Por Tali Goldman
Son ex combatientes de Malvinas y víctimas del
terrorismo de Estado. Fueron torturados y maltratados por militares de la
última dictadura pero no pasaron por ningún campo de concentración. Todo
ocurrió en las Islas durante la guerra. Hace diez años se animaron a denunciar
a sus torturadores pero aún no hay imputados en la causa que tiene más de 120
denunciantes, 84 hechos probados y 80 militares de las Fuerzas Armadas
denunciados.
Silvio Katz tiene 19 años. Es enero de 1983 y
hace seis meses que volvió de la guerra en las Islas Malvinas. Está sentado del
lado de la ventana en un colectivo de la línea 26, camino a su casa en Parque
Patricios, cuando lo ve. No le quedan dudas de que es él, vestido de civil pero
con el mismo porte que cuando estaban en las Malvinas: pelo engominado “bien
nazi” y campera verde. Cuando terminó la guerra Silvio pensó que nunca más se
lo iba a cruzar. No quería siquiera pensarlo, nombrarlo. Pero ahora lo tiene
ahí. “Bajo y lo cago a trompadas”, piensa. “Dale, Silvio, andá a cagarlo a
trompadas”, se dice a sí mismo. El semáforo se pone en verde y el colectivo
arranca. Silvio sigue mirando por la ventana hasta que lo pierde de vista. Baja
la cabeza. Está mojado, se orinó encima. Siente bronca, odio pero sobre todo
miedo hacia el hombre que unos meses atrás fue el artífice de todos sus males:
el oficial Eduardo Flores Ardoino, el jefe de su campaña, lo torturó a
mansalva.
Silvio Katz tardó muchos años en reponerse y
tardó mucho años más en contar que también había sido víctima del terrorismo de
Estado. Pero no en un centro clandestino de detención sino en las propias Islas
Malvinas.
Katz es uno de los testigos clave de la
mega-causa 1777/2007 titulada “Pierre Pedro Valentin, sobre torturas” que
tramita ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, Tierra del
Fuego, en el que es subrogante el Juez Federal Federico Calvete. Allí se se
investigan torturas de los propios militares argentinos hacia los soldados
durante la guerra de Malvinas.
La causa que inició en 2007, tiene más de 20
fojas, más de 120 denunciantes, 84 hechos probados y 80 militares de las
Fuerzas Armadas denunciados pero no hay un solo imputado.
Jerónimo Guerrero Iraola es abogado del Centro
de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, el único organismo
querellante en la causa: “A partir de las investigaciones y de los testimonios
que recabamos durante todos estos años, la conclusión es que las Fuerzas
Armadas que se habían formado en la Doctrina de Seguridad Nacional no tenía
formación para la defensa exterior, sino que estaban preparados para la
represión”, explica Iraola a Nuestras Voces. Y agrega: “Los ex combatientes
conscriptos fueron la última víctima colectiva de la dictadura cívico-militar”.
La tortura que más se aplicaba en Malvinas por
parte de los mandos militares era el estaqueamiento, pero también hubo
inmersiones en agua helada, entierros de cuerpos vivos y desnudos hasta el
cuello, picana con teléfonos de campaña, golpes y sobre todo tormento
psicológico.
Silvio Katz todavía se acuerda cuando Ardoino lo
mandó, junto a otro de sus compañeros, a sumergir las manos en un charco de
agua congelada con una capa de hielo arriba a modo de castigo. “A mí además, me
hacía meter la cabeza por ser judío”. Katz sufría el doble de tortura que sus
compañeros. Ardoino lo llamaba “judío de mierda, judío traidor, judío cagón y
judío homosexual”. También recuerda cuando su superior ordenó a sus compañeros
que le orinaran encima o cuando lo obligó a comer entre su propio excremento.
Además de las torturas clásicas que recibían los
soldados, Guerrero Iraola sostiene que en Malvinas se suma otro elemento al
plan sistemático, y es el de la tortura famélica: “Tenemos pruebas y materiales
que demuestran que los alimentos estaban pero no se distribuían. Los oficiales
y suboficiales comían calentito. A los conscriptos se les dio el mismo
tratamiento que a los detenidos-desaparecidos”.
Otro elemento que fue clave en la causa fue el
Informe Rattembach, el documento resultante del trabajo de la comisión creada
bajo el gobierno de facto de Bignone cuyo fin fue analizar y evaluar el
desempeño de las fuerzas armadas durante la guerra. La presidenta Cristina
Fernández de Kirchner fue quien levantó el secreto y permitió que se conociera
el contenido de este informe.
“Lo que aportó el informe fue muy importante
porque califica a la guerra de Malvinas como una ‘aventura militar’. Esto sigue
el lineamiento de nuestra argumentación, es decir, que el Estado terrorista fue
el mismo en territorio continental que en territorio insular. Se reconoce que
había errores logísticos, improvisación, armamento deficiente. Las fuerzas
armadas no estaban preparadas para enfrentar a una fuerza exterior sino para
reprimir a sus soldados”, agrega Guerrero Iraola.
La causa que lleva diez años deambulando por
juzgados y cámaras fue foco de apelaciones, demoras y circuitos leguleyos que
interpusieron los propios denunciados, es decir, los militares.
Para Ernesto Alonso –que hasta 2015 fue titular
de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, nombrado por Fernández de
Kirchner–, la causa por torturas en Malvinas “sigue siendo una asignatura
pendiente de la democracia”. En diálogo con este portal explicó que “hay un
sector de la política y de las Fuerzas Armadas que trata de imponerse y que
tiene ligazones con el Poder Judicial de la Nación para que esto no se
investigue. La propia Corte Suprema no analizó la cuestión de fondo por lo que
tuvimos que ir a la Comisión Internacional por los Derechos Humanos (CIDH)”.
Actualmente el CECIM recibe constantes amenazas
de grupos pro militares como los de la negacionista Cecilia Pando.
“El tema Malvinas siegue teniendo resistencia de
las Fuerzas Armadas, de Seguridad de cierto sector de derecha”, concluye
Guerrero Iraola y agrega: “Con un 0,001 por ciento de prueba la justicia
ordinaria pone preso a un pibe que no tiene documentos. Nosotros tenemos diez
años de investigación y ni siquiera una persona fue a declarar”.
Hace algunas semanas, el escritor Martín Kohan
fue noticia por haber explicado en un programa de radio algo que es obvio: “La
discusión no es entre 8 mil casos probados y 30 mil casos no probados. A mi
criterio, lo que la cifra 30 mil expresa es que no hay pruebas porque el Estado
no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y
fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue tan clandestina como los
centros clandestinos de represión y de tortura. Y la cifra de 30 mil expresa
que no sabemos exactamente cuántos fueron porque el Estado ilegal, que reprimió
clandestinamente, no abre los archivos, no da la información de dónde están los
desaparecidos ni la información de dónde están los nietos secuestrados”.
Fuente: Nuestras Voces
