Después del anuncio de cierre de ocho
instituciones, isleños y docentes denuncian un atropello
Denuncian que casi cien alumnos quedarán sin
escuela por lo que deberán viajar varias horas en lancha para no perder la escolaridad.
La provincia no presentó ninguna resolución firmada.
La protesta se realizó en la puerta de la
Dirección Provincial de Islas, en San Fernando.
Familiares, gremialistas y docentes de las ocho
escuelas del Delta que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cerrará
antes del inicio de clases se movilizaron ayer desde la estación fluvial de
Tigre a la Dirección Provincial de Islas para acompañar a los directivos de los
establecimientos que se reunieron con las inspectoras regionales. La medida
afectará a más de 80 chicos, que, en muchos casos, deberán viajar dos horas en
lancha para llegar a sus nuevas escuelas. En diálogo con PáginaI12, las
directoras de las escuelas 18 y 19 denunciaron que la provincia no presentó
ninguna resolución firmada, reclamaron la presencia de funcionarios del
gobierno de María Eugenia Vidal para darles explicaciones y rechazaron el
cierre de las escuelas por considerarlo “un atropello a los derechos de los
chicos y las familias isleñas”. Los concejales de Unidad Ciudadana y del Frente
Renovador convocaron para hoy a una sesión extraordinaria en el concejo
deliberante de San Fernando en el que presentarán un proyecto para detener el
cierre de las escuelas.
“Optimización de recursos”, fue el argumento que
esgrimieron las autoridades del gobierno para justificar el cierre de las ocho
escuelas en la reunión de ayer, según contaron a este diario Analía Marcos,
directora de la EP 18, y Roxana Accino, directora de la EP 19. Ambas recordaron
que en diciembre del año pasado funcionarios del gobierno provincial
recorrieron las escuelas del Delta, hablaron con los docentes, revisaron el
estado de los edificios y prometieron mejoras para el ciclo lectivo de 2018. El
viernes, la Dirección de Inspección General, que integra la Dirección de
Cultura y Educación de la provincia, publicó un comunicado que indicaba que
“considerando los relevamientos presentados por las respectivas Jefaturas
durante el año 2017 de la Evaluación Diagnóstica Institucional y Situacional de
los Servicios Educativos, informes presentados siempre con una mirada en
términos de calidad educativa y garantizando la continuidad pedagógica se
procede a la clausura temporaria y a la nueva reorganización”. Debajo figuraba
el listado con las escuelas 919, 920, el Jirimm 1 y las escuelas primarias
número 13, 18, 19 y 25.
Marcos señaló que en la reunión de ayer con la
Inspectora Jefe Regional de San Fernando Elsa Luna y con la Inspectora
Distrital Clarisa Cea, “nunca nos explicaron qué significaba el ‘temporario’
del comunicado, ni nos dieron respuestas certeras sobre quién había ordenado el
cierre. Tampoco nos presentaron ninguna resolución firmada por algún
funcionario provincial. Nos aseguran que van a cerrar las escuelas, pero nadie
se quiere hacer cargo y poner la firma”. Accino, en tanto, coincidió en que el
gobierno provincial procedió “totalmente fuera de la norma, violando leyes y
sin respetar ningún protocolo”, y consideró que “dicen que es una clausura
‘momentánea’ para no decir que están haciendo un recorte en la educación
pública”.
Las directoras, en conjunto con docentes,
representantes gremiales y familiares de los chicos afectados por el cierre de
las escuelas, le entregaron a las inspectoras un acta, “para que la eleven a
las autoridades de la provincia, ya que ellos no se hicieron presentes”,
explicó Marcos. “En el acta dejamos en claro que se trata de una medida
totalmente arbitraria, sin consulta a las familias o a los docentes; que se
están violando los derechos de los ñiños, que los va a afectar seriamente en su
proceso educativo; pedimos que se convoque a una reunión con las familias y
dejamos en claro que están violando la normativa de la región, que establece
que cada chico tiene que ir a la escuela en el arroyo en el que vive”, detalló
la directora.
Accino, por su parte, indicó que ante la postura
de las inspectoras de apoyar el cierre de las escuelas, también pidieron su
renuncia, “ya que ellas son cómplices de la vulneración de los derechos de los
chicos”. Finalizada la reunión, las inspectoras se comprometieron a “elevar el
acta a La Plata”, según recordó Marcos, aunque destacó que no les precisaron a
qué organismo iban a elevar el documento. “Ahora estamos a la espera de una
respuesta formal del gobierno de la provincia. Alguien se tiene que hacer cargo
de la medida”, añadió.
La directora de la EP 18 contó que miembros del
gobierno de la provincia elaboraron un mapa con los supuestos nuevos trayectos
que van a tener que hacer los alumnos y alumnas, que muestra “el
desconocimiento total de la zona por parte de los funcionarios” (ver aparte).
“Los 16 chicos que van a mi escuela van a tener que viajar más de dos horas
para llegar al nuevo colegio. Es imposible que con tanto viaje vayan a rendir
mejor académicamente porque van a gastar todas las energías viajando”, explicó.
“Es una violación a los derechos de los chicos y de las familias”, agregó.
Accino sostuvo que en el caso de su escuela la
situación es la misma. “Por ejemplo, hay una nena de 3 años que tarda 20
minutos en llegar a la escuela, pero ahora va a tener que viajar más de dos
horas”, indicó. La directora apuntó que “cuando cierren las escuelas los
arroyos se van a quedar sin actividad porque no va a pasar más las lanchas. Es
un atropello contra toda la comunidad isleña”.
Fuente: Página 12
