El aspecto más polémico de la compra pasa por
las carabinas y lanzadores "less lethal weapon" para
"neutralizar sospechosos violentos", armas sobre las que no existe
ningún tipo de protocolo.
Por Federico Trofelli
Al mismo ritmo que se profundizan las medidas
económicas recesivas, el gobierno acelera también el gasto en el ámbito de las
fuerzas de seguridad, con una direccionalidad manifiesta: equiparlas para
reprimir la protesta social. Bajo esta lógica que acumula casos testigo como el
de los palos a los docentes del último domingo, la Ciudad de Buenos Aires prevé
utilizar casi 127 millones y medio de pesos de los vecinos para equipar a la
flamante policía local y convertirla en una poderosa legión de 1600 uniformados
alistados para combatir manifestantes.
La Subsecretaría de Administración de Seguridad
porteña, a través de la Licitación Pública denominada "Adquisición de
equipamiento antidisturbio" y del proceso de compra 2900-1398-LPU16, busca
que la Policía de la Ciudad esté preparada para enfrentar y dispersar los
piquetes que a diario jaquean avenidas y accesos, eje de las sordas disputas
entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta, que con la adquisición de estos implementos
represivos parecerían zanjarse definitivamente en la línea de la mano dura.
Los pliegos de licitación contemplan la compra de 1600 unidades de cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos); además, se pretende adquirir 2900 filtros antigases que actúan contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos. La Ciudad dispondrá de verdaderos "robocops" para actuar contra cualquier tipo de manifestación en el espacio público.
El tramo de la licitación que más inquieta a los
organismos de DD HH y a legisladores opositores es el relacionado con la compra
de una importante cantidad de "less lethal weapons", es decir,
armamento "menos letal". En este capítulo se incluyen 100 carabinas y
200 lanzadores calibre 68 "para control de disturbios y neutralización de
sospechosos violentos", que dispararán postas de pintura o de goma y gas
pimienta.
La preocupación por la eventual utilización de
estas armas, en un contexto de violencia institucional creciente signado por
sistemáticas detenciones arbitrarias en la vía pública y episodios de
criminalización de la protesta como los de la marcha del 8M, impulsó al
legislador Gabriel Fucks (FpV) a presentar un proyecto de ley para crear una
Comisión de Evaluación de Equipamiento que establezca, en caso que no los
hubiere, protocolos específicos de actuación para este tipo de armamento.
"No podemos desconocer el incremento de la
protesta social en las calles de la ciudad, como tampoco las últimas actuaciones
policiales, que dan cuenta de la imperiosa necesidad de recuperar la vigencia
de los protocolos de uso de la fuerza conforme a derecho y de robustecer los
mecanismos de control de la actuación policial", explica la legisladora
Andrea Conde (Nuevo Encuentro), que acompañó la presentación de Fucks.
Un año atrás, Amnistía Internacional elaboró el
documento "Impacto sobre los DD HH de las armas menos letales y otros
materiales para hacer cumplir la ley". Concluye que en 25 años se
multiplicaron los fabricantes de este tipo de tecnología y su penetración en
países donde escasean los controles, y dice que "las municiones de
plástico, goma, pintura y los agentes químicos irritantes, como pulverizadores
de pimienta y gas lacrimógeno, pueden causar lesiones graves e incluso la
muerte". Un riesgo que crece si el propio poder político relavitiza la
vigencia del derecho a protestar.
Un proyecto que le apunta a los piquetes
Como informó el diario Página/12 en su edición
de ayer, Cambiemos dio un paso más en su intento de criminalizar la protesta
social y procura formalizarlo en una ley. Un proyecto enviado por el
oficialismo a la Cámara de Diputados propone reformar cuatro artículos del
Código Penal para agravar las penas por amenazas y extorsión y daños cuando se
registren durante manifestaciones públicas y en cortes de calle o rutas.
La iniciativa va claramente dirigida contra los
piquetes, pero en su espíritu transforma en delito prácticamente cualquier
protesta. Prevé de tres a seis años de prisión para quien durante una
manifestación porte "elementos contundentes, proyectiles, elementos
inflamables y objetos capaces dañar la integridad de personas o bienes, o actúe
a cara cubierta de modo de impedir su identificación". También eleva las
penas previstas en el artículo 194 (de 2 a 6 años) para quienes corten el
tránsito en calles o rutas.
Además, fija penas de hasta 10 años de cárcel si
el propósito de la protesta fuera obtener alguna medida o concesión por parte
de un funcionario de los poderes públicos. De prosperar semejante iniciativa,
la policía tendría las manos libres para detener a los manifestantes, y los
jueces, para procesarlos.
Fuente: Tiempoar