miércoles, 24 de mayo de 2017

“Pequeñas-grandes historias de los pobres en la ciudad de Buenos Aires”


“De un día para el otro sacaron las Unidades de Odontología. A muchos vecinos les sacaron todos los dientes, les hicieron el molde para ponerles los implantes y nunca más volvieron. Hay gente que se quedó sin dientes”.

“Ayer me tuve que ir hasta Avellaneda para que me atendiera un médico” (donde pasó toda la noche en el hospital con suero). “Si hubiera estado el camión de la Unidad Sanitaria Móvil de ACUMAR me atendían acá”, en el barrio.

“A muchos vecinos de esta zona les habían hecho el fondo de ojos y todos los estudios para hacerles los lentes. El proceso era así: primero hacían los estudios, se llevaban la información y después volvían con los lentes. Esta vez nunca volvieron”.

El pasado 18 de mayo, Juan Funes publicó un informe en el diario “Página 12” que da cuenta de estos testimonios de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, titulándolo “Una crónica del abandono”. La nota describe que, a partir del cambio de gobierno que se produjo en el país en diciembre de 2015, ACUMAR desarticuló el Programa Sanitario de Emergencia que destinaba 12 Unidades Sanitarias Móviles, dejando sólo 4 funcionando en la actualidad.

ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) es un organismo que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del rabino Sergio Bergman. Está presidido, desde enero de 2017, por Gladys Esther González (con rango y jerarquía de Secretario de Estado), quien renunció a su banca de diputada nacional del partido PRO y dejó su cargo como Interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para ocuparse de ACUMAR.

Los dos presidentes anteriores renunciaron al cargo: Amilcar López, en febrero de 2016, a un mes de haber asumido, por falta de “definiciones respecto de las personas y las políticas”; y Julio Torti en diciembre de 2016. El importante organismo funciona con un Consejo Directivo que está integrado por distintos profesionales ligados al PRO, a la Coalición Cívica y al Frente Renovador.

Funes, en su nota, reseñó un informe titulado “Retroceder en el cuidado de la salud y el ambiente”, elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria presidida por Nicolás Kreplak.

El estudio de dicha Fundación describe el retroceso cuantitativo y cualitativo que se produjo a partir del recorte que se implementó en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), cuyo objetivo es brindar atención sanitaria a los vecinos que habitan terrenos lindantes con las aguas extremadamente contaminadas del Riachuelo.

Así, por ejemplo, menciona que en el 2015 fueron asistidas casi 32 mil personas y en el 2016 menos de 13 mil; que las personas que recibieron vacunas (principalmente niños) pasaron de 2.638 a 726; que los operativos de las Unidades Sanitarias Móviles se redujeron de 145 a 44. Asimismo se destaca que muchos profesionales terminaron renunciando al habérselos dejado sin funciones o bien otros que fueron reubicados en programas ajenos a la temática de salud, o “los nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales que hacía tres o cuatro años que trabajaban en el Plan y a quienes no les renovaron sus contratos”.

La actividad consistía en realizar intervenciones integrales de asistencia a las poblaciones vulnerables, que articulaban la atención médica y pediátrica, la salud de las mujeres, campañas de vacunación, atención psicológica, evaluaciones oftalmológicas con entrega de lentes, estudios complementarios de imágenes como radiografías, ecografías y mamografías. Kreplak destacó que “se trataba de un trabajo continuo para garantizar los derechos elementales de salud”. Enfatizando que en la actualidad “hay un cambio en la concepción de salud, que pasó de ser considerada como un derecho, a ser tomada como beneficencia”.

La propia Dirección de Estadísticas y Censos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que una familia tipo (una pareja con dos hijos) necesitó en abril un ingreso mensual de 19.042 pesos para evitar caer en la pobreza. Y de 7.356 pesos para no caer en la indigencia.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimó que, según sus mediciones, a fines del año 2015 la pobreza ascendía en el país al 29 por ciento de la población y que para el tercer trimestre del 2016 creció hasta el 32,9 por ciento, verificándose la existencia de 1.500.000 de nuevos pobres. Por su parte, el nivel de indigencia creció del 5,3 por ciento al 6,9 por ciento, incrementando en 600.000 personas más el número de aquellos que padecen hambre en Argentina.

En este marco de persistencia y aumento de la pobreza y la indigencia, resulta inconcebiblemente inhumano que se reduzcan los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad, como acontece hoy con ACUMAR en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gentileza del autor Norberto Alayón. Profesor Consulto de la UBA
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