En la audiencia de inicio del debate se escuchó
la contundente prueba contra los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José
“Pipi” Pomares por su responsabilidad en los secuestros, torturas, homicidios y
robos en los 7 casos que forman parte del juicio. Los represores se negaron a
declarar, pero se definieron víctimas de la última dictadura. Además la
querella de Justicia Ya La Plata logró la laicización de la sala de audiencias
de la Cámara Federal. Las audiencias continúan este mièrcoles 17 d emayo a las
10.00 en los Tribunales Federales de 8 y 51. Por HIJOS La Plata
La acusación
El grueso de la primera audiencia del juicio a
los dos represores de la CNU La Plata, Carlos “Indio” Castillo y Juan José
“Pipi” Pomares, se dedicó a la lectura del requerimiento fiscal de elevación a
juicio que hace casi tres años presentó el Ministerio Público fiscal en la
instrucción de la causa.
Castillo llega acusado como coautor material de
los homicidios doblemente calificados de Carlos Domínguez y Leonardo Miceli, la
violación de domicilio y los secuestros simulando orden de autoridad pública
sobre Domínguez, Miceli y Roberto Fiandor, el robo con arma en el caso
Domínguez. En tanto a ambos represores se lo acusa de los homicidios doblemente
calificados de Néstor Dinotto y Graciela Martini, los secuestros y torturas
sufridos por éstos y por Daniel Pastorino y Adelaida Barón. Es de destacar que
en los 7 casos, agrupados en 3 hechos, existen testigos sobrevivientes de los
operativos cuyo relato será central en el debate para reconstruir lo sucedido.
El requerimiento fiscal contextualiza los hechos
en el marco de la persecución a delegados gremiales combativos y a activos
militantes de la izquierda platense en que se sucedieron los hechos. En febrero
del 76 los trabajadores del Hipódromo platense se hallaban en conflicto por
salarios, habían acordado huelga y sus dirigentes habían sido amenazados por
los pesados de la gobernación. El 12 de febrero de ese año fueron secuestrados
en sus domicilios de zona norte de la ciudad Carlos Domínguez (presidente de la
Agremiación de Empleados del Hipódromo) y el testigo-victima N 6 de este
juicio, empleado del Hipódromo. El testigo 6 se escapó del baúl del auto en que
lo llevaban en la ruta 11 a Magdalena, mientras el cadáver de Domínguez fue
hallado el mismo día con 37 disparos al costado de la ruta 20 entre Vieytes y
Magdalena. Un dato revelador es que la familia de Domínguez denunció que el
grupo que lo secuestró estaba integrado por 4 represores, dos de civil y dos
con ropa militar, y que una máquina de escribir robada en el operativo fue
secuestrada posteriormente en la casa de Castillo el 30 de abril del ‘76.
Un hecho posterior confirma el ensañamiento de
la CNU con los trabajadores del Turf: los secuestros y asesinatos de Eduardo
Julio Giaccio, Ernesto David Rojas y los hermanos Oscar Gerardo y Raúl Alberto
Arabel, estudiantes universitarios y activistas gremiales en el Hipódromo,
cometidos una semana después del crimen de Domínguez y que no forman parte de
este juicio.
El segundo hecho se refiere a los asesinatos de
Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini, quienes fueron secuestrados
mientras circulaban en auto por Villa Elisa el 3 de abril del '76, junto a una
pareja sobreviviente del hecho. Los sobrevivientes, testigos N 1 y 2 en este
debate, relataron en el Juicio por la Verdad que la patota disparó a las ruedas
del vehículo que ocupaban, y tras cargarlos en otro auto les hicieron un
simulacro de fusilamiento en Camino Centenario, los llevaron a la casa
operativa de diagonal 113 y 64 en donde torturaron a Dinotto y Martini. La
pareja fue liberada en calle 2 y 32 de La Plata. Las víctimas aparecieron
acribilladas al día siguiente en el barrio Los Porteños de City Bell, con las
manos atadas en la espalda y los rostros tapados con sus ropas.
El tercer hecho a juzgar en el debate será el
referido al secuestro y asesinato del militante de Montoneros Leonardo Miceli
ocurrido el 19 de abril del 76 y realizado por un grupo de 20 mercenarios con
armas largas y a cara descubierta. Miceli fue detenido en su casa del sur de la
ciudad, el mismo día que Carlos Sathicq y Horacio Urrera. Los tres cuerpos
fueron encontrados flotando en el arroyo Santo Domingo en Sarandí y entregados
a los familiares desde la comisaría 4ta de Avellaneda. Miceli y Sathicq eran
empleados y delegados en la empresa Limpiolux, contratista de la entonces
Propulsora Siderúrgica del grupo Techint para la limpieza de las instalaciones
de su planta de Ensenada. Urrera era militante peronista, estudiante de derecho
y delegado en Rentas, donde estaba enemistado con grupos de la CNU. Por
diversas defecciones de los jueces de instrucción de esta causa, Arnaldo
Corazza y Manuel Blanco, se fragmentó la unidad de hechos pese a tratarse de un
mismo operativo y con el mismo destino final, se elevó a juicio solo el caso de
Miceli.
Pobres víctimas
Al momento de las indagatorias, tanto Castillo
como Pomares se negaron a declarar. Sin embargo se extendieron respondiendo
preguntas personales de rigor, pretendiendo hacerse pasar como víctimas de la
última dictadura.
En tono tranquilo pero firme Pomares, de 62
años, dijo que “desde la cuna me dicen Pipi”, que tiene estudios secundarios y
que su último trabajo fue como asesor del senador provincial del FPV y
secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Mosse. Al ser preguntado por sus
antecedentes penales relató: “Condenas tuve en el golpe de Estado. Fui
secuestrado, torturado y estuve 4 años preso. Fui puesto a disposición del
Poder Ejecutivo y juzgado en Tribunal de Guerra”.
Con acento más beligerante Castillo, de 64 años,
aseguró que se recibió como “Licenciado en Ciencias Políticas” y como última
ocupación se “me he dedicado a la actividad privada”.
En cuanto a sus antecedentes se explayó: “Estuve
detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y del Consejo de Guerra
11/1 de la justicia penal a partir del 29 de abril de 1976. Le explico: junto
con mi mamá, mi esposa, mi hermano y mi tía. Mi mamá murió estando detenida.
Nosotros estuvimos 1 año desaparecidos hasta que fuimos legalizados, en virtud
de una ley del gobierno militar que nos declaraba fuera de la ley el 27 de
abril de 1976. Como organización, por supuesto”.
No es la primera vez que represores de la CNU
intentan presentarse como víctimas de la represión de Estado. De hecho por lo
menos 5 de sus integrantes cobraron la indemnización que establece la ley
24.043, que beneficia a quienes hayan sido juzgados por tribunales militares o
hayan estado detenidos a disposición del Poder Ejecutivo durante la última
dictadura cívico-militar. Entre ellos Castillo, Pomares, Gustavo Fernández
Supera (alias El Misto), Dardo Omar Quinteros, Martín Osvaldo Sánchez (alias
Pucho) y Alfredo Ricardo Lozano (alias El Boxer), este último testigo
“arrepentido” en este juicio.
El rol de víctimas no les sienta nada bien a
estos dos represores, porque su derrotero de criminales es harto conocido en La
Plata. A partir de 1974, la CNU coordinaba los atentados con el Jefe de la
Unidad Regional de La Plata, Comisario Masulli. Este liberaba las zonas para
los operativos a través del Oficial principal Julio César Garachico, torturador
de Jorge Julio López en el Centro Clandestino “El Pozo de Arana” y el
Suboficial Mayor Juan Bilardo. En efecto, tras un largo período de andanzas con
las patotas de la CNU al servicio del gobierno provincial de Victorio Calabró,
Castillo y Pomares fueron detenidos durante la dictadura. El 30 de abril de
1976 el Ejército, con el debido apoyo de la Unidad Regional La Plata de la
policía, allanó la casa en que vivía el “Indio” con su madre. Hallaron un
arsenal. Pomares fue detenido en mayo del mismo año cuando los grupos fueron
desactivados por orden del jefe del Área de Operaciones 113 del Ejército,
coronel Roque Carlos Presti. La caída en desgracia de la patota iba en
consonancia con la voluntad de las Fuerzas Armadas de ejercer el monopolio
represivo, y se cristalizó en la declaración como organización ilegal y
posterior disolución de la CNU que determino la Ley 21.325 de julio del '76.
Sin embargo que estuvieran fuera de circulación
no les impidió seguir actuando. En el testimonio del sobreviviente de los CCD
de la Armada y Prefectura Luis Ricardo Córdoba, tanto en Juicios por la Verdad
como en el juicio a la FT5, se afirma que aún presos en la Unidad 9 los grupos
seguían accionando: “existía un grupo de detenidos, que después nos enteramos,
era un grupo del CNU, y conversaba con nosotros y contaban un montón de
atrocidades que hacían. En la Unidad 9 existía un grupo, que correspondía según
ellos al C.N.U., entre ellos un tal Castillo, Pomares y otros. Para nosotros no
estaban ni detenidos”. El dato fue corroborado por uno de los represores de la
U9, el penitenciario Raúl Aníbal Rebaynera (alias el Nazi), quien en su indagatoria
del juicio realizado en La Plata en 2010 ubicó a las patotas de la CNU como
alojadas en el pabellón 11 del penal.
Salido de prisión con cobertura policial y
militar, el “Indio” pasó a integrar los grupos de tareas de la dictadura en
varios CCD del Circuito Camps. Con varias entradas y salidas de prisión en
causas por robo, atentados y tenencia de armas, en los '80 se vinculó a los
mandos carapintadas y trabajó para el Modín de Aldo Rico. Desde HIJOS La Plata
lo escrachamos en su guarida impune en la ciudad en 1998. Detenido en la ciudad
cordobesa de Villa General Belgrano en 2011 y en 2013 condenado a 2 años y 8
meses por llevar un DNI falso. La “actividad privada” a la que se refirió en la
indagatoria incluye el regenteo de seguridad privada y negociados en el
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que conducía el patotero Omar “el
caballo” Suárez, hoy preso por el uso de fondos sindicales para negocios
personales. En el caso de Pomares, era asesor del bloque del Frente para la
Victoria en la provincia hasta que fue detenido en esta causa. Siempre vivió de
cargos en el Estado: entró al municipio en la gestión de Julio Alak y se
sostuvo hasta la de Pablo Bruera. Es defendido por Oscar Salas y Christian
Romano, abogados que en total muestra de coherencia representan al comisario
Luis Raúl Ponce en la causa por la desaparición de Andrés Núñez, y que
pretenderán blanquear la imagen del “Pipi” con constancias de su pasado en el
Servicio Penitenciario, el Hipódromo, la Lotería, la Legislatura, la Municipalidad,
el club Gimnasia y Esgrima de La Plata y hasta un diploma de “militante ilustre
del Partido Justicialista de La Plata”. No es casual entonces que se supiera en
noviembre de 2014 que un sobreviviente recibió durante dos años amenazas de un teléfono
que, según determinó la Justicia, se hallaba en la Contaduría General de la
Municipalidad
de La Plata, en donde tenía un cargo alto la ex
esposa de Pomares, Susana Gordillo, esposa del concejal por el FPV Fabián
Lugli.
Estado laico a la fuerza
Al inicio de esta primera audiencia la querella
del espacio Justicia Ya La Plata realizó un planteo para que se retire de su
sitio el enorme crucifijo con Cristo incluido que preside las audiencias
ubicado sobre las cabezas de los jueces. El planteo se basó en una petición de
varias víctimas de este juicio que sentían en la omnipresencia del crucifijo el
peso de una simbología negativa y que no garantiza el principio de
imparcialidad en el proceso, entendiendo que todos los aspectos que impliquen
al debate oral deben estar dotados de este principio, incluida la sala pública.
Tras una breve deliberación, y con la oposición de las defensas de los
represores, el Tribunal decidió hacer lugar al pedido, si bien difirió su
efectivización a una cuestión burocrática con la Superintendencia de la Cámara
Federal platense, a quien corresponde la sala.
El planteo lo desarrolló la compañera abogada
Pía Garralda de la Asociación de Profesionales En Lucha (APEL), que recordó que
la ideología católica era uno de los pilares de la CNU, citó los antecedentes
de la Corte Suprema y la Procuración General que ordenaron retirar varios
símbolos religiosos de las sedes de esos organismos y fundó el pedido en la
directa vinculación entre la Iglesia Católica y la última dictadura cívico-militar,
no sólo por haber bendecido el Genocidio hace 40 años, sino también por buscar
hoy la reconciliación como impunidad.
Fuente: Eco Red Alternativo