Por Ari Lijalad | 2 de Febrero de 2017
Luis María Blaquier fue hasta fines del año
pasado el director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y
favoreció al Grupo Clarín y Arcor, empresas de las que había sido director.
Ahora un fiscal lo acusa de aprobar deuda de las empresas irregularmente. Uno
de los firmantes de la medida fue el ahora ministro Caputo.
El Grupo Clarín volvió a hacer negocios con “la
plata de los jubilados”, eufemismo creado por el propio multimedio. Se trata
del dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que fue
manejado hasta fines de 2016 por Luis María Blaquier, ex miembro de los
directorios de Cablevisión y Arcor a los que supuestamente renunció antes de
asumir. Una denuncia penal, sin embargo, revela que siguió ligado a ambas
empresas mientras destinó dinero del FGS hacia esas firmas.
La denuncia la formalizó esta mañana el fiscal
federal Gabriel De Vedia, que esta a cargo de la Unidad Fiscal para a
Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES). La
intervención de este fiscal se debe a que si se cometieron desfalcos con los
fondos de la ANSES esto puede poner en riesgo las prestaciones de seguridad
social. El FGS es, como su nombre lo indica, un resguardo para jubilaciones,
pensiones y otras políticas sociales.
Luego de una investigación preliminar, De Vedia
denunció a Blaquier por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas en concurso ideal de incumplimiento de deberes de
funcionario público. En criollo, por destinar dinero público para invertir en
empresas donde mantiene relaciones e intereses económicos: Cablevisión y Arcor.
Y no sólo eso: inversiones con calificaciones riesgosas que hacen peligrar los
fondos de seguridad social.
El gran negocio argentino
El FGS ya tiene entre sus activos el 9% del
Grupo Clarín, producto de la estatización de las AFJP. De hecho, el holding
encabezado por Héctor Magnetto ocupa el séptimo lugar entre las inversiones del
fondo, con un 4% sobre el total. Pero esta nueva maniobra desnuda nuevos
negociados.
Tanto en Cablevisión con en Arcor, se trata de
la suscripción de Obligaciones Negociables (ON) que son, básicamente, deuda que
emite una empresa para financiarse. Las inversiones en deuda de Cablevisión y
Arcor se aprobaron, formalmente, el mismo día, pero ambas fueron realizadas
tiempo antes. Las aprobó el Comité Ejecutivo del FGS, según consta en su acta N
136, el 26 de agosto de 2016. Ese comité lo integran -ad honorem- el director
Ejecutivo de ANSES Basavilbaso, el Secretario de Finanzas Luis Caputo (ahora
Ministro) y el Secretario de Política Económica Pedro Lacoste. También es parte
del comité el Subdirector de Operación del FGS, cargo que ostentaba el propio
Blaquier y que le daba a su vez el rol de Secretario Ejecutivo de ese órgano.
Las decisiones se toman por mayoría y si hay empate el director ejecutivo tiene
doble voto. Pero no hizo falta. Los aportes a Cablevisión y Arcor se definieron
ese día por unanimidad. El punto 3 del día era la aprobación de la suscripción
de ON de Cablevisión por 10 millones de dólares hecha el 8 de junio, dos meses
y medio antes. La deuda que compró el FGS, explicó Blaquier al comité, quedó
bajo ley de Nueva York, a una tasa fija a ser determinada al momento de la
suscripción y a 5 años.
Lo que no contó Blaquier, por lo que ahora fue
denunciado, es su vínculo con Cablevisión que surge de la investigación
preliminar desde la UFISES, para la cuál el fiscal De Vedia le pidió
colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(PROCELAC). De la revisión del Directorio del Grupo Clarín, controlante de
Cablevisión, surgen ratos reveladores.
Hubo dos bajas en el directorio del grupo
comandado por Magnetto. Uno Saturnino Lorenzo Herrero Mitjans, histórico
lobbista del holding que falleció el 21 de noviembre de 2015 y fue reemplazado
por Horacio Eduardo Quirós. El segundo Luis María Blaquier, cuyo lugar lo ocupó
su hermano, Gonzalo Blaquier. Según señala la denuncia del fiscal De Vedia,
“los nuevos directores representan a los mismos accionistas que dispusieron la
designación de sus antecesores”. O sea, no hubo cambio en el paquete accionario
sino cambio de nombres. Pero hay más. Luis María Blaquier fue Director Titular
del Grupo Clarín representando al accionista GS Unidos LLC, sociedad radicada
en la guarida fiscal que opera en Delaware, Estados Unidos. Lo mismo su hermano
Gonzalo. En la denuncia del fiscal De Vedia consta que “hasta el año 2012, las
participaciones de GS Unidos LLC en Grupo Clarin SA habrían pertenecido al
banco de inversión estadounidense Goldman Sachs donde, conforme es de público
conocimiento, Luis María Blaquier se desempeñó durante más de 13 años y fue
director ejecutivo. A partir de entonces, GS Unidos LLC se encuentra bajo
control indirecto de Ralph Booth, fundador y socio ejecutivo del fondo
Fontinalis Partners”. Hasta aquí nada sospechoso, salvo que el propio Luis
María Blaquier es socio del fondo Fontinalis Partners que controla GS Unidos
LLC, que a su vez es accionista del Grupo Clarín. En síntesis, según la
denuncia, mientras era funcionario era socio de un fondo que controlaba parte
del Grupo Clarín. Y así, con un pie de cada lado del mostrador, destinó dinero
del FGS para financiar a Cablevisión, donde tiene intereses.
A principios de diciembre de 2016, Blaquier
renunció a su puesto en el FGS. Adujo motivos personales, y algunos medios
publicaron que su salida estuvo vinculada al memorándum que firmó el gobierno
con Qatar. Pero lo concreto es que en esos días hubo un nuevo movimiento
vinculado a esta causa. El 30 de diciembre la empresa Blue Media Investment Inc
le informó al Grupo Clarín que había comprado el 74,5% del capital social de GS
Unidos LLC. Esto fue pura formalidad, ya que los controlantes de Blue Media
Invesment Inc no son otros que los accionistas del Grupo Clarín a través de
trusts que tienen en Estados Unidos, identificados con sus iniciales: ELHN New
York Trust (Ernestina Laura Herrera de Noble), HHM Media New York Trust (Héctor
Horacio Magnetto), LRP New York Trust (Lucio Rafael Pagliaro) y José Antonio
Aranda, que según informaron lo hizo en nombre propio. El monto de la operación
fueron 219.590.143 dólares. O sea, la empresa donde Blaquier tenía intereses
mientras era funcionario fue comprada por los mismos beneficiarios del dinero
del FGS.
Plata Dulce
Arcor, multinacional argentina que produce
mayoritariamente golosinas, tiene buena sintonía con el gobierno de Macri y comanda
la poderosa Unión Industrial Argentina (UIA). La fluida relación con el
gobierno tiene muchos gestos. El 2 de agosto, por ejemplo, Macri afirmó: “El
ejemplo de Arcor es el que necesitamos en Córdoba y el resto del país“. Fue
durante la inauguración de una nueva planta fabril de la empresa en Arroyito. A
los pocos días, el FGS aprobó la inversión de dinero público en deuda de la
empresa.
El caso de Arcor fue el el punto 12 del acta
136. Se trató de la suscripción de ON por 12 millones de dólares hecha el 21 de
junio de 2016, o sea, más de dos meses antes. Blaquier también tomó la palabra
e informó que Arcor lanzó esa emisión de deuda a tasa fija, con vencimiento a 7
o 10 años, bajo ley argentina. Lo que no dijo Blaquier fue su relación con
Arcor. Según consta en la denuncia del fiscal De Vedia, Blaquier integró el
directorio del grupo comandado Luis Pagani. “En tal carácter -dice la denuncia-
Luis María Blaquier participó de la reunión de directorio mediante la cual se
resolvió convocar a la asamblea de accionistas a efectos de que solicitara a la
CNV para prorrogar el programa de obligaciones negociables autorizado mediante
resolución 16.439 del 25 de octubre de 2010, en función de lo cuál, el 30 de
octubre de 2015, dicho organismo autorizó el programa en cuyo marco fue
realizada la emisión suscripta por el FGS”. En criollo, Blaquier participó del
diseño del plan financiero de Arcor y luego destinó dinero del FGS en la
empresa según los intereses de es plan.
Ese dinero Arcor preveía destinarlo para, entre
otras cosas, financiar proyectos productivos en el país. Queda flotando la
incógnita de si fue con ese dinero que financió la fábrica que Macri le
inauguró días antes.
Mala nota
En en las operaciones de toma de deuda de
Cablevisión y Arcor hay, según denuncia el fiscal De Vedia, dos cuestiones:
una, la incompatibildiad de Blaquier; la segunda, que tenían bajas
calificaciones de riesgo.
Uno de los ítems de cualquier emisión de deuda
es la nota que ponen las calificadoras de riesgo. Según la Comisión Nacional de
Valores (CNV), “las sociedades
calificadoras de riesgo (SCR) son sociedades anónimas formadas por
especialistas que dan una opinión técnica independiente sobre la capacidad de
repago en tiempo y forma (es decir, en las condiciones pactadas) de los
distintos valores negociables (obligaciones negociables y/u
otros títulos de
deuda) colocados y negociados en los mercados”. Lo cierto es que también
se trata de empresas cuestionadas por manipulaciones en las calificaciones,
especialmente en materia financiera, que quedaron al descubierto en la crisis
desatada en 2008-2009. La incógnita que gira en torno a ellas es quién califica
a las calificadoras. A nivel mundial conforman un oligopolio que, en Argentina,
tiene registradas a Standard & Poor´s, Fitch, Evaluadora Latinoamericana y
Moody´s Latin America.
Esta última, Moody´s, intervino en la
calificación de las obligaciones negociables de Cablevisión y Arcor que
suscribió el FGS. Según consta en la denuncia del fiscal De Vedia, las
obligaciones de Cablevisión fueron calificadas con rating nacional “Baa1.ar” y
global “B3”. “De acuerdo con la guía de referencia emitida por ese agente en el
mes de octubre de 2016 – sigue la denuncia- las obligaciones con calificación
Baa ‘se consideran de grado intermedio y están sujetas a un riesgo crediticio
moderado, por lo que pueden presentar ciertas características especulativas’ y
el número modificador 1 ‘indica que la obligación se ubica en el rango superior
de su categoría de calificación genérica’. A su vez, en la escala global, las
obligaciones con calificación B ‘se consideran especulativas y están sujetas a
un riesgo crediticio alto’ y el modificador 3 ‘indica que se ubica en el rango
inferior de esa categoría de calificación genérica’”. O sea, no sólo Blaquier
ordenó poner plata del FGS en la empresa donde sigue teniendo intereses
económicos, sino que además lo hizo a pesar de que, según su calificación, eran
especulativas. Ergo, puso dinero de seguridad social en una inversión de
riesgo. En el caso de Arcor la calificación es un poco mejor, pero en el rating
global aún en categorías especulativas como la B1.
Invertir con plata de otros
Hubo al menos otras dos empresas privadas que
recibieron aportes del FGS durante la gestión de Blaquier que, por ahora, no
forman parte de la denuncia del fiscal De Vedia. Una, fue Longvie, empresa
dedicada a fabricar hornos y cocinas. Según consta en el acta 134 del FGS, se
suscribieron ON de esa empresa por 5.725.000 pesos. Esto fue el 19 de mayo de
2016. A las pocas semanas, a principios de julio, Longvie despidió 60
trabajadores y anunció reducción de jornada laboral. Entre los argumentos para
estas medidas estuvo la apertura de importaciones, que repercutió en los
productores de electrodomésticos. Conclusión: el FGS suscribió deuda de una
empresa que el propio gobierno perjudica con su política económica. Según su
último balance presentado en la CNV, de enero a septiembre de 2016 Longvie tuvo
una ganancia de 53 millones de pesos. Si bien fue sustancialmente menor al mismo
período del 2015, no tuvo pérdidas en incluso creció su facturación. Lo
concreto es que el aporte del FGS supera el 10% de las ganancias de Longvie,
que igualmente despidió trabajadores.
La otra es John Deere, una multinacional de
maquinaria agrícola presente en Argentina desde 1894, aunque, según la propia
empresa, recién comenzó a producir en el país en 1958. El 1 de julio de 2016,
el FGS suscribió ON por 4 millones de dólares en John Deere. Esto fue aprobado
por el comité ejecutivo del FGS recién en la reunión del 3 de octubre, tres
meses más tarde. A las pocas semanas, el 8 de noviembre, Macri se reunió con
Samuel Romie Allen, CEO global de John Deere. En la charla que tuvieron en la
Casa Rosada destacaron las supuestas bondades de la eliminación y reducción de
las retenciones a los principales granos de exportación. El CEO de John Deere
dijo: “Es un honor conocer personalmente al presidente. Tuvimos la oportunidad
de expresarle que continuamos comprometidos con el desarrollo socioeconómico
del país”. Lo que no trascendió es si hablaron del aporte que hizo el FGS a su
empresa.
La plata de los jubilados en riesgo
El FGS fue creado por el decreto 897 de 2007,
con la firma de Néstor Kirchner. La idea original era un fondo anticíclico que
pusiera al sistema previsional a salvo de vaivenes económicos. En definitiva,
que los sectores más vulnerables no pagaran siempre los platos rotos. Pero fue
en 2008, con la ley 26.245 que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) por el cuál se estatizó el sistema jubilatorio que el FGS tomó otra
dimensión ya que recibió todos los fondos administrados por las AFJP. Entre
ellos, acciones de empresas que habían utilizado fondos de jubilaciones
privadas para financiarse. Caso conocido, otra vez, es el de Clarín: su AFJP
compró acciones del multimedio a un valor varias veces mayor al real. A partir
de ese momento, el FGS pasó a ser accionista en una importante cantidad de
empresas, entre ellas el Banco Macro, Telecom, Siderar, Consultatio, Mirgor,
Banco Galicia, Transener, Banco Patagonia, Petrobras, Aluar, Clarin, Metrovías,
Metrogas, BBVA Banco Frances y Ledesma. Nota al pie, en esta última también
tiene vinculación Luis María Blaquier, ya que es sobrino de Carlos Blaquier,
mandamás del emporio al que llegó por la unión con María Elena “Nelly” Arrieta,
apellido de la familia fundadora.
Retomando, en diciembre de 2009 el FGS estaba
valuado en 140.853 millones de pesos: en noviembre de 2016 la cifra trepó a
865.248 millones. En el último informe del FGS destacan que su valor “pasó de
USD 28.440 millones de dólares que tenía el 5 de diciembre de 2008 a USD 54.610
millones de dólares al 30 de noviembre de 2016”, un crecimiento del 782,2%. Una
codiciada caja de herramientas. En lo que va del año, además de las inversiones
en empresas privadas y proyectos productivos como la central nuclear Atucha II
o planes de vivienda, otorgó 26.335 millones de pesos en préstamos a 21
provincias, principalmente a Buenos Aires y CABA.
Con la asunción de Macri llegó el riesgo para el
FGS. Empezó con la sanción de la ley 27.260, denominada bajo el aufemismo de
Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Pero el gobierno
no sólo incumplió el objetivo del rimbombante nombre de la ley sino que el Título
VI de la norma redefine al FGS y permite vender sus activos para afrontar el
pago de la supuesta reparación. Lo cierto es que, en los pocos meses de
vigencia de la ley, el el FGS ya vendió el su participación en Petrobras
Argentina, que era del 12%, y pululan versiones de venta de los activos en
varias empresas que ansían retomar el control de esas acciones. Hace pocos
días, la ANSES tomó deuda del gobierno nacional por 17.000 millones de pesos.
Así se va, entre deuda y empresas privadas, plata de los jubilados.
Fuente: Nuestras Voces