martes, 27 de febrero de 2018

Intelectuales y pensadores sacaron un comunicado contra el gobierno de Macri


Beatriz Sarlo, entre otros...
Nucleados en 'Espacio de Pensamiento Crítico', pensadores como Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella y Rubén Lo Vuolo, esbozaron duras críticas al gobierno de Cambiemos con el cual dicen ver un retroceso.

La corriente de pensadores nucleados en 'Espacio de Pensamiento Crítico' arremetió contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri en un comunicado público donde expresaron todas sus diferencias.


Entre las profundas, se encuentra la cuestión de los Derechos Humanos y las libertades indivisuales, donde ven un "grave retroceso".

"La protesta social, la problemática indígena, la seguridad ciudadana", y sobre todo "la violencia institucional" son los tópicos que marcaron como delicados desde la asunción de Macri.

En ese sentido, mencionaron el caso de Santiago Maldonado y el crimen del joven mapuche, Rafael Nahuel, "asesinado por fuerzas de Prefectura". Pero, además, criticaron la postura del Gobierno y sus funcionarios ante estos terribles hechos.

El caso Chocobar también forma parte del texto, sobre el que puntualiza que "desde los lugares más prominentes del Gobierno se alienta la idea según la cual la muerte del delincuente es una opción más” y "se busca justificar crecientes acciones de represión estatal”.

Este es el documento completo:

Hacia una caracterización del gobierno de Cambiemos
La ampliación del horizonte punitivo y los derechos humanos

A más de dos años de gestión, es necesario hablar del gobierno de Cambiemos sin utilizar como atenuante la insistente coartada acerca de la “herencia recibida”. Importa analizar el actual gobierno en términos políticos, económicos, sociales y culturales, en sí mismo; esto es, como un proyecto autocontenido, visible en las políticas que se han venido aplicando en los diversos órdenes, a lo largo de estos dos primeros años.
Eso no significa que haya que dejar de lado el pasado o analizar la situación actual del país ignorando la historia anterior. Al contrario, podríamos señalar las continuidades y rupturas que representa el gobierno de Cambiemos respecto de otras gestiones gubernamentales, post-1983; también podríamos hacer hincapié sobre las responsabilidades del gobierno anterior en el actual estado de cosas (social, político, económico) o su tolerancia para con la corrupción; asimismo, podríamos marcar los problemas económicos y sociales traspasados por el gobierno anterior así como la ausencia de autocrítica de parte de diferentes sectores –políticos, económicos e intelectuales- respecto de las políticas previas a 2015. También podríamos ocuparnos de ciertas mejoras que se observan en algunas áreas de gobierno con respecto a gobiernos anteriores, como así también del accionar de muchos grupos de la oposición cuya crítica sólo busca limpiar las responsabilidades propias en el pasado y culpar a la actual gestión de todos los problemas del país.

Sin embargo, y no sólo por un problema de extensión, en este primer documento de análisis crítico de la gestión de Cambiemos, nos interesa ocuparnos de una cuestión que ya es un signo inequívoco de este gobierno y que merece una reacción urgente: su retórica y su política en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana. Para ello, lo primero es señalar que las referencias al pasado ya no son suficientes para explicar lo que está sucediendo; incluso, se vuelven cada vez menos necesarias para caracterizar al actual gobierno argentino. Más aún, el uso y abuso que la gestión actual ha venido haciendo de la “herencia recibida” en muchos casos no buscó siquiera superar problemas heredados sino más bien tendió a profundizarlos, tal como lo ilustra la continuidad de la dinámica polarizadora de la sociedad o la profundización de la violencia política estatal y del carácter represivo  del accionar de las fuerzas de seguridad.

Nuestro propósito en este documento es hacer eje en las transformaciones que promueve el presente gobierno, con la convicción de que se trata de un proyecto político-ideológico que pretende volverse hegemónico y consolidar un nuevo orden político, económico y social en el país. Este texto no busca agotar esta complejidad sino que representa nuestro primer análisis y nuestra primera declaración en la materia, centrada en la temática de los derechos humanos, vinculada a la protesta social, la problemática indígena y la seguridad ciudadana, por entender que la misma representa una ruptura con los mejores valores que buscó construir la recuperación democrática en el país.

En términos de  violencia política estatal, el gobierno de Cambiemos ha cruzado un umbral. El doble discurso, las tensiones y contradicciones propias del kirchnerismo son parte del pasado. En el gobierno anterior había un discurso de derechos humanos, que coexistía con una política de criminalización y represión, mientras que bajo la gestión de Cambiemos no hay invocación alguna a los derechos humanos como guía de las políticas públicas. Por el contrario, contra la doctrina de los derechos humanos, individuales y colectivos, el gobierno de Cambiemos plantea una política de criminalización que se aplica de manera cada vez más sistemática y generalizada sobre el conjunto de los diferentes actores sociales y políticos movilizados, en un contexto de visible aumento de la protesta social.

Así, la violencia institucional se agravó  y en los últimos meses se abrió a una nueva época; primero, con el hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, luego de estar desaparecido durante 78 días, donde todavía se desconocen las causas de su  muerte por ahogamiento, sucedida en un contexto de represión de fuerzas de Gendarmería, de la cual el gobierno ha buscado de modo sistemático des-responsabilizarse; luego con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel, en Río Negro, por parte de las fuerzas de Prefectura, una acción criminal justificada públicamente por altos funcionarios de gobierno. En un contexto de clara disputa por la tierra con grandes actores económicos, el gobierno convirtió a la población mapuche en una suerte de “enemigo interno” buscando así disciplinar cualquier disputa sobre la apropiación de los recursos naturales en el país.

La agresiva campaña política y mediática que apunta a asociar al pueblo mapuche con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de cuya existencia y accionar no se ofrecen pruebas convincentes, se ha vuelto un injustificado ensayo de agresión del poder político y económico contra los grupos más vulnerables de la población. Esta campaña de demonización de grupos vulnerables que protestan contra las políticas oficiales está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Cambiemos hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas, de centrales nucleares y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.

Estamos ante una gestión gubernamental que sólo reconoce los derechos del capital en los territorios nacionales, para lo cual ha resuelto profundizar el modelo extractivista adoptando modalidades represivas estatales más graves, que revelan no sólo la responsabilidad del gobierno nacional sino su connivencia con ciertos discursos y representaciones sociales de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad argentina.

Causa alarma la insistencia del gobierno, muy propia de las últimas décadas, de tratar las cuestiones de derechos a la luz de lo que expresen coyunturales encuestas de opinión pública. Montado en la ligereza y la irresponsabilidad,  propias de las políticas de seguridad de las últimas décadas, el gobierno habla hoy de una “nueva doctrina” en la materia, con lo cual busca justificar crecientes acciones de represión estatal. No se trata de un “plan sistemático” (entre otras razones, por la improvisación con que se maneja en el tema y los “frenos políticos” que mantiene), pero tampoco de meras afirmaciones desafortunadas y hechos aislados. El gobierno, bajo el impulso fundamental, pero no exclusivo, del propio Presidente y su Ministra de Seguridad, busca sostenidamente justificar el “endurecimiento” de la acción represiva del Estado en un vasto campo  que se extiende desde el accionar policial hasta la política de derechos humanos y su relación con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. En lo que sigue nos ocupamos de señalar algunas de las piezas del sistema que viene articulando.

En relación con el accionar policial, desde los lugares más prominentes del gobierno se alienta la idea según la cual la muerte del delincuente es una opción más, disponible sin mayores resguardos, para los agentes de seguridad. El hecho de que el Presidente felicitara en público a un agente policial procesado por haberse excedido en el ejercicio de sus funciones, y responsable de haber matado a un presunto delincuente (e insistiera con ello aún luego de la confirmación del procesamiento por la Cámara Nacional Criminal y Correccional), es de una gravedad difícil de exagerar: ningún gobierno puede celebrar nunca la muerte de nadie, ni merece poner nunca a quien ha matado, como un ejemplo.

Otro elemento de la nueva doctrina en la materia  se observa a nivel probatorio, cuando la Ministra de Seguridad se pronuncia en el sentido de “cambiar la presunción de inocencia a favor de las fuerzas de seguridad”. Esta afirmación no sólo choca contra la Constitución, sino también contra la idea, propia del sentido común, que nos dice que el poder extraordinario que adjudicamos a quienes llevan armas de fuego, exige de cuidados y controles también extraordinarios sobre el modo en que ellos pueden hacer uso de ese poder.

El gobierno y sus defensores también proponen dar un giro en el área procesal, que se advierte cuando quieren presentar como extremas, o propias del fanatismo doctrinario, a las posiciones llamadas “garantistas” –esto es, a la defensa de garantías procesales que son asumidas aún por el más modesto derecho penal liberal, en cualquier país civilizado. Lo cierto es que, si reconocemos derechos, también a los victimarios, ello no es por su condición de criminales, sino porque todos los seres humanos deben ser tratados como tales, si se pretende respetar los derechos humanos universales.

En el ámbito penal, y desde las más altas esferas del gobierno, también se advierte la promoción de pautas conservadoras en cuestiones tan básicas como la prisión preventiva, la libertad condicional, o aún la pena de muerte –que nuestro derecho decide en línea con las exigencias del Pacto de San José de Costa Rica. Todas estas cuestiones siguen siendo elementales para el funcionamiento del Estado de derecho que el gobierno dice querer respetar; como ejemplo, vale señalar que el Pacto establece de modo explícito que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. La nueva doctrina que busca difundir el gobierno en materia penal, aparece en clara tensión con los principales rasgos que definen nuestro derecho desde mucho antes que la Constitución de 1853.

El discurso constitucional del gobierno también aparece degradado en relación con los principios económicos y sociales básicos que dice sostener. En este sentido, sus objetivos en ciertas áreas económicas aparecen inequívocamente por encima de las exigencias que el gobierno debe cumplir en materia de derechos fundamentales. Los derechos económicos y sociales establecidos en la Constitución desde hace más de medio siglo no son tratados hoy como derechos inviolables e incondicionales sino como residuos de un programa que prioriza y garantiza beneficios y rentas al capital más concentrado. El argumento oficial que justifica estas prioridades en el falso apotegma que pretende que así se retomará el crecimiento económico, la generación de empleo y una mejor distribución, es teórica e históricamente insostenible. En la práctica, se traduce por la erosión de las garantías para el acceso a condiciones laborales y beneficios sociales básicos, y continúa políticas asistenciales residuales que no responden a las exigencias de bienestar social de la población en las actuales condiciones de funcionamiento del sistema económico.

Todo lo anterior aparece como un resultado lógico de la señalada postura del gobierno en materia de derechos humanos. En breve, bajo la gestión de Cambiemos, no hay invocaciones fundadas en los derechos humanos. No sólo el Presidente se ha referido a los mismos, más de una vez, en tono despectivo sino que además muchos de sus funcionarios y adláteres parecen negar la existencia de pactos internacionales, de toda una normativa legal y constitucional en defensa de estos derechos, a los cuales parecen considerar como “facciosos” (propios de una determinada facción política) y aún “nocivos” para el accionar público.

En suma, en materia de derechos humanos, como también de la protesta social, del reclamo de los pueblos originarios, de la seguridad ciudadana y del efectivo ejercicio de los derechos económicos y sociales, el gobierno de Cambiemos busca imponer un conjunto de políticas y de representaciones sociales que son contrarias a la doctrina nacional e internacional. Estas prácticas expresan un grave retroceso tanto en cuestiones de libertades individuales como en términos de autogobierno colectivo que es necesario rechazar y enmendar de forma urgente.

Primeras Firmas
Roberto Gargarella, Ruben Lo Vuolo, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Silvina Ramirez, Horacio Tarcus, Patricia Zangaro, Enrique Viale, Alicia Lissidini, Pablo Alabarces, Patricia Pintos, Gabriela Massuh, Andrea Sacca, MaximilianoEstigabirria, Ruben Famá, Pamela Cáceres, Martín Bergel, Carmen Sara Arraras,Julio Aguirre, Andrés del Río, Victoria Corte

Adhesiones a: espaciopensamientocritico@gmail.com

Fuente: Página 12 

lunes, 26 de febrero de 2018

"No hay ningún detenido". Los familiares de Rafael Nahuel siguen reclamando justicia


Antes de la manifestación organizada por diferentes organismos de derechos humanos frente al Centro Cívico de Bariloche, la tía de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado por la espalda durante un operativo de la Prefectura Naval hace tres meses, denunció que hasta el momento “no hay ningún detenido”, aunque adelantó que el próximo viernes se conocerá el nombre del agente que apretó el gatillo el 25 de noviembre pasado en Villa Mascardi, Bariloche.

María Nahuel denunció, además, que “siempre se destaca que nosotros fuimos quienes ese día nos enfrentamos (con las fuerzas de Seguridad), que fuimos los provocadores, pero es una gran mentira”, y subrayó la responsabilidad de la ministra Patricia Bullrich en la muerte de su sobrino, porque “lo mandó a matar a sangre fría, por la espalda”. “Seguimos reclamando justicia y que pague quien mató, y que la ministra tenga un poco de vergüenza, pero hasta aquí no lo creo”, agregó.

Nahuel fue asesinado aquel 25 de noviembre durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval dentro de la comunidad Lafken Winkul Mapu, cuyos pobladores reclamaban su derecho ancestral sobre territorios enajenados. La bala que terminó con la vida del joven fue de un arma 9 milímetros, similar a las que usan los efectivos de esa fuerza especial de la Prefectura, según confirmaron los peritajes realizados tras su muerte, que también echaron por tierra la hipótesis sostenida por el Gobierno de que en las manos de Nahuel había restos de pólvora.

María Nahuel, advirtió, inclusive, que en los últimos dos meses las fuerzas de seguridad incrementaron considerablemente el número de efectivos desplegados en la zona: "Estamos siendo perseguidos por la Policía Federal y por Gendarmería (...) solamente por ser mapuches". "Esperamos que nadie más sea asesinado", añadió en diálogo con Radio La Patriada.
Respecto al estado actual de la causa, adelantó que el próximo viernes se dará a conocer el nombre del efectivo que  apretó el gatillo aquel nefasto día. “La abogada me dijo que ya hay una persona identificada”, explicó, y concluyó : “Espero que algún día la Justicia esté a nuestro favor y lo deje en prisión perpetua”.

Fuente: Página 12

Corean el nombre de Macri en todas los estadios de futbol



Mauricio declaró alguna vez que su sueño era ser el 9 ó el 10 de Boca y que la gente coreara su nombre en las canchas.
No llegó a ser un delantero de Boca pero sí logró, por mérito propio, que su nombre resonara en todas las canchas de fútbol, incluso en alguna de basquetball, en las marchas de protestas y hasta  en el subte. ¡¡¡Mauricio Macri la @!%!**#@#!!!
Si el video anterior te pareció de fuerte contenido, te brindamos la versión light, un video tipo karaoke para que lo disfrutes en tus reuniones familiares o de amigos.

viernes, 23 de febrero de 2018

La Marcha del 21F a toda imagen


La organización llegó a contabilizar alrededor de 400 mil personas en la movilización que se concentró en la Avenida 9 de Julio.

En el marco de un verano con varios escándalos que sacuden al Gobierno, medidas de ajuste que impactan en los bolsillos de los trabajadores, despidos y caída de la imagen de Mauricio Macri, miles de personas salieron a manifestarse en una marcha opositora que tuvo a Hugo Moyano como líder.
La impactante marcha registrada desde un drone
Las estimaciones van desde las 80 mil personas que dicen los funcionarios de Cambiemos hasta las 400 mil personas que contabilizaron desde la organización. Las imágenes son impactantes y reflejan que cientos de miles se concentraron en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.
Discurso de Hugo Yasky
 Discurso de Sergio Palazzo
Discurso de Hugo Moyano
LEER MÁS: El protagonista de Merlí criticó a Macri

Galería de Fotos de Utophia
  
Jorge Altamira dirigente del Partido Obrero
 
Raúl Dellatorre, reconocido periodista del recordado Visión7 Internacional

 
Integrantes de Seamos Libres de Lanús

jueves, 22 de febrero de 2018

Duro informe de Amnistía Internacional sobre la política de derechos humanos en la Argentina


El informe anual de 2017/2018 denunció "una criminalización" contra grupos indígenas; habla de un retroceso en la política migratoria y detenciones "indiscriminadas" de parte de la policía

Por Martín Dinatale
Una "criminalización y discriminación" de los pueblos indígenas. Derechos de los inmigrantes con "retrocesos importantes". Detenciones "indiscriminadas" y mujeres maltratadas por la policía. Críticas por la muerte de Santiago Maldonado y por la detención de Milagro Sala.

Estos son algunos de los ejes relevantes del informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2017/2018 que presentará este jueves Amnistía Internacional y cuyo capítulo dedicado a la Argentina muestra una dura crítica a la política de derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri.

Si bien ofrece algunos elogios al país como la sentencia en la megacausa ESMA y los avances legislativos con la ley de emergencia territorial y la ley de paridad de género, en líneas generales el documento es duro con el Gobierno.

El informe anual de Amnistía al que accedió Infobae será presentado hoy en todo el mundo. Contempla severas críticas a la situación de violación a los derechos humanos en Venezuela y también revela una primera radiografía completa de los dos primeros años de Macri en materia de derechos humanos sobre los siguientes temas:
1- Comunidades indígenas y Maldonado. El documento sostiene que "la mayoría de las comunidades indígenas aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconocía su derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales".

En este punto Amnistía destacó que en enero de 2017, la policía local y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina, "una policía federal militarizada", cerraron todos los puntos de acceso a la tierra indígena habitada por la comunidad mapuche Pu Lof en Chubut.

Así, al abordar el caso de la muerte de Maldonado el informe revela que "la comunidad denunció ataques de las fuerzas policiales que incluyeron golpes e intimidación a niños y niñas". Y luego califica como "una operación ilegal" de la Gendarmería la que se realizó en la comunidad de Pu Lof durante la cual desapareció el tatuador. Indica más adelante que fue hallado el cuerpo del joven y que la investigación sobre su muerte no concluyó.

Por otra parte, al destacar las políticas "discriminatorias" contra los grupos indígenas el informe de Amnistía sostuvo que "las autoridades emplearon procedimientos judiciales para intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas, de sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio".

Allí menciona que Agustín Santillán, líder indígena del pueblo wichí en la provincia de Formosa, pasó 190 días en prisión preventiva entre abril y octubre y afrontaba más de 28 procesos penales.

2- Derechos sexuales y reproductivos. En referencia a este tema el informe anual de Amnistía sostiene que en la Argentina "las mujeres y las niñas seguían afrontando obstáculos para acceder a un aborto legal cuando el embarazo ponía en peligro su salud o cuando era consecuencia de una violación". Así, aclara que la despenalización plena del aborto estaba pendiente de aprobación en el Congreso.
3- Violencia contra las mujeres. En un apartado especial, el informe destaca que, según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre del año pasado se registraron al menos 254 femicidios. En tanto, denunció que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres "para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena".

4-Inmigrantes y refugiados. El informe de Amnistía cuestiona duramente el decreto de Macri que modificó la ley de migraciones de 2004 para "limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones".

En tanto, al recordar la promesa del Presidente de recibir 3000 refugiados sirios destaca que "el sistema de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente, y no había un plan de integración vigente para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo, la atención médica y el aprendizaje del idioma".
De esta manera, Amnistía señala que, a pesar del compromiso del jefe de Estado, hasta ahora no se había creado ningún programa de reasentamiento y "menos de 400 personas refugiadas sirias se habían beneficiado de un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias".

5- Juicios a militares. Amnistía señaló que en 2017 seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1976-1983.  Así, enumera que entre 2006 y mayo de 2017 se dictaron 182 sentencias, con lo que el número total de personas declaradas culpables se elevó a 756 y el de absoluciones ascendió a 74.

Pero por otra parte, el informe destacó que la Corte Suprema dictó sentencia en el caso de Luis Muiña (que fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad) y estableció que cada día cumplido en prisión preventiva debía contar como dos cuando la persona en cuestión permanecía detenida más de dos años sin que se dictase condena. Luego aclara que el Congreso aprobó posteriormente una ley para aclarar que la conocida como "fórmula del 2×1" podía no ser aplicable a crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

6- AMIA. Al evaluar el caso del encubrimiento de la investigación del atentado de 1994 contra el edificio de la AMIA, la ONG mundial encargada de velar por los derechos humanos alertó que un decreto de Macri de abril de 2017 transfirió documentación clasificada de la Unidad Fiscal Especial al Ministerio de Justicia, lo cual "ponía en peligro la independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las pruebas".
7- Marchas y policías. En este capítulo Amnistía destacó que durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se produjeron "detenciones indiscriminadas". Y reveló que "muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales; algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo".

En otro tramo del informe se revela que en abril "se reprimió con violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de salarios justos". Y se destaca  que en septiembre, 31 personas fueron "violentamente detenidas" y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de la Ciudad de Buenos Aires por participar en una manifestación masiva.

Luego hace mención a las protestas de diciembre pasado en contra de la reforma previsional frente al Congreso. Sobre esta marcha, Amnistía denunció que "la policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas".
Al recordar el caso de Milagro Sala, Amnistía destacó que "no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la liberación inmediata de la líder social y activista" piquetera acusada por delitos de corrupción. "Sólo se atendió parcialmente esa solicitud, ya que las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e internacionales", dijo el informe.
En diálogo con Infobae, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, destacó: "En Argentina observamos avances y retrocesos. Entre los pasos hacia adelante podemos destacar la sentencia en la megacausa ESMA; la absolución a Belén, una mujer que estuvo presa por la pérdida espontánea de embarazo y los avances legislativos con la ley de emergencia territorial y la ley de paridad de género".

"Sin embargo –añadió Belski- también debemos mencionar algunos retrocesos especialmente en la criminalización de la protesta social y de los pueblos originarios; y de los derechos de las mujeres. Las barreras para acceder a un aborto legal cuando el embarazo pone en peligro la salud o cuando es consecuencia de una violación es un problema gravísimo que se cobra miles de vidas. Por eso, es urgente que este año el Congreso por fin debata la despenalización del aborto".

El informe de Amnistía no tomó en cuenta que en diciembre pasado el Gobierno presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos. Este programa contempla cinco ejes que incluyen la continuidad de los juicios a los militares acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, pero que intenta ir más allá, y agrega derechos como la seguridad pública, la inclusión y la no discriminación, el acceso universal a la salud y la educación y la cultura cívica. Esos ejes contienen 243 planes de acción.

Fuente: Infobae

Demoledor informe de la CNN sobre la corrupción en el Gobierno de Macri


A partir de la renuncia de Valentín Gómez Gilligan, subsecretario general de la Presidencia, tras ser denunciado por esconder dinero sucio en Andorra, desde la señal de noticias estadounidense prepararon un informe sobre los casos más resonantes de corrupción dentro de la gestión de Cambiemos.

Entre los funcionarios señalados por la CNN, se encuentran el ministro de trabajo Jorge Triaca, el ministro de finanzas Luis Caputo, y el ministro de agro-industria Luis Etchevehere.

Fuente: Notienred

miércoles, 21 de febrero de 2018

Reclamo por las escuelas del Delta


Después del anuncio de cierre de ocho instituciones, isleños y docentes denuncian un atropello
Denuncian que casi cien alumnos quedarán sin escuela por lo que deberán viajar varias horas en lancha para no perder la escolaridad. La provincia no presentó ninguna resolución firmada.
La protesta se realizó en la puerta de la Dirección Provincial de Islas, en San Fernando.
Familiares, gremialistas y docentes de las ocho escuelas del Delta que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cerrará antes del inicio de clases se movilizaron ayer desde la estación fluvial de Tigre a la Dirección Provincial de Islas para acompañar a los directivos de los establecimientos que se reunieron con las inspectoras regionales. La medida afectará a más de 80 chicos, que, en muchos casos, deberán viajar dos horas en lancha para llegar a sus nuevas escuelas. En diálogo con PáginaI12, las directoras de las escuelas 18 y 19 denunciaron que la provincia no presentó ninguna resolución firmada, reclamaron la presencia de funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal para darles explicaciones y rechazaron el cierre de las escuelas por considerarlo “un atropello a los derechos de los chicos y las familias isleñas”. Los concejales de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador convocaron para hoy a una sesión extraordinaria en el concejo deliberante de San Fernando en el que presentarán un proyecto para detener el cierre de las escuelas.
“Optimización de recursos”, fue el argumento que esgrimieron las autoridades del gobierno para justificar el cierre de las ocho escuelas en la reunión de ayer, según contaron a este diario Analía Marcos, directora de la EP 18, y Roxana Accino, directora de la EP 19. Ambas recordaron que en diciembre del año pasado funcionarios del gobierno provincial recorrieron las escuelas del Delta, hablaron con los docentes, revisaron el estado de los edificios y prometieron mejoras para el ciclo lectivo de 2018. El viernes, la Dirección de Inspección General, que integra la Dirección de Cultura y Educación de la provincia, publicó un comunicado que indicaba que “considerando los relevamientos presentados por las respectivas Jefaturas durante el año 2017 de la Evaluación Diagnóstica Institucional y Situacional de los Servicios Educativos, informes presentados siempre con una mirada en términos de calidad educativa y garantizando la continuidad pedagógica se procede a la clausura temporaria y a la nueva reorganización”. Debajo figuraba el listado con las escuelas 919, 920, el Jirimm 1 y las escuelas primarias número 13, 18, 19 y 25.

Marcos señaló que en la reunión de ayer con la Inspectora Jefe Regional de San Fernando Elsa Luna y con la Inspectora Distrital Clarisa Cea, “nunca nos explicaron qué significaba el ‘temporario’ del comunicado, ni nos dieron respuestas certeras sobre quién había ordenado el cierre. Tampoco nos presentaron ninguna resolución firmada por algún funcionario provincial. Nos aseguran que van a cerrar las escuelas, pero nadie se quiere hacer cargo y poner la firma”. Accino, en tanto, coincidió en que el gobierno provincial procedió “totalmente fuera de la norma, violando leyes y sin respetar ningún protocolo”, y consideró que “dicen que es una clausura ‘momentánea’ para no decir que están haciendo un recorte en la educación pública”.

Las directoras, en conjunto con docentes, representantes gremiales y familiares de los chicos afectados por el cierre de las escuelas, le entregaron a las inspectoras un acta, “para que la eleven a las autoridades de la provincia, ya que ellos no se hicieron presentes”, explicó Marcos. “En el acta dejamos en claro que se trata de una medida totalmente arbitraria, sin consulta a las familias o a los docentes; que se están violando los derechos de los ñiños, que los va a afectar seriamente en su proceso educativo; pedimos que se convoque a una reunión con las familias y dejamos en claro que están violando la normativa de la región, que establece que cada chico tiene que ir a la escuela en el arroyo en el que vive”, detalló la directora.

Accino, por su parte, indicó que ante la postura de las inspectoras de apoyar el cierre de las escuelas, también pidieron su renuncia, “ya que ellas son cómplices de la vulneración de los derechos de los chicos”. Finalizada la reunión, las inspectoras se comprometieron a “elevar el acta a La Plata”, según recordó Marcos, aunque destacó que no les precisaron a qué organismo iban a elevar el documento. “Ahora estamos a la espera de una respuesta formal del gobierno de la provincia. Alguien se tiene que hacer cargo de la medida”, añadió.

La directora de la EP 18 contó que miembros del gobierno de la provincia elaboraron un mapa con los supuestos nuevos trayectos que van a tener que hacer los alumnos y alumnas, que muestra “el desconocimiento total de la zona por parte de los funcionarios” (ver aparte). “Los 16 chicos que van a mi escuela van a tener que viajar más de dos horas para llegar al nuevo colegio. Es imposible que con tanto viaje vayan a rendir mejor académicamente porque van a gastar todas las energías viajando”, explicó. “Es una violación a los derechos de los chicos y de las familias”, agregó.



Accino sostuvo que en el caso de su escuela la situación es la misma. “Por ejemplo, hay una nena de 3 años que tarda 20 minutos en llegar a la escuela, pero ahora va a tener que viajar más de dos horas”, indicó. La directora apuntó que “cuando cierren las escuelas los arroyos se van a quedar sin actividad porque no va a pasar más las lanchas. Es un atropello contra toda la comunidad isleña”.

Fuente: Página 12

martes, 20 de febrero de 2018

La increíble defensa de Iúdica para justificar el tiro por la espalda de Chocobar


Sólo le faltó agregarle a la defensa que hizo de Chocobar un “Dale” para recibirse de pelotudo extremo.
El conductor explotó en vivo contra los que critican al efectivo policial.

En el programa Involucrados, el conductor Mariano Iúdica se metió de lleno en el caso Chocobar y defendió el accionar del policía local que mató por la espalda a Pablo Kukoc.

El mediático se cruzó en vivo con el ex funcionario kirchnerista Guillermo Moreno debido a que este cuestionó que el Gobierno haya salido a respaldar al efectivo.

Al respecto, Iúdica replicó: "Había un chico apuñalando a una persona, le dice la voz de alto ¿esta mal? Le dice 'alto, alto alto' a una persona que apuñaló nueve veces, ¿qué queres que le diga? ¿Se puede dar vuelta señor asesino porque quiero darle un tiro en al rodilla?".

Y eufórico respaldó: "¿Sabes por qué tira? Porque es nuevo, si tuviera un año dentro de la fuerza no tira, tira porque tiene la vocación blanca y nuevita"

Fuente: El Destape 

lunes, 19 de febrero de 2018

La culpa es de Balmaceda: ¿El kirchnerismo ha muerto?



Por Teodoro Boot
Sin ser este un intento de crítica o de polémica, la nota “¿El kirchnerismo ha muerto?” que Carlos Balmaceda publicó en Identidad peronista (https://www.identidadperonista.com/2018/02/13/el-kirchnerismo-ha-muerto/) ha suscitado en quien escribe un sinnúmero de dudas e interrogantes y apenas un puñadito de respuestas, parciales e imperfectas, a esas y otras dudas e interrogantes.

El fantasma de Alvear

Uno nunca ha sido muy proclive a separar kirchnerismo de peronismo. Ni viceversa. Sin Néstor y Cristina (dicho sea de paso –porque si vamos ahora a señalarle la quinta pata al gato, hagámoslo en serio–, dos dirigentes políticos que habían participado, y en forma muy activa –hasta el punto de subir al enyesado Rafael Flores al avión de la gobernación para que pudiera votar en la sesión de diputados–, en uno de los mayores crímenes cometidos contra el país en lo que va de la historia del país como fue la privatización de YPF –cuyo miembro informante fue Oscar Parrilli–, la aniquilación de Gas del Estado y el descuartizamiento de Agua y Energía Eléctrica), pero sin Néstor y Cristina ¿qué hubiera sido del peronismo sino una federación de partiditos conservadores de carácter provincial o, en el mejor de los casos, una nueva versión del alvearismo radical?
A propósito, durante la juventud de uno el fantasma siempre presente era el peligro de “alvearización”, del que, sorprendentemente, hoy no se habla. ¿Será que ese proceso tuvo lugar y el peronismo ya fue alvearizado con cintita y moño?

De acuerdo a lo ocurrido durante los gobiernos de Néstor y Cristina correspondería decir que no, que la alvearización no es una realidad, pero de todos modos sigue siendo un riesgo siempre presente. Porque ¿qué es lo que llamamos alvearización? El acuerdo, la componenda con el Régimen oligárquico y antinacional, hasta el punto de mimetizarse en y con él, adoptando sus modos, lenguaje, metodología, conceptos e ideología, un camino que conjuntos más o menos importantes del peronismo intentaron recorrer del 55 a esta parte y, con mayor enjundia, desde la muerte de Perón.

(Otro tanto había pasado con el radicalismo desde mucho antes de la muerte de Yrigoyen, primero con la disidencia “antipersonalista” –que se separó de la UCR para formar un nuevo partido– y luego con la facción interna encabezada por Marcelo de Alvear que acabó apropiándose de la conducción y el espíritu de la UCR).

Que me falta un ojal, que me sobra un botón

El “problema” aquí (en comillas porque es “problema” para la interpretación, pero no muy grave para la acción ni la construcción, excepto en cuanto al esfuerzo de creación e imaginación que demanda) es que siendo el kirchnerismo parte del peronismo, a la vez lo excede. Plantear entonces que debe firmarse el certificado de defunción del kirchnerismo (aun precedido del pronombre ese)¿no implicaría amputar aquella porción que excede al peronismo? ¿Qué hacer con el resto, con la masa que ha ido levando, si el molde resulta chico? ¿Dos pizzas diferentes? ¿No valdrá la pena ampliar el molde, lo que en realidad podría implicar hacer un molde nuevo? ¿Es a eso a lo que se le teme?

Se nos habla de volver a Perón (no Balmaceda, pero esto no es un análisis ni una crítica a Balmaceda sino una enumeración desordenada de interrogantes que la nota le ha despertado a uno, que sí habla de “volver a los clásicos”). Pero a Perón, a esos “clásicos”, hay que volver para reinterpretarlos, no para recitarlos; para releerlos con ojos actuales y no con la mirada de hace diez, veinte o cincuenta años. Dicho esto por la sorpresa que despierta la tentación, la tendencia incluso, a transformar a Perón en un Cid Campeador de las pampas que atado al lomo de la doctrina gane las batallas por nosotros.

Ganar estas batallas no es asunto de Perón –ni de Jauretche, Scalabrini o Hernández Arregui– ni de la doctrina; es asunto de la política y de quienes hoy pretenden asumir la dirección de un conjunto que –por lo que se ve– no aspira a ser muy grande.

Dicho de otra manera: va hacia atrás, no para adelante, en la creencia de que por influjo de alguna poción mágica todos los dirigentes de 1País devengan peronistas y todos los votantes de ese conglomerado, de Unidad Ciudadana y del Frente Justicialista vayan a pronunciarse por un único candidato que, hipotéticamente, surgiría de esos encuentros dirigenciales y/o de elecciones internas o Paso que lo resolverían todo.

¿Por el solo hecho de surgir de un acuerdo entre las distintas facciones peronistas, de “representar al peronismo”, ese hipotético candidato va a despertar la expectativa general?

Y dicho sea de pasada ¿no cabría preguntarse por qué razón a esa tan amplia y generosa “reunificación peronista” no fue invitado Pino Solanas? ¿Alberto Fernández, Daniel Filmus o
Sergio Massa pueden exhibir mayor trayectoria en el peronismo que Fernando Solanas? ¿Los aportes conceptuales a la causa nacional de Daniel Arroyo, Florencio Randazzo o Victor Santamaría han sido superiores a los de Alcira Argumedo? ¿O es que en esa unidad de todos no están todos? ¿Y están seguros esos casi todos de que de un acuerdo entre ellos podrá surgir quien exprese al votante marginal a la política y marginado de la sociedad a quien, es más que obvio al menos en la provincia de Buenos Aires, parece seguir expresando electoralmente Cristina Fernández más que el “peronismo” o el “kirchnerismo” en cualquiera de sus expresiones?

Pero aun contando con el apoyo explícito de Cristina Fernández, ese hipotético candidato de los todos que no son todos ¿podrá despertar algún entusiasmo en ese sector juvenil politizado durante los últimos años en base a esa insoportable macchietta que actualmente se cuestiona de la administración anterior?

Pa que dentre

La lista de horrores y errores al divino botón del gobierno anterior podría ser interminable y no se reducen a la errática política de medios, los sobreactuados stand ups presidenciales o el discurso lelo y absolutista de las pasionarias kirchneristas, que las hubo a raudales y de ambos sexos.

Concebir Enarsa como un instrumento de negocios y no como germen de una nueva empresa
nacional de energía es un error mucho más grueso que el hablarse encima de Cristina, la soberbia canchera de Aníbal o la sobreactuación permanente de Guillermo Moreno. El disgusto y la renuencia con que se procedió a unas pocas estatizaciones merece aun mayores críticas que la ingenua pretensión de que el Poder Judicial fuera a aceptar alegremente una reforma que recortaba su poder, porque revela una concepción equivocada de la sociedad, de la historia y de la estructura cultural y económica del país: los servicios públicos y la energía deben necesariamente ser estatales, porque si no son estatales estarán en manos extranjeras. Pero aun en el hipotético caso de que estuvieran en manos de empresas nacionales, fuera de la necesidad de que se responda a la pregunta ¿qué es lo que hace nacional a una empresa? (¿acaso la condición de argentinos nativos o por opción de sus accionistas mayoritarios? ¿sería eso suficiente? ¿en qué medida existe en nuestro país, fuera de la clase trabajadora, una clase social cuyo destino esté indisolublemente ligado al destino nacional?), nunca podrá existir una empresa comercial que satisfaga las necesidades de alta inversión y baja rentabilidad que requieren las empresas de servicios públicos. Es que su propósito no es el lucro –razonable leit motiv de todo emprendimiento comercial– sino el servicio.

¿Vale la pena mencionar la cantidad de años perdidos al cuete, sin encarar –sino tardía y muy débilmente– la reconstrucción del sistema ferroviario, indispensable desde el punto de vista económico y social y tan redituable simbólica y políticamente?

Junto a estas enormidades (pudiéndose enumerar muchas más) la deficiente política de medios, el alquiler de empresarios y periodistas mercenarios y el desprecio y ninguneo a lo propio y lo alternativo, es poca cosa. O sería, acaso y si se permite la ironía, uno de los rasgos más “peronistas” de los gobiernos de Néstor y Cristina.

Sin embargo, nada de esto, ni siquiera la ausencia de una política y una estrategia energética, agropecuaria y minera, el desinterés por el conservacionismo y la sustentabilidad productiva (de las que, como para repartir en forma un cacho más equilibrada, ni Alberto Fernández, ni Daniel Arroyo, Sergio Massa, Florencio Randazzo ni, muchísimo menos, el secretario de Agricultura de Carlos Menem que fue Felipe Solá, pueden hacerse los distraídos), nada de esto quita mérito a los tres mejores gobiernos que tuvo el país de 1955 a esta parte, fuera del brevísimo y  frustrado intento de recreación peronista 73-75.

En su medida y armoniosamente

No es cuestión de quitar mérito pero tampoco exagerar en las críticas, especialmente cuando están fuera de momento y de lugar: la crítica debe hacerse mientras sea tiempo de corregir el error o cuando es útil para reflexionar sobre los fundamentos y las estrategias del movimiento nacional. Por ejemplo, carece de la menor utilidad criticar el ciego empecinamiento con que Perón porfió en su disputa con la Iglesia, convencido de tener la razón –que la tenía, como la había tenido Roca– sin advertir que esa porfía le sería fatal. O enumerar la cantidad de errores políticos que cometió, que los cometió a bocha, en especial durante su segundo período de gobierno. Similar utilidad y pertinencia tiene hoy hacerle la autocrítica a los gobiernos de CFK.

Es igualmente descabellado adjudicarle a la preocupación por sancionar la ley de matrimonio igualitario el supuesto o real olvido, desatención o demora en resolver los problemas sociales. ¿Creerá alguien que ese “kirchnerismo” que, al tiempo de no expresar a todo el peronismo, a la vez lo excede, habría sido posible sin cierta relativa preocupación gubernamental por los llamados “derechos de tercera generación”? ¿Y por qué pensar que los derechos de tercera generación son contradictorios con los de segunda, y los de segunda generación con los de primera?

Es imprescindible devanarse los sesos para que la libertad individual no sea antagónica con la justicia social, ni los derechos sociales contradictorios con la libertad de casarse con el conocido del vestuario o la compañerita de banco del colegio de monjas. Es que así como los derechos humanos proclamados por las revoluciones norteamericana y francesa resultan de realización incompleta si no son acompañados de los derechos de segunda generación sancionados por el constitucionalismo social, los derechos sociales son también incompletos sin los derechos de tercera generación, como el derecho a la identidad cultural, a la paz, a la información, a gozar de un medio ambiente sano o a hacer del propio culo un ramillete de freesias.

Esas no son “veleidades progresistas” sino legítimas expectativas y necesidades de la sociedad contemporánea.

Anacronismos

Por otra parte ¿qué hay de malo hoy con los “progresistas”? Quienes en nombre del peronismo insisten en pelearse con el progresismo atrasan tanto o más que los funcionarios gubernamentales que se pelean o fingen pelearse con indios y anarquistas.

Fue gracias al benemérito general Onganía que progresistas, izquierdistas, radicales y peronistas quedamos igualados según el más bajo denominador posible, el de Personal Civil
Bajo Sospecha. Y fue entonces, gracias no sólo a Hernández Arregui, Jauretche, Ramos o Puiggros, sino también –y fundamentalmente– al propio Onganía, que comenzó la llamada “nacionalización de las clases medias”: de un día para el otro, todos quedaron tan sin derechos como los peronistas lo habíamos estado desde diez años antes.

Fuera de que es necesario comprender que así como el "progresismo" de 60 años atrás celebró a la Revolución Libertadora y una parte significativa del “progresismo” actual acompañó, aun en sus más difíciles momentos, a estos gobiernos peronistas que, por uso y costumbre (y añadido de nuevos sujetos políticos y sociales) devinieron en “kirchneristas”, también hay que entender que ahora por obra de Cambiemos y esos seres bestiales que actualmente ocupan las más altas responsabilidades de gobierno, progresistas, peronistas, peronistas kirchneristas, kirchneristas, radicales alfonsinistas, socialistas de amplia gama, trotskistas, nacionalistas, sindicalistas, transexuales, gays, lesbianas, villeros, científicos, filósofos y hasta indios y anarquistas, volvimos a quedar igualados según el más bajo denominador posible.

Es entonces el momento de “nacionalizar”, no de discriminar. Y aunque algunos tontos y ciertamente excéntricos se empeñen en el perturbadora costumbre de buscarle el pelo al huevo de Hugo Moyano (hay que reconocer que sobre gustos no hay nada escrito) y el trotskismo activo y orgánico no pierda oportunidad de ensañarse con nosotros, hay que comprender que ya se les pasará, o se irán pasando ellos, por insistir en el anacronismo porque ¿qué de "progresista" o "revolucionario" tiene cuestionar a quien fuera un gran dirigente sindical justamente en el momento en que ha decidido recuperar lo mejor de su historia personal y ponerse al frente de la protesta social? ¿O qué de novedoso tiene criticar a un gobierno que ya no gobierna? ¿A quién se puede conmover o convencer con tácticas tan tontas y discursos tan ñoños?

Sindicatos y movimiento obrero

Se dirá que así como el trotskismo sólo se ocupa de denostar al peronismo (y particularmente a los gobiernos kirchneristas, con lo que parece mostrar más perspicacia que muchos neo-ortodoxos del peronismo), el progresismo –y por su influencia, el propio “kirchnerismo”– incubaría un prejuicio cerril contra el movimiento obrero.

Es posible que así haya sido, pero también sería de gran utilidad que alguien pudiera explicar en forma satisfactoria qué es hoy el movimiento obrero. ¿Es acaso el movimiento obrero ese conjunto heterogéneo de sindicatos desagrupados en cinco, seis, o las que se vayan presentando, “centrales” sindicales? ¿Y no es una incoherencia hablar de cinco centrales?

Como sea, pasando por alto que la existencia de un movimiento obrero, además de la unidad supone la simultánea existencia de un proyecto de poder propio o asumido como propio, convengamos que, ya sea por influencia del prejuicio “progresista” o reaccionario del elenco gobernante, por fallas de implementación, cerrazón mental o acaso soberbia, la política gubernamental hacia el sindicalismo, al menos durante el último gobierno de CFK, fue en líneas generales errónea, siempre distante y en ocasiones, catastrófica.

Pero ¿no hubo en este cortocircuito ninguna responsabilidad sindical? ¿Acaso el cortocircuito se produjo con todas las organizaciones gremiales de la misma manera?

Pero más importante que eso, porque trasciende la coyuntura y los cortocircuitos del último período de Cristina Kirchner, ¿estuvieron los sindicatos a la altura de las circunstancias durante, antes y después de las administraciones “kirchneristas”? ¿Se mostraron atentos los dirigentes sindicales al cada vez más creciente número de trabajadores precarizados, desempleados y jubilados dejados a la buena de Dios? ¿Es la Ctep un invento de cuatro politiqueros y vivillos? ¿Es acaso el mejor destino, la más adecuada organización, la más promisoria perspectiva de los trabajadores precarizados y desempleados? ¿No será, en cambio, la única opción que encontraron esos trabajadores para suplir la ausencia, la defección de un pseudo movimiento obrero más preocupado por proteger sus organizaciones que por defender a los trabajadores? ¿Tuvieron políticas, tuvieron propuestas, tuvieron verdadero proyecto de poder esos desorganizados conjuntos de sindicatos?

Ya que tan de moda está hacerle la autocrítica a todo el mundo ¿no tienen nada que criticarse los dirigentes sindicales? ¿Lo han hecho todo tan impecablemente? ¿Cómo es que demoraron más de treinta años en descubrir la existencia de un número cada vez mayor, una verdadera fábrica de trabajadores desempleados, marginados de la sociedad, carentes de futuro y privados de los más elementales derechos, como no fueran los pocos que mal o bien fue otorgando (o cediendo, dicho sea para tranquilidad del Partido Obrero) ese gobierno inficionado de prejuicios “progresistas”? ¿Y cómo es que habiéndolos descubierto, aunque fuera con demora –porque nunca es tarde cuando la dicha es buena–, no atinaron los sindicatos a organizarlos y protegerlos? ¿Por qué esos desempleados, precarizados y marginados tuvieron que organizarse a sí mismos o ser organizados por agrupaciones de origen político atentas al drama social o vueltas “organizaciones sociales”? ¿Sólo los últimos gobiernos de orientación popular son responsables de esta omisión? ¿Los sindicatos existen únicamente para cobrar la cuota, organizar servicios de turismo y administrar obras sociales?

Quienes hacen una defensa cerrada de la dirigencia sindical por el mero hecho de ser dirigencia sindical, así como los que la atacan por el mismo motivo ¿tienen la más remota idea de qué piensan al respecto los jóvenes dirigentes y delegados y aun buena parte de los viejos militantes y dirigentes sindicales?

En la mayoría de los sindicatos, muy especialmente entre los jóvenes dirigentes y activistas, existe verdadera consciencia de la necesidad de reformular la doctrina, la práctica y la naturaleza de las organizaciones gremiales, en la convicción de que no es tan imperioso defender al sindicato tal cual es, sino que lo que merece y justifica la más firme defensa es el modelo sindical. Es necesario transformar la práctica y la organización gremial para que sirva más cabal y eficazmente al modelo de sindicato único –o más representativo– por rama de actividad, que es justamente lo que está en riesgo y resulta más atacado por ser el instrumento más eficaz para la defensa de los trabajadores.

Respecto a la confusión –por ignorancia o mala leche– que reina sobre la verdadera naturaleza de ese modelo sindical ¿no tienen los propios sindicatos una enorme responsabilidad? ¿Se han propuesto explicarlo no sólo a los “progresistas” animados de prejuicios antisindicales, sino al conjunto de la sociedad y aun a los propios afiliados?

Desde luego que no, de la misma manera que gran parte de esos subconjuntos sindicales parecen no tener nada que decir ni responsabilidad alguna sobre, para no abundar, nuestro deficiente sistema nacional de salud, la ruina de los hospitales públicos, la creciente privatización de la educación, la actual zozobra económica de las universidades del conurbano cuya "cleintela" se recluta mayormente en la clase trabajadora, los planes y criterios en la construcción de viviendas, la creación de empleos, el fomento de cooperativas de trabajo o el amparo político, orgánico, económico e ideológico a las empresas recuperadas.

Puede asegurarse que en base a una mirada sesgada, a tanto equívoco, no es posible hablar ni reflexionar y ni mucho menos actuar con un mínimo de seriedad.

El peronista Leandro Santoro

Y Balmaceda no tiene nada que ver, porque nada ha dicho de estos temas, pero la culpa es suya, porque alguien tiene que ser el culpable de todo. Y sí lo es de algunos despropósitos, porque hay algo mal en su razonamiento cuando en tren de propugnar el abrazo, la consustanciación o transmigración del kirchnerismo en el peronismo, cae en la desmesura de calificar de peronista –¡peronista!– a Leandro Santoro, un alfonsinista casi de manual, de indudable identidad radical, que moriría de un síncope cardíaco de descubrir que Balmaceda lo considera peronista.

Y es aquí donde uno se pregunta ¿es que es acaso indispensable ser peronista? ¿Dónde entran los que no lo son y comparten los mismos ideales de emancipación nacional y justicia e igualdad social? ¿Surgirá de la unidad básica Moisés Lebenshon la línea interna peronista Crisólogo Larralde encabezada por el dirigente peronista Leandro Santoro?

En efecto, existe una tradición nacional y popular no peronista, en algunos casos previa, en otros simultánea y en no pocas oportunidades, enfrentada al peronismo, que el peronismo no atinó o no pudo terminar de asumir como parte inseparable de su propia tradición. Es que esta operación supondría alterar no sólo aquella tradición sino también la tradición y la naturaleza misma del peronismo (seguramente es eso lo que Balmaceda llama “abrazar dialécticamente”), cuyo acto fundacional consistió en incorporar como propia la tradición sindical socialista y anarcosindicalista y, a la vez, la tradición industrialista y nacionalista de lo mejor del ejército.

Ese peronismo que hoy se invoca, ya como palabra mágica, ya como fenómeno inmutable y cristalizado, tuvo a lo largo de su historia y desde el primer instante de su existencia, una enorme creatividad, una intrepidez casi irresponsable y una voracidad y capacidad de asimilación y, consecuentemente, de autotransformación, que resultan sorprendentes. ¿Está hoy el peronismo realmente existente a la altura de su propia historia? ¿Ha sido capaz de incorporar como propias al menos alguna de esas tradiciones paralelas a la suya?

Hubo algunos tibios, imperfectos intentos... pero por parte de ese kirchnerismo al que se le firma tan tranquilamente el certificado de defunción. No otra cosa fue la deificación en vida de Raúl Alfonsín, la invención de Unidad Ciudadana o la incorporación en papeles estelares de los peronistas Leopoldo Moreau y Leandro Santoro.

El instituto Patria no son los padres pero, por lo que se ve, Balmaceda tiene razón, porque tampoco es un faro irradiador de verdades sino apenas una suerte de centro cultural, oficina política de la ex presidenta y algunos de sus antiguos colaboradores, apto para presentaciones de libros y espacio de conferencias, en cuyas inmediaciones las fans suelen acechar la llegada
de CFK con la misma unción de quien aguarda en la entrada de un recital la aparición de Charly García. Y es verdad que ese kirchnerismo, explica Balmaceda, ya no tiene vigencia ni grandes perspectivas de futuro, pero esto no implica suponer que las tenga el peronismo, este peronismo, por el solo hecho de serlo.

El 44,3% de los argentinos de hoy tiene entre 15 y 44 años. Los más viejos de entre ellos tenían 20 años entre 1994 y el 2000. ¿Qué puede significar el peronismo para la mayoría de estos muchachos ¿Cuál fue el peronismo que conocieron? ¿El de Carlos Saúl ? ¿el de Eduardo Duhalde? ¿el de Jabón de Bidé? ¿el de Néstor? ¿el de Bossio? ¿o acaso el de Das Neves o Cristina? ¿Qué puede significar un peronismo no kirchnerista para estos compatriotas? ¿El discurso profundamente reaccionario y pronorteamericano de Sergio Massa? ¿Las nostalgias cafierista o las setentistas? ¿Puede conmover a alguien, más que a un grupo de militantes y activistas, el mensaje básicamente internista de Florencio Randazzo, a veces tan a medio camino entre el antipersonalismo de Vicente Gallo y el neoperonismo con pantalones largos del doctor Matera? ¿La pose políticamente correcta, por no decir lobotomizada, de los Abal Medina? ¿Las clases propias de Trabajo Social de Daniel Arroyo? ¿La cómoda inanidad de Felipe Solá, tan propenso a hacerse el boludo, ahora a título personal? ¿Alcanza con decir que algo o alguien es peronista para despertar el entusiasmo de quienes no activan, de quienes no forman parte, de los simples compatriotas a veces votantes y otras no?

Batallas perdidas

Al referirnos a la franja etaria que va de los 15 a los 44 años estamos hablando de dos generaciones, con sus propios lenguajes, valores y “tradiciones”. ¿Es razonable intentar meterlas a martillazos dentro de un corsé previamente construido –adaptar el pie al zapato, se escandalizaría Mao– o resulta preferible  centrarse en su “nacionalización” y “sensibilización social”?

De eso se trataría la dichosa batalla cultural con la que tantos se llenaron la boca en los últimos años y creyendo patear al arco se terminó mandando la pelota a la cabina de transmisión. Para unos podía ser una disputa de sentidos, para otros, cuestión de revisionismos históricos, asuntos a los que se dedicaron decenas de stand ups militantes, cientos de conferencias, miles de sesudas páginas en libros y revistas y muchos más minutos radiales y televisivos... mientras se nos colaba un elefante de contrabando.

No se trata de una disputa de sentidos –excepto que hablemos del “sentido común”– ni de
interpretación histórica o política, sino de un debate, de una “batalla” si se quiere, en torno a los valores morales sobre los que se funda una sociedad y las vidas de las personas, individual y colectivamente tomadas. Más que citar y recitar a Jauretche, Fermín Chávez, Hernández Arregui, Fidel Castro o Juan Domingo Perón, se trataría de construir una sociedad basada, por ejemplo y como para no ir muy lejos, en las Bienaventuranzas, porque es imprescindible anunciar a los que tienen hambre y sed de justicia que serán saciados, los pobres en el espíritu y a los perseguidos por causa de la justicia que recibirán el reino de los cielos, a los mansos que heredarán la tierra, a los que lloran que serán consolados, a los que trabajan por la paz que serán llamados hijos de Dios y a todos, sin excepción, que antes pasará un camello por el ojo de una aguja que entrará un rico en el reino del Señor. Porque sí, porque el pobre, el débil, el tullido, el enfermo, el tonto, el viejo, el niño merecen ser protegidos. Pero ¿por qué? Simplemente porque no concebimos a los hombres como factores de ninguna ecuación económica sino como sujetos de derecho cuya libertad y dignidad deben ser preservadas, y porque esa y no otra es una sociedad que merece y puede ser vivida.

Pero al momento de preguntarnos si no tenemos nada que anunciar al pueblo fuera de una reunión de dirigentes en busca de una supuesta unidad, de nuevo estará aquí el riesgo de reducir todo a la cita y el recitado, ahora del papa Francisco.

Tiene razón Balmaceda: “los militantes no necesitan mantras sino doctrina”, a condición de que no se entienda como doctrina a la cita y al recitado. Lo que el militante (y en mayor medida, el dirigente) realmente necesita es la reflexión, el ejercicio del razonamiento inductivo, el que va de lo particular a lo general, de la experiencia a la generalización y no de la teoría o la doctrina a la realidad. Jamás el mantra, pero tampoco el eslogan o la receta.

Tal vez la principal falta del período kirchnerista no haya sido el sobrechamuyo sino la ausencia de razonamiento inductivo, la creencia, real o fingida en algunos mitos que carecen de fundamento, desde la existencia de un capitalismo razonable, de “rostro humano”, o de algo todavía más incierto como la inevitabilidad de que una burguesía “argentina” devenga en “nacional” y, mucho más inconcebible aun, la creencia de estar gobernando Francia y no una semicolonia que necesita urgentemente construir su propio sistema institucional, una institucionalidad al servicio de la liberación y de la justicia social y no al servicio del sometimiento y la desigualdad.

Ha sido una falta seria, pero no exclusiva de las esferas gubernamentales ni tampoco del “kirchnerismo”. Por ejemplo, no se observa esta discusión, esta necesaria reflexión en ninguna de las demás expresiones del supuesto o real peronismo, incluida la de Leandro Santoro.

Y ya que de Francisco hablamos antes, no se observa reflexión alguna que acerque a la realidad efectiva las advertencias y recomendaciones de la Encíclica Laudato Si, a la que, por esas convenciones de uso, se presta más atención (apenas un poquito más) que a las viejas y siempre denostadas advertencias de Jorge Rulli, que tan imprescindibles resultan en momentos en que la “civilización” arrastra al planeta entero hacia la autodestrucción. Que se sepa, no ha surgido nada semejante de las reuniones de unificación de este peronismo incompleto de la que tan mágicos resultados se espera, sin que decir esto suponga restarle importancia o necesidad a dichas reuniones, aunque más no sea para detener la acción destructiva de Cambiemos, su empecinamiento en acabar, a toda velocidad, con lo poco de Argentina que a lo largo de doce años de kirchnerismo –vale decir, de peronismo realmente existente– se había podido reconstruir.

Audacia

Si tomáramos las elecciones legislativas de 2017 en provincia de Buenos Aires como un
modesto banco de pruebas, además de comprobar que la división no parece dar los resultados deseados, y en el hipotético caso de que Sergio Massa, Margarita Stolbizer y la totalidad de sus votantes pudieran considerarse algo semejante a peronistas, tendríamos que ese supuesto peronismo o panperonismo surrealista habría cosechado 4.848.743 votos, de los cuales 3.348.210 pertenecerían a una Unidad Ciudadana representada centralmente por Cristina Fernández de Kirchner. Esto es, el 69, 05% del total de votos “peronistas”.

¿No resulta un tanto aventurado, por no decir atrevido, determinar la desaparición de ese kirchnerismo que obtuvo el 70% de los votos cosechados por un peronismo que incluye a Margarita Stolbitzer y el ex alcalde Rufolf Giuliani traducido por la Embajada para uso y beneficio de Sergio Massa?

En todo caso, podríamos convenir en la peligrosidad de firmar el certificado de defunción de quien está dormido o, a lo sumo, groggy. Pudiera ocurrir que algo tan previsible y natural como que el groggy se espabile o el dormido despierte, fuera tomado como un milagroso anuncio de resurrección y vida eterna.

No parecería ser ese el mejor camino hacia una reflexión profunda y una autocrítica creativa y sincera.

Pero ya se sabe, todo –incluida la extensión de este escrito –  es culpa de Balmaceda.

Fuente: Pájaro Rojo

DECIMO ANIVERSARIO DE LA PRESENTACION DE LA UNICA QUERELLA EN EL MUNDO CONTRA LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO

Los primeros querellantes: Inés García Holgado y Darío Rivas junto a Nora Cortiñas, titular de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundador...