“De un día para el otro sacaron las Unidades de Odontología. A
muchos vecinos les sacaron todos los dientes, les hicieron el molde para
ponerles los implantes y nunca más volvieron. Hay gente que se quedó sin
dientes”.
“Ayer me tuve que ir hasta Avellaneda para que me atendiera un
médico” (donde pasó toda la noche en el hospital con suero). “Si hubiera estado
el camión de la Unidad Sanitaria Móvil de ACUMAR me atendían acá”, en el
barrio.
“A muchos vecinos de esta zona les habían hecho el fondo de ojos
y todos los estudios para hacerles los lentes. El proceso era así: primero
hacían los estudios, se llevaban la información y después volvían con los
lentes. Esta vez nunca volvieron”.
El pasado 18 de mayo, Juan Funes publicó un informe en el diario
“Página 12” que da cuenta de estos testimonios de vecinos de la ciudad de
Buenos Aires, titulándolo “Una crónica del abandono”. La nota describe que, a
partir del cambio de gobierno que se produjo en el país en diciembre de 2015,
ACUMAR desarticuló el Programa Sanitario de Emergencia que destinaba 12
Unidades Sanitarias Móviles, dejando sólo 4 funcionando en la actualidad.
ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) es un organismo
que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del
rabino Sergio Bergman. Está presidido, desde enero de 2017, por Gladys Esther
González (con rango y jerarquía de Secretario de Estado), quien renunció a su
banca de diputada nacional del partido PRO y dejó su cargo como Interventora
del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para ocuparse de ACUMAR.
Los dos presidentes anteriores renunciaron al cargo: Amilcar
López, en febrero de 2016, a un mes de haber asumido, por falta de
“definiciones respecto de las personas y las políticas”; y Julio Torti en
diciembre de 2016. El importante organismo funciona con un Consejo Directivo
que está integrado por distintos profesionales ligados al PRO, a la Coalición
Cívica y al Frente Renovador.
Funes, en su nota, reseñó un informe titulado “Retroceder en el
cuidado de la salud y el ambiente”, elaborado por la Fundación Soberanía
Sanitaria presidida por Nicolás Kreplak.
El estudio de dicha Fundación describe el retroceso cuantitativo
y cualitativo que se produjo a partir del recorte que se implementó en el Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), cuyo objetivo es brindar atención
sanitaria a los vecinos que habitan terrenos lindantes con las aguas
extremadamente contaminadas del Riachuelo.
Así, por ejemplo, menciona que en el 2015 fueron asistidas casi
32 mil personas y en el 2016 menos de 13 mil; que las personas que recibieron
vacunas (principalmente niños) pasaron de 2.638 a 726; que los
operativos de las Unidades Sanitarias Móviles se redujeron de 145 a 44.
Asimismo se destaca que muchos profesionales terminaron renunciando al
habérselos dejado sin funciones o bien otros que fueron reubicados en programas
ajenos a la temática de salud, o “los nutricionistas, psicólogos y trabajadores
sociales que hacía tres o cuatro años que trabajaban en el Plan y a quienes no
les renovaron sus contratos”.
La actividad consistía en realizar intervenciones integrales de
asistencia a las poblaciones vulnerables, que articulaban la atención médica y
pediátrica, la salud de las mujeres, campañas de vacunación, atención
psicológica, evaluaciones oftalmológicas con entrega de lentes, estudios
complementarios de imágenes como radiografías, ecografías y mamografías.
Kreplak destacó que “se trataba de un trabajo continuo para garantizar los
derechos elementales de salud”. Enfatizando que en la actualidad “hay un cambio
en la concepción de salud, que pasó de ser considerada como un derecho, a ser
tomada como beneficencia”.
La propia Dirección de Estadísticas y Censos del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires informó que una familia tipo (una pareja con dos hijos)
necesitó en abril un ingreso mensual de 19.042 pesos para evitar caer en la
pobreza. Y de 7.356 pesos para no caer en la indigencia.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente
de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimó que, según sus mediciones, a
fines del año 2015 la pobreza ascendía en el país al 29 por ciento de la
población y que para el tercer trimestre del 2016 creció hasta el 32,9 por
ciento, verificándose la existencia de 1.500.000 de nuevos pobres. Por su
parte, el nivel de indigencia creció del 5,3 por ciento al 6,9 por ciento, incrementando
en 600.000 personas más el número de aquellos que padecen hambre en Argentina.
En este marco de persistencia y aumento de la pobreza y la
indigencia, resulta inconcebiblemente inhumano que se reduzcan los programas
sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad, como acontece
hoy con ACUMAR en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gentileza del autor Norberto Alayón. Profesor Consulto de la UBA
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