ahí se proyecta hacia el resto del mundo. Sus miembros ocupan cargos políticos
en aquellos países en los que la ’ndrangheta opera. Debido a la estructura
familiar, los apellidos permanecen. Piromalli de Gioia Tauro, Tripodo de
Sambatello, De Stefano de Reggio Calabria, Nitra de San Luca, ’Ntoni Macrì de
Siderno, enumera Carbone. Macrì con acento grave en la ì, como lo escribo desde
que conocí la historia familiar del actual presidente argentino.
(O sea, Antonio Macrì, un nombre y apellido
conocidos en la política argentina, agrego yo. Otro Antonio Macrì, Tonino para
quienes lo conocieron en las actividades culturales y de beneficencia que lo
ocupaban, era el hermano de Franco. Antonia Macrì es la hija del presidente).
Siderno queda a 30 kilómetros de Polistena, en
los llanos de Gioia Tauro, donde hizo su fortuna con una empresa constructora
Giorgio Macrì, el padre de Franco, Pía y Tonino, abuelo de Maurizio y Jorge y
también de Angelo Calcaterra, parte de la ‘ndrina y asociado en los negocios
familiares. Según Rocco Carbone, el puerto de Gioia Tauro, el mayor de
Calabria, fue construido y sigue bajo el control de familias de la ’ndrangheta.
Angela Nocioni escribió en el bisemanario Perfil
que Giorgio Macrì era hijo de una familia de terratenientes y además recibió
del Estado la concesión del Correo en la región de Roma. En las postrimerías de
la segunda guerra mundial fue uno de los fundadores del Partido del Hombre
Común, l’uomo qualunque, que expresaba los temores y la insatisfacción de las
clases medias con la democracia que sucedería al fascismo. La ideología
qualunquista era antipolítica, con desconfianza de lo público, rechazo al pago
de impuestos y exaltación del individualismo. Ese partido obtuvo un buen caudal
de votos en la primera elección de posguerra, hasta que el Vaticano intercedió
ante los Estados Unidos victoriosos, cuyas tropas aún ocupaban Italia, para que
la fuerza escogida como contención del comunismo no fuera el qualunquismo sino
la democracia cristiana. Giorgio se dirigió a la Argentina en 1946 y tres años
después lo siguieron sus hijos. Franco se casó con la rica heredera Alicia
Blanco Villegas, que apenas era una adolescente, y en 1959 dieron a luz al
primogénito que hoy preside la Argentina. Tonino tuvo a Jorge, el primo
inteligente de Maurizio, y Pia a Angelo Calcaterra, el propietario nominal de
las empresas familiares hasta el último acto de prestidigitación por el cual
quedaron anotadas a nombre de Marcelo Mindlin, quien desde esta semana sucede a
Claudio Avruj como presidente del Museo de la
Shoah. Con 26.381 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, el Grupo
Agropecuario Blanco Villegas integra la cúpula de los mayores terratenientes
del país.
Los nombres Jorge y Antoni@, los latifundios
agrarios, las empresas constructoras, la concesión del correo, la incursión en
política con un partido individualista y antipolítico. Los corsi y ricorsi de
Vico, en una misma familia, a caballo de tres siglos y dos continentes.
Transcribo en forma textual el remate del
artículo de Rocco Carbone: “Los apellidos de estas familias se ampliaron
regionalmente, a través de matrimonios. A nivel nacional e internacional, a
través de los múltiples fenómenos migratorios de Calabria hacia el mundo. Una
región pródiga para con la ‘inmigración colonizadora’ fue, por ejemplo, el Río
de la Plata. Basta volver a los apellidos que soportan los personajes de la
literatura social de Boedo. Pero también se encuentran en el mundo de la
política local actual. Apellidos y
lógicas: maneras de hacer. La designación en el Gobierno de empresarios en
áreas especializadas del Estado revela un reclutamiento de funcionarios entre
amigos y familiares, vínculos ultracercanos. Estas elecciones están vinculadas
a una lógica ‘familiar’. Porque la familia es un bien que hay que cuidar, en
Calabria y en la Argentina. ¿Explicará esta lógica la condonación de la deuda
(70.000 millones de pesos) del Correo Argentino, administrado por una empresa
del grupo Macrì, para con el Estado nacional? ¿Será casualidad que hace unos
días en el puerto de Gioia Tauro, construido y controlado por la ‘ndrangheta,
hayan desembarcado 55 kilos de cocaína procedentes de la Argentina, por un
valor estimado de 11 millones de euros?”.
Rocco Carbone se radicó en la Argentina en 2004.
Pero nació hace 42 años en Consenza, también en la región de Calabria, a una
hora y media de auto de Siderno y Polistena. Es decir que habla con
conocimiento de causa. ¿El presidente Macrì también?
El encubrimiento
Es difícil encontrar mejor ejemplo de conducta
mafiosa que el encubrimiento del atentado de 1994 a la sede de la DAIA, el
órgano político de las organizaciones sionistas en la Argentina, y la AMIA, la
mutual de la colectividad judía en el país. Un fallo del Tribunal Oral Federal
3 anuló en 2004 todo lo actuado por el juez Juan Galeano “en beneficio de
políticos inescrupulosos” y ordenó sentarlo a él en el banquillo de los
acusados, junto con los fiscales de la causa y con otros responsables de
desviar la investigación y encubrir a los autores del atentado. En la
instrucción de la nueva causa a cargo del juez Ariel Lijo, también resultaron
procesados el ex presidente Carlos Menem, sus ministros Carlos Corach y Hugo
Anzorregui, el ex jefe de la División Antiterrorista de la Policía Federal,
comisario Fino Palacios, el ex presidente de la DAIA, Ruben Beraja, y el ex
agente de la SIDE Patricio Pfinnen que pagó 400.000 dólares al desarmador de
autos robados Carlos Telleldín para que acusara a una banda de policías
bonaerenses, autores de muchos delitos comunes pero no del atentado. Luego de
interminables dilaciones, el juicio por el encubrimiento comenzó en 2015 ante
el Tribunal Oral Federal 2 que integran los jueces Néstor Costabel, Jorge
Gorini y Karina Perilli. El gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, que
reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la
responsabilidad del Estado por el encubrimiento invirtió millones de dólares en
la fiscalía especial creada en 2004 para reencauzar la investigación, a cargo del
fiscal Natalio Alberto Nisman. Pero diez años después se confirmaron las
denuncias de los familiares de las víctimas del atentado: Nisman usó ese dinero
para viajar por el mundo bien acompañado y delegó las tareas de la causa a los
aparatos de inteligencia local, israelí y estadounidense, que utilizaron el
expediente para avanzar sus intereses en el complejo escenario de Medio
Oriente, conformando así un segundo encubrimiento. Las filtraciones de
Wikileaks mostraron que antes de presentar sus escritos el fiscal los sometía
al escrutinio de la embajada de Estados Unidos, que le señalaba el rumbo a
seguir. Cuando ya sobre el final de su mandato la ex presidente CFK quiso poner
fin a ese escándalo, Nisman y sus mandantes la involucraron en una fantasiosa denuncia
por traición a la patria. El actual gobierno impulsó la reapertura de la causa
ya fenecida de la denuncia del fiscal, a la que intenta sumar la investigación
por su muerte, que sin ningún elemento de prueba considera un homicidio y que
la Corte Suprema de Justicia sin ningún fundamento extrajo de la justicia
criminal y la depositó en el pantano federal de la avenida Py. En las
audiencias del juicio por el encubrimiento, la querella de la DAIA trata de que
no avance el esclarecimiento de las responsabilidades de su ex presidente
Beraja, cuyo director ejecutivo en aquellos años fue el actual secretario de
Derechos Humanos, Claudio Avruj. La semana pasada renunciaron los dos abogados
de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mariana Stilman y
Ezequiel Strajman, porque el ministro Germán Garavano decidió sumarse a la
estrategia de la DAIA, por medio del abogado de la UCR Miguel Inchausti y no
buscar la verdad sino la conveniencia política. Al mismo tiempo, el Poder
Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley exigido por la DAIA, que
habilita el juicio en ausencia, lo cual permitiría cerrar el caso con un fallo
sólo en apariencia legal, condenando a quienes los aparatos de inteligencia de
Washington y Tel Aviv señalen. Tal como se anticipó el domingo pasado aquí,
Macrì firmó ahora el decreto 229/17, que la propaganda oficial presenta como
una orden de desclasificar toda la información de inteligencia sobre el
atentado para ontribuir a su esclarecimiento pero que en la realidad significa todo
lo contrario. El decreto 395/15, firmado por la ex presidente, ya había
dispuesto esa desclasificación. La documentación fue entregada hace dos años a
la Unidad Fiscal de Investigación del atentado (UFI/AMIA), junto con la llave
de las bases de inteligencia donde se guarda, en el edificio Barolo, de Avenida
de Mayo al 1300, ya que por su peso y volumen era imposible mudarla a la sede
de la UFI/AMIA, frente a la Plaza de Mayo. El decreto de Macrì, Garavano y el
jefe de gabinete Marcos Peña Braun entrega esos archivos en forma ilegal para
su recuperación, conservación, digitalización, sistematización y análisis a la
Unidad especial AMIA del Ministerio de Justicia, creada en 2000 por Fernando De
la Rúa y ahora a cargo del radical patagónico Mario Cimadevilla, junto con la
partida presupuestaria que se le retaceó al Grupo Especial de Relevamiento
Documental de la Procuración General (GERAD). Con Cimadevilla colaborarán
especialistas de la Universidad de San Andrés, una de las canteras de
reclutamiento de cuadros para el gobierno de los CEOs. Sólo la Fiscalía puede
disponer cualquier tarea sobre la documentación y convocar a la UEI/AMIA del
Poder Ejecutivo, a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, a la
Policía de Seguridad de aeropuertos o quien considere necesario y no a la
inversa, desplazar al Ministerio Público por una dependencia del gobierno
nacional. La intrusión de este comisario político en una tarea que se venía
realizando con seriedad profesional hace pensar que deben haberse encontrado
allí materiales explosivos sobre la responsabilidad estatal y de las propias
agencias de inteligencia, que antes del atentado tenían la tarea de impedirlo y
una vez producido de investigarlo. La escudería Stiuso sabe lo que hay allí, y
Marta Orly o Mirna Irigaray, reincorporada por la AFI en octubre pasado, lo
sabe mejor que nadie. Ahora corre peligro de desaparición. “Con este decreto
retrocedemos más de 20 años”, declaró Laura Ginsberg, integrante de una de las
asociaciones de familiares de las víctimas, porque “le quita los archivos a la
Unidad Fiscal para entregárselos a…Arribas y Majdalani. Es una infamia”. Pasado
mañana se lo dirá en la cara a Garavano, junto con la exigencia de “apertura
incondicional de los archivos secretos, de fortalecimiento del grupo de trabajo
de relevamiento documental de la Fiscalía y de repudio al proyecto del Poder
Ejecutivo de ley de juicio de ausencia, reclamando la conformación de una
Comisión Investigadora Independiente”.
El extravío
La Procuradora General Alejandra Gils Carbó
dictaminó que la detención preventiva de Milagro Sala es arbitraria y dijo que
la Corte Suprema de Justicia debe dejarla en libertad de inmediato. La Corte no
tiene plazos para decidir, pero Avruj le pidió a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que no concediera la medida cautelar solicitada por Amnistía,
ANDHES y el CELS antes de su visita al país, a partir del 22 de mayo, porque
para esa fecha esperaba que ya se hubiera pronunciado el máximo tribunal
interno. Antes aún, el 8 de mayo visitará el país el Grupo de Trabajo sobre
Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Dentro de diez días el Grupo se
reunirá en Ginebra, donde Avruj podrá desplegar su meliflua seducción con el
mismo propósito. Esos dos organismos internacionales de protección de los
Derechos Humanos opinaron que la detención de Milagro es arbitraria y que debe
recuperar lo antes posible su libertad, tal como ha hecho ahora la Procuración
General. Esto ratifica que en cuanto se deja atrás Macondo, sea en Ginebra,
Washington o Buenos Aires, el derecho recupera vigor y la prepotencia del poder
retrocede. No obstante, es preciso seguir con atención las maniobras que
intente el asediado presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuyo juicio
político fue solicitado por la legisladora de la Alianza Cambiemos Elisa
Carrió. Lorenzetti tiene la fantasía de desasirse del clavo caliente de los dos
recursos extraordinarios por la libertad de Milagro Sala, con una detención
domiciliaria que la víctima no pidió ni consiente. “La detención domiciliaria
es para los genocidas y yo no cometí ningún crimen” dijo cuando dos enviados de
Garavano y Avruj la sondearon sobre esa propuesta extorsiva. Tal vez inspirado
en esa frase, Lorenzetti pidió los distintos expedientes en los que militares privados
de su libertad por crímenes de lesa humanidad, solicitan ser trasladados de
unidades penitenciarias a su casa. La semana pasada Lorenzetti se fotografió
flanqueado por el juez argentino Claudio Glock y el brasileño Sergio Moro, los
perseguidores judiciales de CFK y de Lula. Moro fue invitado al país por el
Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que reúne a los estudios de
abogados de grandes empresas, aquellos que en 1976 redactaron el decreto por el
que el dictador Jorge Videla y su ministro José de Martínez de Hoz derogaron el
artículo 1º del Código Procesal Civil y Comercial que impedía la actuación en
los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera
de la República”; que en la década siguiente diseñaron el modelo de
privatizaciones que dilapidó el capital social acumulado por generaciones de
argentinos y que ya en este siglo, litigaron contra el Estado en el CIADI. La
misma mano se reconoce en el decreto 29 del 12 de enero de este año por el que
Macrì, Peña Braun y Luis Caputo autorizaron la emisión de nueva deuda externa
por 20.000 millones de dólares, renunciando a
oponer la defensa de inmunidad soberana ante “los tribunales estaduales
y federales” de Nueva York y Londres. El decreto 231 concretó la misma resignación
de soberanía ante los tribunales de la Confederación Helvética por 3.000
millones de francos suizos. Del presidente de la Corte, quien ha firmado un
libro en el que se afirma que los juicios por crímenes de lesa humanidad son
parte del contrato social de los argentinos, puede esperarse cualquier cosa
porque ha extraviado el rumbo y se siente acorralado. Cuesta creer que Elena
Highton, Juan Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tengan tan poco
respeto por si mismos como para acompañarlo en la oprobiosa equiparación de la
organizadora social jujeña con secuestradores, torturadores y asesinos.
Fuente: Página 12