Luis Caputo, ministro de Finanzas, lidera el
proceso de endeudamiento público.
El pago de intereses de Lebac equivale al monto
del presupuesto nacional en Salud y Educación.
El Tesoro, las provincias, los municipios y las
empresas del sector privado decidieron en los últimos 18 meses endeudarse por
casi 100 mil millones de dólares, cifra que equivale al 20 por ciento del PIB.
Por Federico Kucher
El presupuesto 2017 planea destinar este año el
equivalente a unos 8 mil millones de dólares para Educación y unos 3 mil
millones de dólares para Salud. Es el mismo monto que pagará en 2017 el Banco
Central en pesos por intereses de Lebac: equivalente a unos 11 millones de
dólares. La deuda del sector público no se termina ahí y el Ministerio de
Finanzas informó que se cancelarán intereses de bonos por otros 11 mil millones
de dólares, en donde una gran parte será embolsada por acreedores privados del
exterior y organismos internacionales. Estas cifras dicen mucho. Por cada dólar
que se destina a Educación y Salud la sociedad debe poner otros dos dólares
para pagar los intereses de la deuda.
El
Tesoro, las provincias, los municipios y las empresas del sector privado
decidieron en los últimos 18 meses endeudarse por casi 100 mil millones de
dólares, cifra que equivale al 20 por ciento del PIB. La política económica del
Gobierno promocionó este endeudamiento y no parece plantear una estrategia
diferente para el mediano plazo. Los intereses serán cada vez una carga más
pesada para el conjunto de la población, que por el momento no percibe ningún
beneficio de ese ingreso de dólares financieros. El balance del último año y
medio es una caída de salario real, la pérdida de puestos de trabajo, el
retroceso de la producción del mercado interno y el descenso del consumo de bienes
masivos como los alimentos.
El
endeudamiento no consiguió proteger el bienestar de las mayorías, aunque
permitió sostener las políticas de desregulación a favor de los inversores
financieros, la promoción de los negocios especulativos y la apertura comercial
en detrimento de la producción local. ¿Qué legitimidad tiene una deuda que no
se aplicó para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de la población
sino que se contrajo para acrecentar ganancias de sectores dedicados a
especular en el corto plazo? La sociedad tiene derecho a hacerse la pregunta y
sobre todo a pedir explicaciones a sus autoridades.
La
auditoria de la deuda externa en Ecuador es un antecedente regional clave en el
que se privilegiaron los intereses de los sectores vulnerables de la población
sobre el de los bancos y acreedores internacionales. En 2007, se creó la
Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, con el objetivo de
identificar deudas ilegítimas tanto con privados como con el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional.
La
Comisión decidió la suspensión de los pagos de los bonos Global y se avanzó en
la recompra de títulos a precios muy convenientes para el Estado. La porción de
presupuesto destinado al pago de deudas en 2006 era de 24 por ciento y se
estabilizó en menos del 7 por ciento en 2011, al tiempo que el presupuesto
social pasó del 12 a 25 por ciento en el mismo período.
La
Constitución ecuatoriana en 2008 agregó otro elemento para limitar los efectos
de la deuda sobre las próximas generaciones. Se plantearon normas que permiten
tomar deuda pública sólo para financiar proyectos de inversión para
infraestructura. La devolución de los pasivos, en tanto, queda supeditada a que
el conjunto de la población tenga capacidad de acceder a los servicios y a la
canasta básica de alimentos.
_Fuente: Página 12
